Chile: Estado de emergencia por disturbios en Santiago

Un cañón de agua de la policía apaga una barricada en llamas cerca de la estación Santa Lucía del tren subterráneo. FOTO LA HORA/ESTEBAN FÉLIX/AP

Por EVA VERGARA /AP
SANTIAGO, Chile (AP) —

Un ambiente caótico se apoderó de la capital de Chile ayer después de que protestas estudiantiles contra un alza en las tarifas de los autobuses y el tren subterráneo derivaron en una serie de disturbios e incendios, ante lo cual el presidente Sebastián Piñera declaró el estado de emergencia.

Centenares de miles de habitantes de Santiago volvieron con muchas dificultades a sus casas luego de que la empresa operadora del metro suspendió el servicio debido a los actos violentos.

Al anochecer los manifestantes prendieron fuego a los ingresos de varias estaciones del subterráneo, saquearon tiendas, colocaron barricadas encendidas, atacaron vehículos policiales y quemaron al menos un autobús, así como el edificio institucional de la empresa de electricidad ENEL, cuyo principal accionista es ENEL Energy Europe, según imágenes transmitidas por el canal de noticias 24Horas.

El incendio comenzó después de que el edificio fue atacado por desconocidos, señaló ENEL en un comunicado, lo que obligó a retirar a los 40 empleados que permanecían en el lugar. Algunas escaleras y oficinas de los pisos superiores se quemaron, precisó Gabriel Huerta, comandante de los bomberos de Santiago.

Los noticiarios difundieron imágenes de amplios destrozos dentro de varias estaciones, incluidos mobiliario, techos, puertas y vidrios.

En un discurso desde el palacio de gobierno, Piñera dijo que con el estado de excepción busca asegurar el orden público y “la seguridad de los habitantes, proteger los bienes y derechos de cada uno de los compatriotas que se han visto complicados por la acción de verdaderos delincuentes”.

El mandatario hizo el anuncio pasada la medianoche luego de regresar al palacio de gobierno y reunirse con varios de sus ministros. El estado de emergencia permite restringir las libertades de reunión y locomoción, y general del ejército Javier Iturriaga estará a cargo de supervisar su cumplimiento.

Afectará a las comunas (sectores) de Santiago, Chacabuco, Puente Alto y San Bernardo, en la Región Metropolitana, y es decretado “en caso de grave alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad de la Nación”, por 15 días prorrogables.

En una rápida reacción la Asociación Nacional de Fútbol Profesional anunció la postergación de los partidos de primera y segunda división el fin de semana.

Los desórdenes y actos vandálicos se extendieron desde el centro de Santiago a sectores de la periferia, donde los manifestantes, ya no sólo estudiantes secundarios, atacaron los ingresos de estaciones e iniciaron ruidosas protestas por toda la ciudad. En algunas áreas la policía se retiró.

Una de las estaciones quemadas fue la de Trinidad, en el sur de la ciudad, mientras que de la estación San José de la Estrella, en la misma zona, salía mucho humo.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, que más temprano descartó una reducción en el precio de los pasajes, dijo que “es posible que durante la próxima semana recuperemos el funcionamiento (del subterráneo), de forma gradual”.

La tarifa del metro subió de 800 a 830 pesos (de un dólar a 1,16 dólares).

Los santiaguinos estaban divididos entre los que apoyan las manifestaciones y los que se quejaron porque se les dificultó regresar a casa tras salir de sus trabajos.

“Es inaceptable que por culpa de los escolares no podamos volver a nuestra casa”, dijo Daniel Fuentealba, trabajador bancario, a The Associated Press.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció que el gobierno presentó una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado contra los responsables de causar daños a los bienes del tren subterráneo y de impedir su funcionamiento normal. La norma prevé condenas de entre tres a cinco años de cárcel a los infractores.

Chile carece de combustibles fósiles y debe importar todo el petróleo y gas natural que necesita para funcionar, lo que se traduce en pasajes del transporte público caros, elevados precios de gasolinas, diésel y energía eléctrica, entre otros.