Cortes, escuchas, obras, prevaricato y defraudación al IGSS, los últimos casos de CICIG

POR REDACCIÓN LA HORA*
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A pocos días de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) abandone el país, la entidad internacional informó que entregó al Ministerio Público (MP) varias denuncias que abarcan la elección de magistrados para las altas Cortes en el 2014, escuchas telefónicas ilegales, obras en la Universidad de San Carlos que nunca se realizaron, en la que se señala al exrector Estuardo Gálvez y al actual rector, Murphy Paiz así como una denuncia por prevaricato contra el juez Víctor Cruz.

En un comunicado de prensa, la CICIG detalló algunas de las investigaciones que entregó al MP el pasado 23 de agosto, en el marco del cierre del proceso de la Comisión.

COMISIONES PARALELAS 2

El primer caso se identifica como Comisiones Paralelas II, en la que se describen hechos de corrupción relacionados a la elección de magistrados de la actual CSJ.

Según la CICIG, existen indicios que en esta elección hubo negociaciones que podrían encuadrar en los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita.

Según la información, en esas negociaciones habrían participado Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, Roxana Baldetti y Gustavo Herrera.

Eso indica que los magistrados fueron electos por el Partido Patriota (PP) y Lider, los cuales se repartieron su elección entre los partidos Lider y PP. “Este hecho debe motivar una amplia investigación por parte del MP y llamar la atención sobre el proceso que actualmente se realiza para la selección de magistrados de la Corte Suprema y de Apelaciones” señaló la CICIG.

ESPIONAJE Y ESCUCHAS TELÉFONICAS EN TIGO

La segunda denuncia se trata de Espionaje y Escuchas Telefónicas Ilegales de TIGO, en el cual se encuentra involucrado el actual ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, cuando fungía como director ejecutivo de dicha empresa. Este caso se encuentra en su fase de investigación y fue a raíz por el caso TIGO en el secuestro de la documentación realizada en el allanamiento a la casa de Valladares Urruela.

Según la CICIG entre las personas a la que les hizo espionaje y escuchas telefónicas están miembros del Movimiento Semilla, Maria Fernanda Torriello Molina, su esposa, Niels Erichsen Vargas, a quien le tenían un esquema de llamadas para conocer con quien hablaba, entre ellos varios empresarios y personajes de la política. Asimismo se espiaba a Niklos Nagy Deak, un presunto narcotraficante.

De acuerdo con la CICIG, por los indicios descritos, Valladares Urruela se aprovechó de su alto cargo dentro de la empresa para tener acceso a información sensible de políticos de oposición y particulares vinculados al ámbito empresarial.

Para lograr las interceptaciones ilegales, el señor Valladares Urruela se valía aparentemente de la infraestructura humana y técnica de la empresa TIGO, señala la investigación.

CORRUPCIÓN EN LA USAC

En el primer caso, se señala de hechos de corrupción al exrector Carlos Estuardo Gálvez, quien fungió en ese cargo en los periodos 2006-2010 y 210-2014 en los que se identificaron al menos 5 proyectos con anomalías. Según la investigación, Gálvez gestionó ante el Consejo Superior Universitario, la realización de varios proyectos de obra gris.

Según la CICIG se pudo determinar que se adjudicaron los proyectos a empresas con la oferta menos favorable, se presume sobrevaloraciones del costo de obras, ejecución parcial y/o proyectos no terminados y modificaciones en los contratos administrativos.

La entidad solicita que se investigue la responsabilidad penal y participación que pudiera llegar a tener el exrector Gálvez en los hechos así como las responsabilidades de las juntas de licitación.

OTRA DENUNCIA VINCULA A MURPHY PAÍZ

Otra de las denuncias relacionadas a corrupción en la USAC se menciona al actual rector de la Universidad, Murphy Paiz, en su periodo como decano de la facultad de Ingeniería de la USAC. Según la investigación el entonces decano en los dos periodos consecutivos que estuvo al frente de dicha decanatura suscribió 482 contratos. Tras una investigación preliminar se pudo determinar que en el caso de 62 proyectos de obras dentro de la Universidad algunas no fueron construidas, en otras se escogió la obra más alta y un tercer grupo de proyectos no se pudieron ubicar por no ser claros los datos del concurso de adjudicación.

La CICIG solicita que se continúe con la investigación del caso, en los que presuntamente se cometieron los delitos de fraude, malversación y otros que el MP considere procedentes; también piden investigar la responsabilidad penal que pudiera tener el rector en los hechos delictivos, así como los integrantes de las Juntas de Licitación.

PREVARICATO DEL JUEZ VÍCTOR CRUZ

Además la CICIG le presentó al MP toda la documentación para la presentación de un proceso de antejuicio contra el juez Víctor Cruz por los delitos de prevaricato y abuso de autoridad, entre otros delitos, debido a su resolución en el caso TIGO derivado del allanamiento a las instalaciones de dicha empresa.

La empresa presentó un recurso de reposición en noviembre de 2017 en contra del juez de Diligencias Urgentes por haber autorizado el allanamiento de sus oficinas. El 13 de febrero, la juez Noveno no entró a conocer el recurso de reposición argumentando que TIGO no era sujeto procesal.

TIGO presentó un amparo en contra de la decisión de la juez Noveno que fue conocida por la Sala Tercera de Apelaciones, que en un fallo del 22 de junio de 2018 otorgó el amparo al considerar que la Juez Noveno debía entrar a conocer los recursos de oposición, dejando sin efecto la resolución del 13 de febrero y ordenando a la juez dictar una nueva resolución.

El MP apeló esta decisión pero la CC confirmó el amparo indicando que Tigo tenía derecho a promover el recurso de reposición, ya que tenía un interés en el asunto que le permitía recurrir un acto jurisdiccional que le afectó de manera directa. “La orden de la Sala Tercera del 22 de junio, confirmada por la CC, fue debidamente cumplida por la juez noveno cuando emitió su resolución del 17 de diciembre de 2018, cuando entró a conocer los recursos de reposición y los declaró sin lugar”, señaló la CICIG.

No obstante, según la denuncia, insatisfechos con la resolución de la juez, TIGO solicitó la debida ejecución del amparo y la Sala Tercera amplió la interpretación del fallo de la CC al considerar que la empresa podía intervenir en cada uno de los actos procesales del expediente y no únicamente en los actos en los que la empresa se veía afectada directamente.

A raíz de una recusación planteada por TIGO en contra de la juez Noveno, la Sala Segunda decidió “sospechosamente”, según la CICIG, trasladar el expresidente al juez Décimo, alegando sanidad procesal quien habría emitido una resolución arbitraria el 10 de abril de 2019, notificando al MP el 24 de junio, omitiendo deliberadamente indicar la fecha del fallo de la Sala que afirma cumplir, dando a entender que se trata de la orden emitida por la Sala el 22 de junio de 2018, y que había sido debidamente cumplida por la Juez Noveno el 17 de diciembre de 2018.

De acuerdo con la Comisión, el Juez Décimo resolvió sobre un asunto que ya se había concluido.

Este antejuicio se le presentó a la Fiscal General, sin embargo, no fue autorizado por lo que espera que sea presentado por las autoridades.

IMPUNIDAD EN CASO FÉNIX

Otro de los casos en que la CICIG le presentó la documentación a la Fiscal General es el caso Fénix por un desfalco millonario al IGSS, en el que el principal sindicado es Gustavo Herrera. Según la denuncia, los hechos que han conducido a la impunidad de esta estructura criminal se remontan a por lo menos 30 años.

La estructura ha actuado en relación simbiótica con organismos de las tres ramas del poder público, la banca privada, el sector profesional de abogados y notarios y todo un conglomerado de empresas e instituciones.

Esa misma estructura está replicando en 2019 una serie de mecanismos para proveer impunidad a los sindicados en el caso presentado por FECI y CICIG sobre los delitos vinculados al desfalco; las conductas que se denuncian son asociación ilícita, conspiración para cometer lavado de dinero u otros activos, encubrimiento propio, prevaricato, lavado de dinero y obstaculización a la acción penal.

OTRAS DENUNCIAS

Otras denuncias presentadas son en relación a financiamiento electoral ilícito relacionado al partido Lider, fraude en la licitación de líneas y rutas de la ciudad a favor de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), denuncia contra una exfuncionaria de la Contraloría General de Cuentas por el caso Lanquín y corrupción en la municipalidad de Nebaj.

SEÑALA IMPLANTACIÓN DE EVIDENCIAS

El ministro de Economía, Acisclo Valladares, manifestó que le parece un caso típico de la CICIG de implantación de evidencia, coacción y amenazas.

Valladares indicó que por el allanamiento donde supuestamente encuentran este caso presentó una querella penal.

Llama la atención la forma mediática y escandalosa de dirimir los temas que se están discutiendo judicialmente, indicó. Agregó que estos casos se deben dirimir en las instancias correspondientes

“Lo poco que he visto parece que son diagramas propios de una Comisión como CICIG y en su momento puse querella penal por el allanamiento ilegal practicado en mi vivienda y sinceramente no sé de donde pudieron haber sacado un tema así pero niego rotundamente los hechos”.

Valladares dijo que está dispuesto a someterse a la justicia. “Siempre he estado dispuesto con cualquier tema siempre me he sometido a las investigaciones correspondientes y en esta oportunidad será lo mismo”.

Al preguntarle sobre el posible espionaje al partido político Movimiento Semilla, Valladares dijo: “más bien nos estamos querellando por un allanamiento ilegal y plantación de evidencias obviamente”.

La Hora está intentando contactar a las demás personas mencionadas en las distintas denuncias realizadas por la Comisión para obtener su postura.

*Con información de Eder Juárez