CIEN: en 2019 déficit de empleo formal era de 3.2 millones; esto proponen para la crisis del 2020

El Gobierno ha impuesto restricciones de movilidad y a comercios para evitar que se propague el virus/ Foto La Hora/Moises Castillo/AP

POR MARGARITA GIÓN
jgiron@lahora.com.gt

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentó este miércoles, una serie de propuestas para superar el impacto negativo del COVID-19 en Guatemala, los planteamientos que detallan, la organización indicó que los adaptó en relación a las propuestas para el nuevo gobierno contenidas en la Ruta para el Desarrollo para Guatemala. Según detallan, ante la emergencia actual, se tuvo que re calcular la Ruta, y aunque fue necesario adaptar algunas recomendaciones ante la pandemia, reiteran que algunos temas de fondo persisten.

El vicepresidente Guillermo Castillo participó en la presentación de las propuestas, agradeció las mismas y mencionó que esto era una tarea de todos, añadiendo que se podrá salir adelante con las ideas y planteamientos de toda la sociedad.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

De acuerdo con el CIEN, en el 2019 el déficit de empleo formal en el país fue de 3.2 millones, que representa la diferencia entre el total de personas que buscaban un empleo formal (4.3 millones) y el total de empleos formales disponibles (registrados en el IGSS –1.3 millones–).

Según detallan, la respuesta ante la ausencia de oportunidades de empleo formal ha sido ocuparse en actividades informales y la migración irregular, situación que, de acuerdo con el CIEN, seguramente empeorará cuando la emergencia actual se vaya disipando.

“La economía había crecido a tasas bajas y el empleo formal creció todavía más lentamente. Al comparar el crecimiento neto en el empleo formal y el crecimiento económico, se observa que la capacidad de generación de empleo formal se ha reducido a lo largo del tiempo. Entre 2005 y 2017 un aumento de 1% en la tasa de crecimiento provocó que el empleo formal creciera a una tasa de 0.56%.”, detallan.

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Además, precisan que, el Covid-19 destruirá empleo formal y agudizará la situación de la economía informal. “Guatemala experimentará una importante reducción en el empleo formal existente derivado de la caída esperada en la actividad económica general. Agregan que, dependiendo del nivel de reducción en la actividad económica, la destrucción de empleos formales podría llegar a los 70 mil puestos de trabajo.

En el corto plazo, el CIEN propone implementar una política integral que impulse la reactivación económica del país. Así como revisar todos los instrumentos de política económica disponibles para hacer frente a los choques de carácter externo que golpean la economía, apoyar a las empresas y sectores que han sido más afectados por las medidas de confinamiento y facilitar su reestructuración.

También incluyen eliminar, racionalizar y alinear la regulación económica, reducir los costos de transacción en la operación de las empresas y viabilizar que se lleven a cabo de forma digital, promoviendo reformas a la regulación económica existente que eliminen obstáculos a la atracción de inversión y creación de empleo.

Además, destacan la importancia de reducir al mínimo la informalización de la economía, así como implementar mecanismos que apoyen el ajuste del mercado laboral a las condiciones negativas en la economía. Facilitando el teletrabajo, flexibilizando las jornadas de trabajo, ampliando la esfera de negociación privada para las condiciones de trabajo y permitiendo ajustes en los salarios que apoyen a las empresas a conservar el empleo formal que generan.

En el mediano plazo, proponen facilitar servicios de capacitación de forma virtual. Priorizando procesos de certificación en programas que aumenten la empleabilidad en actividades que puedan realizarse de manera remota (programación, soporte técnico, call centers, etc.).

Así como, incluir nuevos regímenes de incentivos sujetos a metas de desempeño y acordes con la normativa internacional; priorizar la construcción de obras de infraestructura productiva para sectores estratégicos; focalizar las intervenciones de gobierno en zonas geográficas específicas con alto potencial logístico o dotación de materias primas.

El comercio ha sido afectado por las medidas de restricción para frenar el COVID-19. Foto La Hora/Moises Castillo/AP

También detallan la importancia de localizar las reformas e incentivos a los sectores que se buscan priorizar, garantizando circunstancias que les permitan competir internacionalmente, en áreas delimitadas que ofrezcan condiciones óptimas para promover la generación de empleo formal, atracción de inversiones, cumplimiento de la regulación y costos laborales competitivos, en el largo plazo.

Sobre el Proceso Presupuestario del Estado, destacaron que, el Ministerio de Finanzas Públicas ha incluido como parte del Proyecto de Presupuesto, desde 2017, un informe de riesgos fiscales y en 2018 aprobó la Estrategia Financiera ante el Riesgo de Desastres.

Asimismo, destacaron que, se negoció un préstamo con el Banco Mundial con una opción de desembolso diferido ante catástrofes (incluyendo una pandemia) por US$200 millones y que fue aprobado el 24 de marzo de 2020 por el Congreso de la República.

Sin embargo, la materialización del riesgo fiscal por la pandemia delCOVID-19 ya ha tenido un impacto significativo sobre el resultado fiscal (déficit presupuestado de 4.6% del PIB) y las necesidades de financiamiento. En ese sentido enfatizaron que, hace falta mitigar los riesgos y provisionar recursos para el futuro.

También, mencionan que, la elaboración de un presupuesto inflexible, que no responde a una planificación estratégica, con una baja ejecución, con un sesgo en contra de la inversión y con débiles sistemas de control, hace que no cumpla con las expectativas. Asimismo, tras debilidades que limitan la capacidad de proveer servicios públicos en forma eficiente son las constantes modificaciones presupuestarias, la ausencia de un adecuado sistema de reclamos para las compras públicas, la falta de evaluación del desempeño de los programas presupuestarios, y retrasos en pagos.

Asimismo, aseveran que, la debilidad y fragmentación institucional limita la capacidad de los ministerios para prestar servicios de calidad.

Ante lo mencionado, proponen incrementar la eficiencia del gasto público e implementar totalmente el presupuesto por resultados con el fin de vincular todo el gasto de personal, servicios profesionales y técnicos con resultados estratégicos e institucionales. Así como, revertir, por el lado de los ingresos, la disminución en la recaudación tributaria para crear espacio fiscal para el gasto social y de inversión, en el marco de la agenda de recuperación de la pandemia del COVID-19.

También señalan que se debe implementar un sistema de rendición de cuentas basado en un sistema de evaluación y monitoreo de un grupo priorizado y reducido de indicadores. Así como medir el avance de las prioridades gubernamentales y que se tenga información relevante para la toma de decisiones de asignaciones presupuestarias.

El CIEN detalla que, las adquisiciones públicas deben formar parte del objetivo estratégico del Estado para alcanzar una mejoría en la eficacia y eficiencia de su gestión y alcanzar sus objetivos.

LA NECESARIA OBJETIVIDAD EN EL CONTROL DEL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

De acuerdo con el CIEN, los recursos de los ciudadanos son el bien más valioso con el que los administradores públicos cuentan, ya que representan el esfuerzo diario de quienes delegan la responsabilidad de su manejo. Por lo anterior, es que la gestión del gasto público ha venido cobrando mayor importancia durante las últimas décadas, manifestaron.

Detallan que, se han generado normas, procedimientos y herramientas para hacer más transparente la ejecución en aras de rendir cuentas a los contribuyentes. En ese contexto, señalan que, la Contraloría General de Cuentas (CGC), es la institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que realice colectas públicas.

Por ello, destacan que, la crisis generada por la pandemia del COVID-19 obliga a reenfocar las prioridades propuestas para la CGC, de manera que pueda responder mejor a la actual necesidad de control para un gasto transparente y eficiente.

PREOCUPA DESERCIÓN Y APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS ESTE AÑO

Además, de otros temas, precisan que, el sistema educativo de Guatemala presenta baja cobertura, eficiencia y calidad educativa. Seis de cada diez niños asisten a preprimaria, 90% está en la primaria, la mitad de los jóvenes asiste al ciclo básico, pero solo uno de cada cuatro está en diversificado.

“De los graduandos, 10% alcanza el nivel de logro en matemática y 30% el nivel esperado en lectura. Aunque el MINEDUC presentó un plan integral ante la pandemia, preocupa la deserción y aprendizaje de los alumnos en el presente año”, dicen.

Por ello, puntualizan que, debe implementarse una política de tecnología educativa. Además, de dotar de equipos tecnológicos a las aulas junto a la capacitación docente como herramienta pedagógica, se debe considerar la entrega de un dispositivo por estudiante y acceso a internet.

También incluyen actualizar a los docentes y directores y establecer programas de formación en línea con el propósito de desarrollar las destrezas y capacidades de los educadores y fomentar el liderazgo.

Además, destacan acompañar y fortalecer a las Organizaciones de Padres de Familia. Empoderar a las OPF para una apropiada gestión de recursos para las escuelas, que incluya mejora de la infraestructura escolar para retornar a las aulas.

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También señalan que, es necesario definir los sistemas de formación, reclutamiento y selección de docentes. Fortalecer los pensum de estudios en la formación de docentes, seleccionar a los más talentosos, retomar la nota mínima para entrar a la lista de elegibles e implementar un sistema de selección por oposición en secundaria.

Así como la necesidad de poner en práctica un sistema de mejoramiento continuo de la calidad. Reiteran que, es urgente transformar los procesos educativos y esquemas mixtos de aprendizaje. Así como, continuar con las evaluaciones a estudiantes y docentes, y establecer metas anuales de mejora en cada establecimiento.

El CIEN señala que es necesario aumentar la cobertura del nivel medio con programas de becas. Otorgar becas a jóvenes talentosos de escasos recursos para cursar el ciclo de educación media y tomar en cuenta modalidades tecnológicas y flexibles que logren destrezas y competencias de los alumnos.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En el tema de la necesidad de hacer una transformación digital, destacaron que, la pandemia y las medidas adoptadas para enfrentarla (distanciamiento social, trabajo en casa, restricciones a la locomoción, entre otras), evidenciaron la necesidad de rediseñar la organización y funcionamiento de la administración pública.

Agregaron que, los trámites continúan siendo engorrosos, lentos, vulnerables a la corrupción y muchos ciudadanos son excluidos por el tiempo y costos que estos implican. “Los gobiernos pueden enfrentar este desafío, simplificando procesos y aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación”, dijeron.

En tal sentido, detallaron que, dentro de la ruta de propuestas, destacan que, a corto plazo, es necesario poner sentido de urgencia a la transformación. “Ante el COVID-19 es imperante dinamizar el proceso, con miras al desarrollo de una política de Estado. Se necesita de una estrategia de comunicación que inspire al cambio”, destacaron.

Además, se requiere un modelo de gobernanza, destacan que, es necesario crear una instancia de participación ciudadana. Agregan que, en años anteriores se creó el espacio de Gobierno Abierto, este debe dinamizarse e integrar a personas de distintos ámbitos, pues de eso saldría una hoja de ruta.

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A mediano plazo, destacaron la necesidad de hacer un diagnóstico de los trámites. “No se trata de pasar los procesos actuales a digital, sino de analizarlos, mejorarlos y luego digitalizarlos. Se requiere de un inventario de trámites”, dijeron.

Además, reiteran que se debe definir responsabilidades, así como definir la institución rectora, proveer herramientas trasversales a las entidades de gobierno, en todos los niveles. Iniciando con identidad digital, firma electrónica, portal único y datos abiertos.

Así como, lograr conectividad para digitalizar trámites y realizar una transformación es importante contar con acceso a datos, por lo cual es imperante la subasta de la frecuencia AWS destinada a tecnología de la red 4G.

En el largo plazo, proponen diseñar y proveer de herramientas digitales sectoriales. Luego de la pandemia es necesario desarrollar la telemedicina, educación virtual, apoyo al teletrabajo y otros. Así como Incluir a todos los organismos del

También agregan que,el Congreso de la República y el Organismo Judicial deben avanzar en trabajar usando la tecnología.

El Ministerio de Educación ha implementando algunas medidas para continuar la enseñanza a distancia. Foto La Hora/@AprendoEnCasaGT

SEGURIDAD CIUDADANA

Respecto al tema seguridad ciudadana, enfatizan que es necesario crear un plan para que la PNC retome su rol. Asimismo, enfatizan que, Post COVID-19 es importante que la policía retome sus operaciones normales y que en este periodo se prepare enfrentar la criminalidad después de la pandemia.

Además, de mejorar la información existente, agregan que, es necesario crear un sistema de información y elaborar un plan estratégico integral para el sector. Además de oficializar los datos de la encuesta de victimización de 2018 y planificar la elaboración de una nueva, y retomar el sistema de ascensos por mérito de la PNC. Una adecuada carrera policial requiere el cumplimiento de los procesos de ascenso que están normados para mantener la jerarquía.

También abordaron el actuar de la PNC posterior a la pandemia. Foto: PNC