Aumenta número de acciones de inconstitucionalidad en contra del Decreto 15-2020

POR HEDY QUINO
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Desde ayer que cobró vigencia el Decreto 15-2020, las acciones de inconstitucionalidad en contra de esta ley han incrementado, hasta el momento la Corte de Constitucionalidad (CC) registra ocho, según informó comunicación social.

La comunicación de la CC indicó que en horas de la tarde de este viernes se contabilizaban ocho acciones de inconstitucionalidad en contra de dicho decreto, sin embargo, no se descarta que este día ingresen más.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), emitió un comunicado en el que señalan que la ley 15-2020 presenta graves deficiencias y ambigüedades, entre las que figura la falta de especificación sobre a quiénes se beneficia, no se fijan plazos, plasma disposiciones que muestran evidentes vicios de inconstitucionalidad y tampoco hay fuente de financiamiento para este tema en el largo plazo.

Un pronunciamiento similar hizo el Sector Eléctrico, en un comunicado anterior, señalaron que la entrada en vigencia de la ley generaría un colapso en la energía eléctrica y por ende en la telefonía y agua potable.

Además, el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, ha dicho que a esta ley se le debe hacer un reglamento.

LEA: Sector eléctrico advierte de colapso de energía eléctrica por vigencia del Decreto 15-2020

El jueves recién pasado fue publicado en el Diario Oficial el Decreto 15-2020, el cual cobró vigencia ayer. La ley de medidas adicionales de protección para población de los efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-19, prohíbe a las empresas de agua, luz, teléfono, cable e internet, suspender por falta de pagos estos servicios a la población vulnerable, durante el estado de Calamidad Pública.

Además, establece que estas empresas no deberán cobrar a los usuarios ningún tipo de recargo, como mora e intereses. Asimismo, otorgaran convenios de pagos hasta en 12 cuotas, a aquellos que no estén en capacidad de pagar la facturación.

La normativa contempla otorgar préstamos a las empresas de agua y cable, que concedieron convenios de pago a sus usuarios.