Miembros de la Junta Directiva le informaron a los jefes de bloque la intención de conformar la pesquisidora. Foto La Hora/Congreso

POR HEDY QUINO
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Este jueves, el Congreso de la República conformará la Comisión Pesquisidora por el antejuicio planteado en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras y Francisco De Mata Vela, requerida por la Asociación Dignatarios de la Nación, financiados por el Legislativo. Esto a pesar de que el tribunal constitucional ha emitido amparos en los cuales ha hecho ver que no pueden ser perseguidos penalmente por las resoluciones emitidas en el ejercicio de sus cargos.

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, informó que la semana pasada fueron notificados por la Corte Suprema de Justicia de los antejuicios en contra de los togados Porras y De Mata Vela. “Tenemos como lo establece nuestra ley orgánica, un tiempo que no puede ir más de ocho días, por lo tanto, nos obliga a que esta semana lo debamos poner en conocimiento del pleno del Congreso”, afirmó.

En la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque se acordó que en la sesión de este jueves el primer punto de agenda será conocer dicho antejuicio, posteriormente se realizaría la conformación de la Pesquisidora a través de un sorteo entre los 160 diputados, la cual estaría a cargo de recomendar al Congreso si es pertinente o no retirarles la inmunidad a los magistrados de la CC.

AMPAROS EMITIDOS

El 10 de octubre de 2019, el pleno de la CC integrada por los magistrados Dina Ochoa (reelecta por el mismo Congreso), Neftaly Aldana, María Cristina Fernández García, Mynor Par Usen y Henry Comte, dictó sentencia en los expedientes 162-2019 y acumulados, en donde se hizo acopio de la jurisprudencia del máximo Tribunal Constitucional sobre situaciones como estas.

Los togados otorgaron el amparo solicitado, haciendo referencia a que cualquier procedimiento iniciado que conlleve la persecución de los magistrados de la CC, por la emisión de fallos dictados en el ejercicio de su cargo, supone “la lesión al principio de independencia judicial contemplado en el artículo 167 de la Ley de Amparo y confunde los principios del Estado Constitucional y Democrático de Derecho”.

En esa oportunidad, se le ordenó a la CSJ que, en futuras ocasiones, se abstuviera de admitir trámites de antejuicios contra los magistrados de la CC, relacionados con los fallos emitidos por dicha Corte.

Es decir que este antejuicio, debió ser rechazado in límine, tal y como en otras ocasiones han dictado fallo los togados. En esa misma línea, se tiene el antecedente que el pleno de la CSJ, ha rechazado solicitudes de antejuicio contra los magistrados constitucionales, aduciendo que “…la decisión que los mismos asumen no puede constituir un elemento de razonabilidad que determine que su actuar haya sido contrario a la ley, lo cual está instituido como una garantía para el ejercicio de sus funciones…”, haciendo referencia a las diligencias de antejuicio según expediente 236-2019, 291-2019.

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ANTEJUICIOS

El pleno de la CSJ se inhibió de conocer el antejuicio presentado por la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente, en contra de los magistrados de la CC, Gloria Porras y Francisco De Mata Vela, esto por una resolución que emitieron en 2019, cuando el entonces presidente, Jimmy Morales y su canciller, Sandra Jovel, intentaron expulsar del país al embajador de Reino de Suecia, Anders Kompass.

Esta acción proviene de la Asociación de Dignatarios que desde 2019, La Hora ha reportado existe un Convenio entre ellos y el Congreso de la República para su financiamiento incluyendo ese año un único aporte de Q600 mil e incluso se le ha considerado por parte de ese organismo para dotarlos de Q5 millones el año pasado, propuesta que no prosperó.

El antejuicio fue planteado contra la magistrada Gloria Porras y José Francisco de Mata Vela. Foto La Hora

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Hedy Quino Tzoc
Periodista profesional. En mi vida prevalece Dios, mi familia y la justicia. Creo en los Derechos Humanos y en que Guatemala sí hubo genocidio.Estoy convencida en que atacando la corrupción el país podría salir de sus problemas estructurales, como la pobreza extrema.
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