59 denuncias de delitos contra periodistas han sido presentadas al MP este año

En el marco del Día del Periodista que se conmemora este 30 de noviembre, el Observatorio de los periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), por medio de un comunicado de prensa advirtió que autoridades estatales son las principales responsables del incremento alarmante de acciones contra la prensa.

La APG puntualizó que durante este 2021 el observatorio identificó “48 actos en los que están involucradas autoridades y empleados de distintos niveles del Estado”, y que de estas 39 acciones están relacionadas con integrantes de la Presidencia, Congreso, Organismo Judicial, Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo Electoral.

Además, detalla que del 1 de enero al 31 de octubre de 2021 se registraron 116 casos de ataques y restricciones de distinta índole contra medios de comunicación, “una cifra apenas menor a la reportada en el mismo período del 2020 cuando se contabilizaron 124 casos”, se lee.

También señala que, en el mismo lapso de este año, la Fiscalía de Delitos cometidos en Contra de Periodistas recibió 73 denuncias y la Defensora de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos conoció de 120 casos contra comunicadores.

A los referidos hechos se suman los que se desconocen sus autores, pero se sospecha fuertemente de “la responsabilidad de funcionarios gubernamentales como las campañas de acoso y difamación en plataformas digitales”; así como ataques a portales de medios de comunicación y la suspensión de cuentas en redes sociales, por las denuncias masivas recibidas por esos sitios.

 

Otro de los “preocupantes fenómenos” que se ha incrementado en los últimos meses es la censura en redes sociales por medio de la eliminación de contenido periodístico o la suspensión provisional de cuentas de medios y periodistas.

También atestiguan como el poder político o sectores vinculados prosiguieron con arremeter en contra de la prensa, mediante denuncias espurias o allanamientos injustificados, como los registrados recientemente en El Estor, Izabal.

“La cooptación del sector justicia por parte de (presidente Alejandro) Giammattei y sus aliados políticos acrecienta el temor que estos procesos culminen en encarcelamiento”, refiere el escrito.

La entidad gremial agrega sobre el “servilismo” por parte de la Fiscal General María Consuelo Porras, hacia el mandatario, diputados y otros funcionarios de alto nivel por el “perverso interés” de tomar represalias contra la prensa.

A lo anterior se le suman las acciones dirigidas por el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, de quien la APG cuestiona que continúa en el cargo y sin enfrentar proceso por las violaciones a los derechos humanos y los abusos cometidos durante las jornadas del 21 y 28 de noviembre del 2020.

Sara Solórzano
Periodista profesional egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, futura abogada y notaria. El centro de mi vida es Dios. Comprometida con la verdad y la justicia. Amante del buen café
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