POR KATERIN CHUMIL
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Manuel Benedicto García Lucas, exjefe del Estado Mayor General del Ejército, y otros siete militares retirados enfrentarán juicio por desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, según ordenó la jueza de Mayor Riesgo «A», Claudette Domínguez.
Los siete sindicados son acusados de la desaparición de más de 500 civiles entre 1981 y 1988. Las osamentas de las víctimas fueron localizadas en las instalaciones de lo que fue la Base Militar 21, ahora conocida como el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), en Cobán, Alta Verapaz.
Además de Lucas García, la jueza Domínguez encontró suficientes evidencias para enviar a juicio a Juan Ovalle Salazar, César Augusto Cabrera Mejía, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito, Byron Humberto Barrientos, César Augusto Ruiz Morales y José Antonio Vásquez García.
En el caso de Gustavo García Rosales e Ismael Segura Abularach, la togada consideró que los señalamientos en su contra eran incongruentes con las pruebas presentadas, por lo que declaró la clausura provisional del proceso.
Otro sindicado, Luis Paredes Nájera, fue separado del trámite debido a que presentó problemas de salud. El juzgado ordenó que se le practicara una evaluación médica.
Mientras la jueza daba a conocer su resolución, afuera de la Torre de Tribunales familiares de las víctimas y de los sindicados manifestaban por un fallo justo.
Este caso fue descrito por la Fiscalía como una de las investigaciones más grandes sobre desapariciones forzadas en América Latina. Las autoridades, con ayuda de la Fundación Guatemalteca de Antropología Forense, localizaron 558 osamentas, de las cuales 90 corresponden a menores de edad; solo 97 víctimas fueron identificadas por ADN.
Durante la acusación, el Ministerio Público explicó que las osamentas pertenecieron a hombres y mujeres no combatientes, muchos de los cuales fueron atados de pies y manos para ser ejecutados de un tiro en la sien. Otros presentaron señales de tortura.
Además de las osamentas, la Fiscalía cuenta con testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas, así como expedientes del Ejército desclasificados, en los que se detallan los planes de contrainsurgencia.
La jueza de Mayor Riesgo indicó que será el Tribunal «A» el encargado de celebrar juicio en contra de los 8 militares retirados.
