A menos de cinco meses de que la Ley de Competencia esté obligada a comenzar la evaluación de casos por posibles prácticas anticompetitivas, la Superintendencia enfrenta un desafío que trasciende lo técnico: resolver una crisis de gobernanza que mantiene en incertidumbre el liderazgo de la institución y pone a prueba su capacidad para llegar preparada al 9 de diciembre, fecha en que asumirá plenamente sus funciones.
De esta cuenta, la Superintendencia de Competencia de Guatemala busca encontrar la estabilidad en su operación, ya que a pulsos internos mantienen a la institución en una zona gris, a pesar de que la renuncia anunciada por el Superintendente, de momento, parece que no se hará efectiva.
Entre dimisiones, divisiones evidentes entre miembros del directorio y plazos críticos por atender, la Superintendencia avanza en lo que puede, mientras empresarios no disimulan su decepción ante estos tumultuosos inicios.
RECONOCEN RETOS Y AVANCES
El problema estalló en marzo, cuando el superintendente Jorge Miguel Castillo presentó su renuncia. El Directorio la recibió y convocó a elegir sucesor.
Un mes después, cuando se agendó el punto sobre la renuncia, el director Edgar Guzmán, electo por la Junta Monetaria, interpuso una recusación contra el presidente del Directorio por presunto «adelanto de criterio».
LaHora.gt publicó en mayo pasado, que según un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la misma superintendencia, se debía proceder con la designación del nuevo jefe de la Superintendencia conforme al artículo 50 de la ley, que faculta al directorio a realizar dicho nombramiento según el procedimiento que dicho órgano colegiado determinará.
El criterio está contenido en el informe DAJ-021-026, emitido el 25 de marzo y obtenido por LaHora.gt mediante una solicitud de acceso a la información pública.
En el documento, la Dirección de Asuntos Jurídicos sostiene que debe aplicarse la sustitución inmediata de la máxima autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de competencia en Guatemala.
La recusación frenó todo. Hoy, dos meses después, el expediente sigue en la Procuraduría General de la Nación esperando respuesta a un recurso de reposición, pero el mismo queda sin materia porque en paralelo, el superintendente informó la semana pasada que retirará su renuncia.
Se intentó tener la postura del Presidente del Directorio, Javier Bauer pero no fue posible obtener una declaración.
A pesar de lo evidente, según Luis Velásquez, Director Suplente del Directorio, la renuncia no ha paralizado a la institución porque “él sigue en el cargo” y dejar la plaza vacía habría descabezado legalmente a la Superintendencia, ya que la representación legal recae solo en el superintendente.
Velásquez defiende que el Directorio ha avanzado: reformó el reglamento interno de trabajo para hacer concursos de oposición, lanzó dos convocatorias públicas para intendente y director administrativo, y ya tiene nombres para nombrar esta semana.
Estos funcionarios serán clave para comenzar procesos administrativos que agilizarán el funcionamiento de la Superintendencia, como el alquiler de instalaciones, compras de software y hardware, y otras contrataciones que continuarán dándole forma a la institución.
Velásquez asegura que hay un plan de trabajo 2026 con 58 actividades prioritarias y que el 70% de tareas están avanzando para llegar listos a diciembre.
PREOCUPACIÓN MÁXIMA ENTRE EMPRESARIOS
La lectura del sector privado es distinta.
La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) hizo un llamado directo al Directorio de la Superintendencia de Competencia: priorizar la estabilidad institucional por encima de las diferencias internas y garantizar condiciones técnicas para que la ley no se quede solo en papel.
“El Directorio tiene la responsabilidad legal de garantizar el adecuado funcionamiento de la Superintendencia de Competencia y de ejercer las atribuciones que la ley le confiere con objetividad e independencia”, señaló AmCham.
La Superintendencia de Competencia no es un trámite más. Para el analista de la Universidad Rafael Landívar, Adolfo Lemus, es el instrumento clave para que Guatemala tenga una economía de mercado que funcione y genere confianza.
“Es un elemento fundamental para fortalecer la economía de mercado y generar confianza en el país”, aseguró. Su función es directa: prevenir prácticas anticompetitivas como acuerdos entre empresas para fijar precios, el abuso de posición dominante y concentraciones económicas que dañen al consumidor.
En términos de mitigación de riesgos, Lemus la considera “vital”, porque es la única entidad que podrá detectar, investigar y sancionar conductas que hoy distorsionan el mercado.
Si no llega preparada, el costo será alto. “Existe el riesgo de que pierda hasta cierto punto la capacidad de generar los efectos para los cuales fue creada”, advirtió Lemus.
Según el analista, un arranque débil tendría 3 consecuencias inmediatas: limitar la detección e investigación de conductas anticompetitivas, generar incertidumbre en los agentes económicos y retrasar la construcción de una cultura de competencia en el país.
Lemus plantea que la Superintendencia, además de sancionar, debe prevenir. Eso implica desarrollar guías, criterios técnicos y programas de cumplimiento que le digan al sector empresarial cómo cumplir la normativa antes de cometer una infracción.
FALTAN EQUIPOS TÉCNICOS
Por su parte, para Dulce Veras, directora Ejecutiva del Consejo Nacional Empresarial -CNE-, expresa que es “grave” que a julio de 2026 aún no esté definida la estructura organizacional ni contratados los equipos técnicos clave.
Refirió que la intención del superintendente de dejar sin efecto su renuncia profundiza la incertidumbre y proyecta una señal de inestabilidad institucional, afirmó.
Para Veras, lo prioritario es que el Directorio resuelva inmediatamente la situación, establezca un procedimiento transparente, meritocrático y jurídicamente sólido, y nombre a una persona con independencia, capacidad técnica, y compromiso «inequívoco» con la defensa de la competencia.
Advirtió que los directores “no representan a los órganos que los designaron” y que su deber es con la ley y los consumidores, no con sectores.
PLAZO CRÍTICO
¿Qué está en juego? El 9 de diciembre de 2026. Ese día entran en vigor las facultades para recibir denuncias, investigar, sancionar y controlar concentraciones económicas.
Velásquez destaca que ya hay apoyo del Centro Internacional de Comercio para elaborar manuales que definirán cómo se examinarán denuncias y se calcularán indicadores.
También se hizo un taller con consultores internacionales para ajustar el diseño institucional.
Para AmCham, la implementación efectiva de la Ley de Competencia depende de que el ente regulador cuente con las condiciones institucionales, técnicas y operativas necesarias para ejercer sus funciones de manera independiente y eficiente.
En ese sentido, la Cámara reiteró su disposición de acompañar el proceso: “Desde AmCham Guatemala hemos manifestado, desde el inicio del proceso, nuestra disposición para brindar apoyo técnico y compartir buenas prácticas internacionales que contribuyan al fortalecimiento institucional y a la correcta implementación de la ley, siempre respetando la independencia de la Superintendencia y el ámbito de sus competencias”.
Por su parte, Veras propone 5 condiciones para no fallar en esta acometida:
- Resolver ya los recursos legales y nombrar superintendente por mérito.
- Aprobar estructura y contratar personal técnico en investigación económica y jurídica.
- Firmar convenios con INE, SAT, Banguat y reguladores.
- Continuar aprovechando la cooperación internacional.
- Hacer abogacía de competencia para que empresas y ciudadanos entiendan la ley.
Añade que el informe de barreras regulatorias que la Superintendencia ya pidió a instituciones públicas debe convertirse en reformas concretas.
“Llegar al 9 de diciembre sin estas condiciones pondría en riesgo la aplicación efectiva de una de las reformas económicas más importantes de las últimas décadas”, dijo la directora del CNE.
Lemus de la URL lo refuerza, diciendo que la autonomía de la entidad no es negociable: “Es indispensable garantizar su independencia técnica, administrativa y presupuestaria, evitando cualquier tipo de influencia política o económica en sus decisiones”.
Los consultados coinciden en que los principales retos son institucionales y de tiempo, y reconocen que, sin legitimidad, independencia y capacidad técnica, la ley corre riesgo de no aplicarse efectivamente.
Al cierre de esta edición, LaHora.gt no había recibido respuesta de otras autoridades de la Superintendencia, o sectores empresariales consultadas. Este espacio se actualizará oportunamente cuando lo hagan.
La Superintendencia de Competencia es la autoridad autónoma creada por el Decreto 32-2024 para velar por la libre competencia en Guatemala. La dirige un Directorio de 3 miembros titulares y 3 suplentes nombrados por el Presidente, el Congreso y la Junta Monetaria del Banco de Guatemala.
Hoy la tarea pendiente no es solo técnica. Los consultados coinciden que es de gobernanza. Si el Directorio no resuelve la crisis de dirección y no blinda el proceso de nombramientos, el país llegará a diciembre con una entidad sin dientes.
El costo lo pagarán las empresas y los consumidores que esperaban mercados más abiertos y sin abusos.
