PUNTO DE VISTA

Consecuencias de gobernar sin oposición

Francisco Cáceres

caceresfra@gmail.com

Nació en Guatemala el 19 de Julio de 1938; tiene estudios universitarios y técnicos en ciencias jurídicas y sociales, administración empresarial, pública, finanzas, comunicación, mercadeo y publicidad. Empresario, directivo, consejero y ejecutivo en diversas entidades industriales, comerciales y de servicio a la comunidad. Por más de 28 años consecutivos ha sido columnista en este medio.

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Francisco Cáceres Barrios
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Debido a la pésima estructura democrática con que Guatemala cuenta para dirigir sus destinos, nuestros partidos políticos siguen siendo “casonas de empleo”, que solo sirven de instrumentos o vehículos para que los politiqueros se acomoden en cargos públicos y así cada quien satisfaga mejor sus intereses personales. De esa cuenta, el Congreso concebido constitucionalmente para desempeñar las funciones legislativas y ejercer la fiscalización de los otros poderes del Estado, no cumple con sus deberes, facilitando entonces el desarrollo de sistemas presidencialistas los que, sabido es por todos, la mayoría de veces sus decisiones no cumplen con el objetivo fundamental de lograr el bien común. Fue así como no hubo oposición política durante el período del presidente Jimmy Morales predominando la politiquería que provocó las situaciones que hemos venido sufriendo.

Resulta innecesario repetir lo que tanto se ha dicho en los medios de comunicación social sobre la intempestiva decisión presidencial de dar por terminado el convenio de la CICIG suscrito entre el Estado de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas sin seguir el proceso que explícitamente determinaba el mismo, así como la expulsión del país de su Comisionado, Iván Velásquez. Pero es necesario recordar que todo ello produjo una serie de actos que, lejos de justificar la decisión del primer mandatario, permitieron dejar al descubierto que sus motivos son personales, aunque involucró a sus colaboradores, en especial a sus ministros de la Defensa, de Gobernación y a una inexperta Canciller quienes, cometiendo grandes errores no solo causaron desprestigio a nuestro país, sino provocaron reacciones y hasta represalias en contra de los intereses de toda la población, entre otras, la reciente decisión de los EUA de cortar la ayuda de seguridad para el país.

Y si a lo anterior le sumamos la desafortunada declaración pública del llamado Secretario de Inteligencia Estratégica y digo “llamado”, porque hasta el momento, la mayoría de ciudadanos no hemos podido detectar en él ni una sola de tales características enunciadas en el puesto, mucho menos cuando en arrebato berrinchudo ofreció devolver los vehículos J8 e irlos a dejar enfrente del edificio que ocupa la embajada del país donante. Empeorando todavía más la situación cuando el mentado Secretario fue a ese país a reiterar sus pobres criterios en un telenoticiero norteamericano. Está probado pues que los malos actos gubernamentales traen serias consecuencias para el país, saliendo siempre más afectada la población, por lo que cabe entonces preguntarse ¿no corresponde al Congreso tomar las medidas para evitarlas? ¿Los representantes del pueblo no debieran tomar cuántas acciones fueran necesarias para evitar más daños y perjuicios? ¿Para qué existe entonces la figura de la interpelación a ministros en la Constitución de la República?

Solo siendo irresponsables podríamos decir que tantas cosas mal hechas no iban a traer consecuencias desfavorables y por lo visto, ya empezamos a recibirlas, sin que la población haya tenido parte o responsabilidad de ello, mientras que los causantes siguen tranquilos y campantes.