APG y PDH piden esclarecer situación de periodista Anastasia Mejía

La periodista entregó las pruebas de la cobertura que realizó por más de tres horas el día en que ocurrieron los hechos en donde también apresaron a los defensores de Derechos Humanos Petrona Siy y Manuel Hernández. Foto: PDH

Por Lourdes Arana
lcarana@lahora.com.gt

Luego de que se diera a conocer que el Juzgado de Santa Cruz del Quiché ligó a proceso penal a la periodista Anastasia Mejía Tiquiriz, por los delitos de sedición y atentado con agravación de la pena, derivado de los disturbios ocurridos el 24 de agosto pasado, cuando un grupo de personas ocasionaron daños a la Municipalidad de Joyabaj, diversas reacciones se han dado entorno a esta situación.

La periodista entregó las pruebas de la cobertura que realizó por más de tres horas el día en que ocurrieron los hechos en donde también apresaron a los defensores de Derechos Humanos Petrona Siy y Manuel Hernández, sin embargo, la jueza decidió ligarlos a proceso supuestamente por ser también parte de las protestas.

Varias instituciones se pronunciaron respecto a la decisión juzgado, en el caso de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), calificó como deplorable lo sucedido. Por aparte de la Defensoría de los derechos de los Periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), solicitó realizar una investigación apegada a derecho y ágil para que el proceso no se atrase y de esta forma garantizar que los hechos ocurridos puedan ser aclarados con absoluta certeza.

APG: ES INCOMPRENSIBLE QUE LA JUEZA HAYA AVALADO SIN UNA PRUEBA QUE SUSTENTARA LAS ACUSACIONES

Héctor Coloj, coordinador del Observatorio de los Periodistas de la APG, calificó como deplorable la decisión de la jueza de Quiché de ligar a proceso penal a la comunicadora Anastasia Mejía, además, comentó que las pruebas presentadas por el fiscal del Ministerio Público (MP), Casimiro Hernández, no eran contundentes para sustentar la acusación.

“La decisión de la jueza es deplorable desde cualquier punto de vista, el MP el fiscal Hernández si mal no recuerdo su apellido mostró una posición muy sesgada, no presentó pruebas contundentes que pudieran respaldar o avalar las acusaciones que el hacía en contra de Mejía, únicamente, durante toda la audiencia se dedicó a reproducir el video que ella misma tomó en vivo durante los incidentes de agosto, no presentó ninguna prueba e inclusive tuvo el descaro de cuestionar como ella tenía que realizar su labor periodística, insinuando que por ser parte de los manifestantes, las personas inconformes no la habían agredido a ella y sí atacaron a las cámaras de la Municipalidad de Joyabaj”.

Coloj agregó que es evidente que existe una motivación de defender los intereses del alcalde Florencio Carrascoza Gámez, además, también condenó el que se les haya impuesto una multa de Q20 mil para salir de prisión considerando la condición económica de los periodistas en el área departamental.

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“Es deplorable que hayan impuesto una multa tan alta en su contra considerando la condición económica de los periodistas y comunicadores sociales especialmente en los departamentos y nos parece más condenable aún que el fiscal y la defensa del alcalde pretendían que la multa fuera de Q100 mil”.

PDH EXHORTA AL ESTADO HACER UNA INVESTIGACIÓN APEGADA A DERECHO

Ruth Del Valle, defensora de los derechos de los periodistas de la PDH, solicitó al Estado que pueda hacerse una investigación apegada a derecho, además de que sea ágil para que el proceso no se retrase más y que de esta forma se pueda garantizar que cualquiera de los hechos por los cuales está siendo acusada sea esclarecido con absoluta certeza.

“El propósito justamente de la investigación penal es esclarecer los hechos, encontrar la verdad de esos hechos”, dijo Del Valle.

También agregó que deben de dejarse de lado algunas prácticas señaladas tanto por la PDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “ya que se utilizan este tipo de acusaciones como una criminalización en contra de la defensa de los Derechos Humanos y en el caso de los periodistas particularmente, en contra de la libertad de expresión”.

Este tipo de acciones limitan de alguna forma el derecho de la ciudadanía al no permitir que los medios de comunicación den a conocer la información, añadió, “en el caso de Anastasia Mejía, ella lo que estaba haciendo era dar cobertura a la noticia, si por dar cobertura van a ser acusados los comunicadores, no habrá ningún periodista que quiera dar las noticias, por no tener acceso a esa información”, señaló Del Valle.