En su oportunidad, el presidente Alejandro Giammattei declaró que él creía que este tema se trataba más de una “irresponsabilidad administrativa” que de un fraude. Foto: La Hora/Archivo.

Por Karen Quintanilla
kquintanilla@lahora.com.gt

Ayer, el presidente Alejandro Giammattei explicó las nuevas disposiciones temporales que tendrán vigencia por 15 días. Según el mandatario, las medidas fueron establecidas con la intención de mitigar los contagios por Covid-19, que en las últimas semanas ha generado un repunte significativo.

Giammattei enfatizó en la realización de reuniones, grupos o manifestaciones en varias ocasiones durante su intervención, y dentro del Decreto Gubernativo 4-2021, en su artículo 4, lo señala al menos en sus primeros tres puntos.

Analistas consultados por La Hora expresaron su preocupación por la orientación y finalidad de estas nuevas reglas, que con especial mención señalaron al inciso 2 del artículo mencionado, donde establece «Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se lleve a cabo sin la debida autorización o si habiéndose autorizado se efectuare sin las medidas sanitarias necesarias, portando armas u otros elementos de violencia…».

Foto Ilustrativa. El mandatario enfatizó a no crear aglomeraciones ni manifestaciones. Foto: La Hora/Christian Gutiérrez

Pues en los últimos días, algunos grupos de civiles se han manifestado en contra de las acciones tomadas por el Congreso de la República, ante la juramentación de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC).

PDH: LE TEMEN A LAS MANIFESTACIONES

Zulma Calderón, defensora de la Salud, indicó al respecto que estas decisiones no están orientadas en la salud «parecieran que son aisladas y responden nada más a una situación puntual a un momento puntual de lo que está ocurriendo», refiriéndose a las discusiones y manifestaciones ciudadanas en contra de las acciones por parte del Congreso en relación a las magistraturas de la CC.

Además, indicó que esas normas denotan que su principal objetivo es violentar el derecho a manifestar, porque considera que, durante su intervención, el mandatario no mencionó temas relevantes.

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El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, mencionó en relación que las medidas tomadas por el presidente y su gabinete, que salvo el Vicepresidente que votó en contra, «más pareciera estar preocupado por el reciente malestar social en contra de su gobierno», que preocupado por la enfermedad, argumentó.

Agregó que las medidas son «mediocres y opacas», lo que podría según el procurador, traducirse al temor de las manifestaciones y la repulsa popular.

Rodas comentó que «no se encuentran preocupados por la salud del pueblo sino en blindarse de las protestas sociales», esto en relación a la manera en que el presidenciable se excusó ante la falta de vacunas, pues «se le escapa de las manos» la fabricación y distribución de las mismas.

Además, indicó que, si no fuera por Israel y la India, quienes donaron una cantidad significativa de dosis, con las que se ha inmunizado a la mayoría del personal médico en primera línea, continuaríamos esperando.

Zulma Calderón, defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Foto La Hora

ROSAL: LIMITACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Renzo Rosal, analista político independiente, señaló que las decisiones tomadas por el mandatario son «tardías», pues en su opinión estas normas sanitarias debieron emplearse desde antes de Semana Santa, para evitar el alza.

Así mismo, cuestionó que en reiteradas ocasiones y por lo menos en 3 de los incisos del acuerdo gubernativo, habla acerca del tema de las manifestaciones públicas, «hay una intención abierta el delimitar Derechos Humanos en este caso el derecho a la protesta de la manifestación, pero no relacionado al tema de la pandemia sino en relación a la Corte de Constitucionalidad, el proceso viciado que se llevó a cabo recientemente en el Congreso de la República», explicó.

Renzo Rosal, analista y politólogo independiente. Foto La Hora

En la misma línea, expuso que estas acciones implican «de forma directa y expresa el estar afectando derechos de orden constitucional», que reiteró no se vinculan con la pandemia.

Rosal dijo que el uso de mascarilla, el distanciamiento social y la prohibición de bebidas alcohólicas en ciertos horarios, sí eran normas necesarias, sin embargo, el mandato podría no estar centrado en ello.

Para esta nota se intentó conocer la postura de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies); sin embargo, el analista consultado indicó que aún desconocía detalles de lo que incluía el Decreto referido. De pronunciarse se consignará en esta nota.

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CIEN: MANIFESTACIONES SOLO PODRÍAN DISOLVERSE SI PONEN EN RIESGO LA SALUD

Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), opinó al respecto, que dicho inciso del decreto es una transcripción de la Ley de Orden Público.

Además, explicó que las manifestaciones solo podrían disolverse si estas ponen en riesgo la salud de los participantes.

Por otro lado, enfatizó en que este Estado de Prevención es estrictamente sanitario y que lo que se busca con estas restricciones es lograr mitigar los contagios que han tenido un alza significativa en las últimas semanas.

Francisco Quezada del CIEN, opinó acerca del decreto anunciado por el Presidente Giammattei Foto La Hora