Durante las manifestaciones del 21 de noviembre del 2020, la PNC utilizó más de 300 bombas lacrimógenas para dispersar a las personas que protestaban. Foto Redes Sociales

El 26 de noviembre, con la justificación de existir una orden de aprehensión, sorpresivamente se presentaron ante el Juez Sexto de Primera Instancia Penal cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), sindicados en delitos cometidos durante las manifestaciones del 21N y 28N del 2020, por falso testimonio y abuso de autoridad.

Usuarios en redes sociales criticaron el suceso, e incluso especularon si se trató de un acto planeado o consecuencia de la presión social ciudadana, luego de haberse capturado a dos ciudadanos, sindicados de daños al patrimonio, pero no informarse de ninguna acción contra los responsables de haber incendiado parte del Congreso de la República un año antes.

Los agentes que se presentaron ante un juez ese día fueron: Jennifer Yessenia Popa Morales y Carla Xum, sindicadas de posible delito de simulación de delito; Cristian Armando Alvarado Pichillá, Emilsa Ileana Osorio Reyes y Esdras Aroldo Chex Catú, por abuso de autoridad.


¿UN ACTO PLANEADO?

Sin mayores detalles, el Ministerio Público (MP) indicó en un comunicado que los agentes se presentaron luego de las diligencias desarrolladas por la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas relacionadas con las manifestaciones del 21 y 28 de noviembre de 2020.

Seguidamente, inició la audiencia de primera declaración sin mayor atención mediática. El martes 30 de noviembre continuará la audiencia en el Juzgado Sexto Penal ubicado en la Torre de Tribunales.

Luego del anuncio y la cobertura de algunos medios, ciudadanos cuestionaron si las “entregas” pudieron ser planeadas, o bien, advertidas con anterioridad a los sindicados.

“Ah ve pues, que buena onda solitos se fueron a entregar algo cocinado tienen el MP y la PNC, pero queremos también que se juzgue a Gendri Reyes como responsable de Gobernación, no es suficiente con los agentes”, dijo Luis Vel Tercero, seguido de los hashtags #RenunciaGendri y #RenunciaGiammattei.

“Casualidad… Es para callar al pueblo por la captura de los que implican (sin pruebas) por las pintas al chiquero de la novena avenida…”, señaló @pintor229.

Daniel Wer, Director Ejecutivo del Instituto 25A, con una interrogante breve cuestionó: “¿A qué están jugando Consuelo Porras y Gendri Reyes con el 21N?”

Otros como el usuario @kingmarvinmond indicaron: “un tamal ya hecho, así que chiste”. Mientras que Gio León, comentó: “no sería extraño que les hayan pagado, para que así no lleguen a los peces gordos. Una sentencia suave, y con ello inflarán el pecho”.
Por otro lado, el usuario @Rexromerox planteó que la entrega fue consecuencia de la presión social ante los hechos del #21N. “Lo que pasa es que, por la presión popular, seguramente se iban a dar capturas y como saben todo, entonces les avisaron los soplones y por eso se presentaron”, sugirió.

 

TRATO DESIGUAL

Otra facción de internautas se enfocó en el trato que se le dio al caso de los agentes en comparación a las capturas de Francisco Monroy y Nanci Sinto, sindicados del delito de Depreciación de Bienes Culturales.

“Porque a estos agentes si los citaron y a los otros emitieron órdenes de aprehensión, no eran criminales, hubieran podido llegar también”, dijo Wilmer Mcz. Desde otro punto de vista, Haroldo Esteban temió que los delitos quedaran impunes. “Si MP no presenta pruebas, aunque existen muchas, quedarán impunes estos delincuentes PNC”, agregó al debate.

La abogada Stephanie Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), coincidió en estos aspectos. La profesional opinó que no ha habido un proceso contra los agentes que compruebe la igualdad en la justicia guatemalteca tanto para civiles como funcionarios.

“A mí me parece terrible el caso de la criminalización de Nanci Sinto y el gran operativo que monta el Ministerio Público, sin fundamento alguno, cuando el 21 de noviembre del año pasado sugirieron hechos mucho más graves como la PNC que utilizó un uso desmedido de la fuerza o heridos y la brutalidad policial en contra de manifestantes pacíficos”, razonó.

Además, comentó que, a su parecer, la Fiscalía General ha ejercido de manera inadecuada el derecho penal. “Ahora sabiendo que hay policías que no recibieron orden de captura como lo hicieron con estas personas que estaban manifestando de forma pacífica, me parece que hay un uso inadecuado del derecho penal por parte del Ministerio Público”, destacó.

NO SE HA TRATADO EL TRASFONDO DEL CASO

Por otro lado, la abogada puntualizó que, casi un año después de los sucesos, aún no se ha determinado quién o quiénes provocaron el incendio en el Congreso de la República. “Va más del año de la quema de una institución y no se ha dilucidado nada; está estancada esa investigación”, comentó.

 

También analizó que la investigación se ha inclinado más contra los manifestantes que los funcionarios involucrados. “Capturaron de forma violenta a personas que no presentan un peligro para la sociedad porque al final es un delito no grave el que se les imputa; pero, en el caso de los policías, el MP pareciera que es un brazo del Ejecutivo porque vemos que actúan rápidamente contra la población, pero en este caso se ha estancado”, declaró.

Esta dualidad fue catalogada por la abogada como criminalización. “No hubo un proceso para decir que a todos se les va a tratar por igual; nunca se va a comparar la pinta del Congreso contra la brutalidad y la fuerza contra la población. Es un terrible manejo del caso y parece que el Ministerio Público es un instrumento más del Pacto de Corruptos para criminalizar a las personas”, afirmó.

Jeanelly Vásquez
Estudiante de periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala y entre ratos podcaster. Creo en el feminismo y la lucha por la igualdad social; me interesa la política, medio ambiente y derechos humanos. Estoy comprometida con concienciar a mi generación sobre la importancia de una participación ciudadana activa.
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