Conflicto entre la Dictadura de la Corrupción y la CICIG (I)

Raul Molina Mejía

rmolina20@hotmail.com

Nació el 20/02/43. Decano de Ingeniería y Rector en funciones de USAC. Cofundador de la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (RUOG) en 1982. Candidato a alcalde de la capital en 1999. Profesor universitario en Nueva York y la Universidad Alberto Hurtado (Chile). Directivo de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG).

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Raúl Molina

Duele particularmente que la clase media sea tan burdamente engañada por el gobierno sobre muchas cosas, en especial, con respecto a la CICIG. De manera que en varios artículos daré a conocer no solamente el conflicto entre Jimmy Morales y la CICIG, sino que de toda la Dictadura de la Corrupción que él representa. Aclaro lo que cada término representa. No he inventado la noción de dictadura; la he tomado de la declaración de la Conferencia Episcopal de Guatemala (19/01/18) y, poco a poco, se la ha ido comprendiendo al ver que la corrupción se ha apoderado de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y buena parte del Judicial. Se extiende también a la sociedad (empresas, medios de comunicación, ONG, organizaciones sindicales y otras). CICIG es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, producto del acuerdo firmado entre la ONU y el Gobierno de Guatemala. Su mandato, composición, funcionamiento y duración están definidos en dicho acuerdo, existiendo mecanismos para superar las diferencias. Hay que destacar que el ente que el conjunto de organizaciones de derechos humanos propuso a la ONU era la CICIACS, para desmantelar los aparatos clandestinos insertos en el Estado (grupos militares y paramilitares que habían operado como “escuadrones de la muerte”); pero los sectores de poder se opusieron a que pudiera actuar independientemente e hicieron de la CICIG una entidad para acompañar la acción judicial del MP.

La labor de la CICIG ha sido muy profesional; se hizo imprescindible para el país cuando Thelma Aldana, como Fiscal General, en vez de responder a las directrices del Presidente que la nombró, cumplió su papel a cabalidad y logró avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Varios funcionarios fueron retirados de sus cargos y puestos en prisión preventiva, incluidos la vicepresidenta Baldetti y el presidente Pérez. Una primera y necesaria aclaración es que la prisión preventiva y las condiciones de dicha prisión son establecidas por los jueces y no por el MP y menos la CICIG. Una gran mentira de la derecha es endilgar a la CICIG la lamentable muerte de dos médicos que estaban en prisión preventiva y no recibieron atención hospitalaria. Lo que han hecho la CICIG y el MP es recabar las pruebas de la participación de acusados en delitos y crímenes y presentarlas ante el juez. Al tomar éste sus decisiones, el MP y la CICIG se desentienden de los acusados hasta que se entra a la fase de sentencia. De manera que es incorrecto aducir que lo que ocurre en prisión preventiva es responsabilidad de la CICIG.

Durante el primer año de gobierno, Jimmy debió aceptar que la autoridad moral de la CICIG y el MP se impusieran en contra de gente cercana a él o de su grupo de confianza. Se vio obligado a permitir la sorpresiva captura de diecisiete ex oficiales del ejército por crímenes de guerra. También descubrió la CICIG el involucramiento directo de su hermano y de su hijo en fraude y robo con relación a canastas navideñas; para evitar que la acusación se extendiera a él mismo, Jimmy aseguró que no entorpecería las investigaciones del MP. Para entonces, su encono era manifiesto.