Los abogados constitucionalistas Gabriel Orellana (a la izquierda) y Rodolfo Rohrmoser (a la derecha) dieron su lectura sobre la integración de la nueva CC. Foto La Hora.

POR ADRIÁN SOTO
asoto@lahora.com.gt

Ayer finalizó el proceso de la integración de los miembros de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ejercerán para el período 2021-2026, que corresponde a la octava magistratura.

Hasta ahora, han quedado electos como magistrados titulares:
• Dina Ochoa
• Gloria Porras
• Néster Vásquez
• Leyla Lemus
• Roberto Molina Barreto

Mientras que, como magistrados suplentes fueron electos:
• Luis Rosales
• Rony López
• Claudia Paniagua
• Walter Jiménez
• Juan José Samayoa.

Sin embargo, cabe la posibilidad que las designaciones del Consejo Superior Universitario (CSU) y el Colegio de Abogados de Guatemala (CANG) sean impugnadas.

Ante la integración de la Corte, La Hora consultó con dos expertos constitucionalistas, quienes enfatizaron que no sería malo que los nuevos magistrados traten de acatar con más seriedad el tema de los plazos que la ley establece y que sus actuaciones sean de manera jurídica y no política, para evitar caer en los intereses de sus electores.

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ORELLANA: NO PUEDEN DESCARTARSE LAS ACCIONES LEGALES

Por el tema de las posibles impugnaciones, el abogado Constitucionalista, Gabriel Orellana indicó que no le extrañaría que llegara alguna acción legal al proceso.

“Lo prudente es no descartar que esa posibilidad existe y esto indudablemente va a plantear otro problema que tiene solución de acuerdo con la ley. Pero esa impugnación por los trámites legales, y la forma cómo se manejan, tendría que ser conocida por los nuevos magistrados, es decir, por los afectados. Esta es una posibilidad que no se puede descartar”, declaró Orellana.

De no ser así, opinó que los magistrados designados podrían cambiar su criterio conservador.

“La mayoría de profesionales le atribuyen a la “nueva Corte” un carácter más conservador, pero esto es prematuro porque puede suceder que alguno de ellos (magistrados designados) tengan ideas que con el tiempo puedan ir cambiando”, señaló.

Por esta razón dijo que la ley señala que ciertas decisiones de la Corte de Constitucionalidad llegan a constituir jurisprudencia obligatoria, por lo que, si en su momento la Corte quiere dar marcha atrás en esas interpretaciones que se calificaban de audaces por la anteriores Cortes, “va a tener que razonar por qué cambia su criterio interpretativo”.

Lo cual, a decir de Orellana, no es una razón fácil, pero hay que tenerla presente como posible escollo que pueda tener una corte que no se puede esperar que llegue de la noche a la mañana a darle vuelta a la jurisprudencia establecida.

“Si lo que se espera es que la Corte opere conservadoramente, no sería malo que los nuevos magistrados traten de acatar con más seriedad el tema de los plazos que la ley establece para ciertas acciones, como por ejemplo para dictar sentencias”, expuso Orellana.

ACTUACIONES JURÍDICAS, NO POLÍTICAS

El expresidente de la Corte de Constitucionalidad en la cuarta magistratura, Rodolfo Rohrmoser, refirió que la “nueva Corte” de actuar de manera jurídica y no política, para evitar caer en los intereses de sus electores.

“Existe gente que ya tiene mucho arraigo político, lo cual es harto peligroso para ese tipo de cargos que son eminentemente independientes. Uno de ellos fue candidato a Vicepresidente de la República y no se puede negar su vinculación con grupos políticos, o sea que no es la mejor designación”, expresó.

Respecto de Gloria Porras, dijo que se sabe que tiene una experiencia muy acentuada, pero que por lo demás, es peligroso opinar y remarcó que, no le queda más que desearles “muy buena suerte” y esperar que resuelvan jurídicamente y no políticamente.

Ayer se completó el proceso de elección de la CC para el periodo 2021-2026. Arte realizado por Esteban Cardona.

Sobre la posibilidad de que haya impugnaciones sobre las designaciones o los procesos que se llevaron a cabo, Rohrmoser agregó que “en años anteriores, a pesar de la ley de amparos de no permitir las impugnaciones sobre los designados por los tres Organismos del Estado, ha habido casos en los que la Corte ha aceptado su competencia y ha aceptado las impugnaciones que haya habido.

Además, mencionó que, la Corte es soberana para interpretar la Constitución, “yo veo muy factible que la Corte haga ahora un análisis serio de las personas que fueron designadas porque algunas tienen procedimientos pendientes, mientras que otros, se dice, que la Fiscal estaría esperando que se termine la investigación o que haya suficientes evidencias de delitos qué pesquisar para impugnar esos nombramientos y pedir al juez lo que sea pertinente en aras de lo que al respecto digan las normas respectivas”, añadió.

En términos generales, el constitucionalista mencionó que la designación hecha en esta octava Corte tiene muchos señalamientos de situaciones muy delicadas, como falta de experiencia constitucional, demasiada “politicidad” notoria, y por ello no es lo ideal que ha habido en otras circunstancias.

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Adrián Soto
Periodista que escribe para llenar vacíos, tomarse desquites contra la realidad y contra las circunstancias. Indignado por la corrupción y abusos a los más desposeídos, pero creyente en que un periodismo libre es capaz de promover democracia para el justo desarrollo de un pueblo que mantenga lo ojos abiertos, que luche y logre sus sueños.
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