Compra de 1 millón de mascarillas por parte del Gobierno, con futuro incierto

POR REDACCIÓN LA HORA
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Tras la nota periodística del medio Plaza Pública, “Q20 millones para mascarilla: Adjudicación genera dudas” y la posterior anulación de esta compra por parte del Ministerio de Salud, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, se pronunció al respecto y recomendó a la cartera utilizar la Ley de Contrataciones del Estado para no anular por completo el proceso de adquisición, puesto que las mascarillas en esta emergencia sanitaria por el COVID-19, son fundamentales.

A través de sus redes sociales, Rodas indicó: “@MinSaludGuate había adjudicado Q20millones para comprar mascarillas sin que la empresa favorecida tuviera existencia, ante ello no se firmó el contrato correspondiente. Si la ley daba la posibilidad de agilizar la compra de mascarillas ¿Por qué iniciar un proceso de nuevo?”.

Aunado a esto, el Procurador emitió un comunicado de prensa por este caso en el que explicó que, si el Ministerio de Salud se hubiese apegado al artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado, el proceso de compra no debería realizarse de nuevo, lo que ahorraría tiempo.

“Al prescindir del proceso de adquisición de mascarillas, @MinSaludGuate no consideró la Ley de Contrataciones del Estado, que hubiera permitido continuar y concluirlo, sin iniciar un nuevo proceso que conlleva más tiempo, valioso ante la emergencia sanitaria”, dice la publicación de la PDH en Twitter.

El PDH en el comunicado detalló: “Que el proceso identificado como NOG 12342793, para la adquisición de mascarillas, fue prescindido por el Ministerio de Salud y Asistencia Social sin considerar la aplicación del artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado que regula el procedimiento para el caso concreto, lo que hubiera permitido continuar y concluir con la adquisición de mascarillas, sin necesidad de iniciar un nuevo proceso que conlleva más tiempo, valioso para el riesgo en el que se encuentra la población guatemalteca”.

Asimismo, el Procurador recomendó a la cartera de Salud, promover la legalidad en sus procesos de adjudicación, pero fundamentalmente que procure finalizar la adquisición de los insumos, especialmente las mascarillas que son indispensables para el trabajo seguro del personal médico que encuentra y encontrará atendiendo a personas infectadas por el COVID-19.

“Que de forma inmediata se adquieran y distribuyan las mascarillas necesarias al personal de salud, para que puedan desarrollar sus funciones de forma segura”, concluyó el PDH en la comunicación.

Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se pronunció.

LA ADJUDICACIÓN

En la nota “Q20 millones para mascarilla: Adjudicación genera dudas”, Plaza Pública consignó: “El pasado domingo 5 de abril, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aprobó la adjudicación de Q20 millones a la empresa Wensur. S.A. para comprar un millón de mascarillas N95 sin válvula de filtro (diferentes a las que anunció el Presidente, pues esas serán lavables)”.

“La sociedad ganadora de la adjudicación es propiedad de Wendy Roxana Ruano Fernández, quien fuera directora de Comunicación de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entre 2008 y 2011”, continua.

“El evento con NOG 12342793 en Guatecompras registra que el proceso de adquisición fue aprobado en el acta 027-2020. Al concurso se presentaron, entre otras, las empresas Wensur -la ganadora- y Distribuidora de Insumos para la Salud, S.A. (Disalud). Ambas propusieron el mismo precio, aunque la primera ofrece un tiempo de entrega de tres días hábiles y Disalud indicó que la entrega del producto sería inmediata”, dice la nota.

“A pesar de que presentaba una oferta menos favorable ante la crisis, pues pedía más tiempo de entrega, la junta especial constituida por Erica Yesenia Figueroa, decidió favorecer a Wensur “por convenir a los intereses del Estado”. Disalud planteó una inconformidad por este motivo que no ha sido resuelta por la entidad”, agrega la nota.

En una nueva nota periodística que publicó Plaza Pública, consignó: “Un día después de que Plaza Pública revelara las anomalías del concurso para adquirir un millón de mascarillas N95, el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) anuló la adjudicación a la empresa Wensur, S.A. Aunque la publicación indicaba anomalías en el contrato, como la carencia del producto, o porque no cumpliría el plazo de entrega, estas no fueron las razones por las que oficialmente se canceló”.