POR KIMBERLY LÓPEZ
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La Procuraduría General de la Nación (PGN) advirtió en agosto de 2015 que el contrato del usufructo otorgado por la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) adolecía de diversos vicios por lo que el negocio jurídico debería ser nulo. Aun así, la firma APM hizo una inversión millonaria en ese negocio –siete meses después– en marzo de 2016.

_Nac2_1bSussane Marston, representante de la empresa APM Terminals –Maersk–, dijo ayer que investigarán la compra que hicieron en marzo pasado de la firma Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), que a su vez es propietaria de TCQ, la empresa que según el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), habría obtenido un usufructo en EPQ a través del pago de sobornos y otras anomalías.

Sin embargo, los indicios que buscaría APM en su investigación del negocio fueron plasmados desde el 31 de agosto de 2015 en un dictamen de la PGN, en el que se exponen diversas ilegalidades.

“Se advierte que en esta negociación, el Interventor carece de facultades legales para autorizar el contrato de usufructo oneroso, lo que hace nulo de por sí el negocio jurídico celebrado”, refiere el documento de la PGN al que La Hora tuvo acceso.

En el documento se advierte que el abogado del Estado señaló que el contrato de usufructo oneroso constituye una posible simulación de otro negocio jurídico, denominado concesión, regulado en el artículo 95 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, se destaca que en el procedimiento se obvió la aplicación de la normativa establecida en la Ley de Contrataciones del Estado, al no realizar un procedimiento de licitación pública.

Otro reparo es que la ley impide concesionar los servicios en los que el Estado, las entidades autónomas y descentralizadas obtengan utilidades.

Por otro lado, al permitir rebajas en las tarifas de TCQ, se puede considerar una competencia desleal hacia EPQ.

OMITIERON ADVERTENCIA

Pese a que desde agosto 2015 la PGN advirtió de estas ilegalidades y se trasladaron a la Presidencia de la República el 1 de septiembre, en marzo de este año, APM Terminals adquirió TCB a un precio de US$1 mil millones de dólares.

APM Terminals no brindó declaraciones a La Hora, que intentó conocer por qué la multinacional, previo a la compra de TCB, no solicitó el dictamen de la PGN que desde el año pasado advirtió de las ilegalidades en este negocio.

Según Marston, APM buscará la forma de responsabilizar a las personas que les vendieron las acciones y reclamar daños por haber concretado una firma señalada de irregularidades.

Diario La Hora
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