• ¿Por qué a las personas que asaltan en la calle o en el transporte público, en la mayoría de los casos, deciden no denunciarlo? Porque en la gran mayoría de los casos ni se recuperan las pertenencias, ni se castiga a los responsables, ni hay ninguna consecuencia para los funcionarios que deben garantizar que vivamos con seguridad y paz.
• ¿Por qué las personas son estafadas, extorsionadas y despojadas de sus hogares, de sus negocios, de lo que lograron con esfuerzo, y no pasa nada? Porque en muchos casos los funcionarios públicos responsables de garantizar los derechos de los ciudadanos no cumplen con sus obligaciones, y no hay sanción.
• ¿Por qué cuando alguien debe acudir a un hospital público, y no obtiene la atención médica requerida, ni el medicamento que necesita, casi nadie reacciona? Porque los centros de salud están colapsados, son ineficientes, o se ha hecho un mal manejo de los fondos públicos, y en muchos casos no hay castigo para los funcionarios que deben garantizar el acceso a la salud.
Estamos entre los países más inseguros y peligrosos del mundo, tenemos uno de los más altos índices de desnutrición crónica, rezagos abismales en cuanto a educación, uno de los más deficientes sistemas de salud pública de Centroamérica, y un 98% de impunidad en el sistema de justicia.
Y ante esta realidad, es el Poder Judicial el llamado a velar por el cumplimiento de los deberes constitucionales de los otros dos poderes, Ejecutivo y Legislativo, haciendo que haya consecuencias para quienes incumplan con sus obligaciones, violen la ley, trafiquen influencias, o incurran en actos de corrupción. Si el Poder Judicial no imparte justicia pronta y cumplida, no hay castigo, y si no hay castigo, crece y crece el caos, el desasosiego, y la desesperanza.
Pareciera que la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones no afecta a los guatemaltecos en general, cuando en realidad vivir en paz y orden, y donde haya consecuencias y castigo para quienes infringen la ley y violan los derechos humanos y constitucionales, es lo que puede cambiar la vida de quienes nacimos, trabajamos y vivimos en Guatemala, y por supuesto la de nuestros hijos.
Es una compleja, difícil y ardua labor que está, por delegación Constitucional, en manos de los integrantes de las Comisiones de Postulación que deben proponer una lista de veintiséis (26) candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como las listas para las Salas de Apelaciones, de las que el Congreso de la República debe elegir a los titulares y suplentes.
Los Comisionados tienen la responsabilidad de buscar, identificar, considerar y proponer entre los hombres y mujeres abogados a quienes son capaces, idóneos, honrados, y de reconocida honorabilidad. La Constitución no limita a evaluar solamente a quienes respondan a la convocatoria, sino también a quienes los Comisionados encuentren o los ciudadanos presentemos.
No nos dejemos arrebatar nuestros derechos, sí hay hombres y mujeres abogados de reconocida honorabilidad, debemos salir a buscarlos.
Alfonso Carrillo Marroquín
Ciudadano, padre y abogado guatemalteco
alfonso.carrillo@meimportaguate.org
Guatemala, 5 de Septiembre de 2014
