Antejuicio espurio

La ley y la jurisprudencia establecen que el juzgador que conoce de un Amparo no puede ser perseguido por las opiniones vertidas en el ejercicio de esa función y, sin embargo, la Junta Directiva del Congreso de la República inició un proceso de antejuicio en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad con la intención de separarlos del cargo y concretar, de esa manera, una ruptura de nuestro ordenamiento legal descabezando a la institución encargada precisamente de velar por el imperio de la legalidad en el país.

Es preocupante lo que ocurre porque la Corte Suprema de Justicia conoce de la denuncia en contra de los magistrados y debe decidir si le da trámite para que sea el mismo Congreso el que decida si procede o no la formación de causa en contra de los magistrados. En otras palabras, se da el extraordinario caso en el que los acusadores son juez y parte en el proceso que se tendría que seguir luego de una denuncia evidentemente espuria que es el colofón de una serie de acciones interpuestas para descabezar a la Corte de Constitucionalidad. No olvidemos que una Asociación de Dignatarios de la Nación accionó en iguales términos luego de recibir una jugosa subvención del mismo Congreso, lo que indica que hay una pauta definida en el esfuerzo por desarticular a la CC.

La Corte Suprema de Justicia ha sido valladar para detener todos los antejuicios en contra de los miembros del Pacto de Corruptos, pero ha sido ágil para tramitar los que van en contra de gente no comprometida con ese tenebroso arreglo y por ello es que preocupa lo que pueda resolver la CSJ ahora que tiene entre manos el proceso iniciado para despojar de inmunidad a los miembros de la Corte de Constitucionalidad, situación sumamente grave porque rompe el Estado de Derecho y genera un verdadero caos legal en el país y elimina por completo la certeza jurídica tan cacareada por los que se aliaron para la expulsión de la CICIG.

Los ciudadanos no podemos permanecer al margen de este sórdido proceso porque el mismo tendrá efectos y repercusiones muy serias en la vida nacional y abre la puerta para otros atropellos a la ley que tienen la finalidad de asentar la dictadura de la corrupción que ahora gozaría del beneplácito del mayor poder mundial que puede, como lo hizo con la reelección en Honduras, dar un espaldarazo al abuso y la ilegalidad. Porque todo lo que ahora se trama tiene que ver con el sometimiento de Guatemala ante Trump.