Por Eder Juárez
ejuarez@lahora.com.gt

Luego de que La Hora diera a conocer que la Junta Directiva del Congreso de la República autorizó el pago de indemnizaciones a por lo menos veinte trabajadores contraviniendo la Constitución Política de la República, analistas consideran que dichas indemnizaciones lesionan y debilitan el Estado de Derecho con un saqueo orquestado entre autoridades y sindicalistas.

El abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, aseguró que lo defectuoso de las indemnizaciones en el Congreso es el pacto colectivo, porque incurre en una serie de violaciones a la Ley y a la Constitución, pero el problema es que quien lo tiene que denunciar o legalmente reclamar es la Contraloría, el Ministerio Público la Procuraduría General de la Nación y no lo hacen.

“Sí efectivamente le están dando 33 años de indemnización a un trabajador y la Constitución establece que el mínimo son diez, hay una violación de la Ley” dijo el jurista.

Orellana indicó que se han planteado inconstitucionalidades a los pactos colectivos, por ejemplo recuerda haber presentado una acción de inconstitucionalidad por el pacto de condiciones de trabajo de los empleados del Ministerio de Salud, lo que hasta ahora la CC no ha resuelto.

Agregó que hay una lesividad monetaria que es grave y además de la lesión se da un debilitamiento del Estado de Derecho, “porque se cacarea de tener Estado de Derecho, pero es muy precario, que funciona nada más cuando hay interés de que funcione y la mayoría de veces no funciona”.

Por su parte Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, indicó que en el caso de las indemnizaciones al personal del Congreso hay un contubernio entre las autoridades de ese Organismo y los sindicatos.

“Hemos visto un patrón en todos los Ministerios, es un saqueo orquestado por autoridades y sindicalistas y obviamente estamos hablando de autoridades que no les importa ni un comino la institucionalidad u obtener resultados de la función pública, simplemente son saqueadores profesionales del erario público», manifestó Marroquín.

Agregó que en este caso debería de haber una actuación inmediata de la Contraloría General de Cuentas y de la Procuraduría General de la Nación que se supone que está para velar por los interese del Estado y sus finanzas obviamente y del Ministerio Público, “pero lamentablemente este Gobierno ha llevado al país a perder la poca institucionalidad que tenemos y hay un sometimiento de las instituciones a este tipo de conductas”, señaló el analista.

Diario La Hora
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