Analistas: Caso por “Ley Tigo” desnuda alianzas con clase política

Analistas consideran que el Caso de la Ley Tigo impactará positivamente en el proceso electoral porque desnuda a la clase política. Foto La Hora

Por Eder Juárez
ejuarez@lahora.com.gt

Luego que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron ocho solicitudes de antejuicio entre las que destacan una contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares y otra contra el diputado y candidato oficial (FCN-Nación) a la presidencia, Estuardo Galdámez, analistas consideran que con este nuevo caso se tendrá un impacto positivo en el proceso electoral pues desnuda a la clase política guatemalteca.

Los requerimientos de retiro de inmunidad son para profundizar en una investigación a una estructura que supuestamente dirigía la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quien mediante promesas de dinero habría asegurado la aprobación de leyes, asignación de cargos directivos, entre otros asuntos en el Congreso por medio de la bancada del Partido Patriota entre los años 2012 y 2014.

Uno de esos casos involucraría a la empresa de telefonía Tigo y la aprobación en 2014 del decreto 12-2014, Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad, que según la investigación benefició a la entidad comercial Tigo; Valladares en ese entonces era directivo de la Fundación de la compañía.

Según el politólogo Renzo Rosal, este caso tiene varias ramificaciones y una de ellas impacta directamente en el proceso electoral, que contribuiría siempre y cuando se den con lugar los antejuicios, a ir limpiando un poco la mesa de los actores políticos de Guatemala, que se han beneficiado de la corrupción y de esos procesos de tráfico de influencias, de las coimas, contribuyendo al debilitamiento de la institucionalidad del Ejecutivo o puntualmente del Legislativo.

“Tendrá un impacto de orden positivo, siempre y cuando procedan los antejuicios, el hecho de que estén implicados 7 diputados actuales incluido el candidato presidencial del oficialismo, un candidato a alcalde de Chinautla, entre otros, es la evidencia y la constatación de los niveles tan profundos que por medio de los sobornos se ha llegado a aprobar leyes que son de beneficio estrictamente particular, en este caso la famosa Ley Tigo, pero reitero para el proceso electoral tendrán que ser positivos”, manifestó Rosal.

Rosal agregó que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberán, indistintamente de la ruta jurídica del proceso de antejuicio, aplicar el artículo 113 constitucional.

“El caso es de tal contundencia que debería de arrojar que las personas implicadas no tienen la reconocida honorabilidad o la idoneidad para ocupar cualquier cargo, indistintamente de la ruta jurídica, la ruta política indica que el Tribunal debería de reunirse de emergencia y poder llevar a cabo por unanimidad el acuerdo para derogar las candidaturas de las personas involucradas”, señaló Rosal.

Por su lado, Edgar Ortiz, de la Fundación Libertad y Desarrollo, indicó que este caso desnuda la cloaca que tenemos en la clase política de Guatemala, “simplemente está exponiendo la corrupción que ya sabemos que existe, pero que no específicamente estaba en un expediente judicial, pero tampoco mina el proceso electoral porque se trata de un candidato con la más remota posibilidad de ganar, más bien es un candidato irrelevante en las elecciones, es decir, no se tendrá un impacto en el evento electoral, cosa contraria hubiera sido que el caso fuera contra un candidato que puntea en las encuestas, pero en este caso no, simplemente fortalece el proceso electoral porque pone de manifiesto quien tiene problemas con la Ley”.

Agregó que, en el 2015, el propio TSE se negó a adjudicarles cargos a los diputados Gudy Rivera, a Mirza Arreaga y a Emilenne Mazariegos por el mero hecho de iniciarse diligencias de antejuicio contra ellos.

Entonces, si el TSE aplica el mismo criterio que fue avalado por las cortes, es probable que deba evaluar si no revoca la inscripción de estos candidatos que tienen un proceso de antejuicio en su contra.

“De acuerdo con sus propios estándares en el 2015, basta con que tengan un antejuicio pendiente para que pierdan la idoneidad y la honradez que existe en la Constitución”, manifestó Ortiz.