Corte Suprema de Justicia designa a pesquisidores en Caso Asalto al Ministerio de Salud

La Corte Suprema de Justicia designó a los jueces pesquisidores que conocerán las solicitudes de retiro de antejuicio que se plantearon en contra de ocho diputados. Foto La Hora

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a los jueces pesquisidores que conocerán las solicitudes de retiro de antejuicio que se plantearon en contra de ocho diputados señalados en el Caso Asalto al Ministerio de Salud, luego que admitiera para su trámite los requerimientos realizados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

De esa forma los magistrados Carlos Rodríguez, Aura Mancilla y Fredin Fernández, integrantes de la Sala Primera de Apelaciones, deberán recomendar, en ese orden, si es procedente que se levante la inmunidad de los diputados Estuardo Galdámez, Aracely Chavarría y Moisés Rodolfo Castañón.

En tanto que los togados Eduardo Galván y Gustavo Dubón de la Sala Segunda de Apelaciones conocerán los requerimientos para que se les quite la inmunidad de los legisladores Luis Alberto Contreras y José Inés Castillo, respectivamente.

La Sala Tercera de Apelaciones, mediante su presidente Jaime González hará las pesquisas del diputado Carlos Nájera, mientras que Beyla Estrada de Brito será la jueza pesquisidora por el antejuicio del parlamentario Humberto Sosa.

Por último, Néctor de León de la Sala Cuarta de Apelaciones hará las diligencias para determinar si es procedente que el diputado Marco Antonio Lemus pierda su derecho de antejuicio.

Asimismo, la CSJ nombró jueza pesquisidora a Zonia de la Paz Santizo de la Sala Tercera de Apelaciones en el antejuicio de la legisladora Mirma Figueroa, pero esto por el Caso Tigo en donde se le señala de recibir sobornos a cambio de la aprobación de determinadas normativas.

PESQUISAS

Las investigaciones preliminares indican que los diputados presuntamente implicados en el Caso Asalto al Ministerio de Salud pudieron estar involucrados en hechos de contrataciones anómalas de personal en esa cartera que incluye el otorgamiento de plazas para el pago de favores, el cobro de un porcentaje por entregar dichos puestos o el beneficio por medio de plazas fantasma.