POR VIRGINIA CONTRERAS
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La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró con lugar diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos –conocida como Ley Tigo–.

La CC dejó la Ley de Telecomunicaciones fuera del marco jurídico nacional el pasado 16 de marzo por decisión unánime, pero aún había 15 acciones de inconstitucionalidad que estaban pendientes de fallo.

Desde el año 2014 fueron presentadas varias impugnaciones por comunidades, municipalidades, asociaciones evangélicas, indígenas, en donde se señalaban violaciones a la igualdad, a la propiedad privada y comunal, así como a la autonomía municipal.

Uno de los principios constitucionales invocados más recurrentemente como transgredido fue el de la autonomía municipal, pero la normativa fue rechazada porque precisaba de mayoría calificada de diputados para su aprobación, lo que no se cumplió.

La sentencia contiene 121 páginas, las que detallan cada uno de los argumentos presentados por las entidades y particulares que impugnaron.

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