Desde la independencia de nuestros países –lo que fue la América hispánica o iberoamericana si incluimos a Brasil– no solo no fuimos capaces de establecer regímenes auténticamente democráticos sino que las élites criollas (las “oligarquías”) continuaron vinculadas a las nuevas metrópolis (Londres en el siglo XIX y posteriormente Washington) de modo tal que el régimen neocolonial que se constituyó perdura hasta la fecha. Los presidentes que hace poco acudieron obsecuentes a “la cumbre de los vasallos” en Mar al Lago (la residencia de Trump, para marcar simbólicamente aún más la subordinación) son el mejor ejemplo de esa dependencia neocolonial que caracteriza la relación de casi todos nuestros países con el imperio norteamericano. Y el ataque militar a Venezuela y el secuestro de su presidente o los nuevos regímenes derechistas que conducirán Perú y Colombia han empeorado la situación que padecemos en la región. Para nuestra mala suerte la decadencia imperial y las derrotas sufridas en sus aventuras militares contra Rusia e Irán le han obligado a replegarse en nuestro subcontinente, de allí que hayan resucitado la mal recordada “doctrina Monroe” para justificar su renovado intervencionismo.
Lo antes señalado nos sirve para contextualizar lo ocurrido en nuestro país cuando por órdenes imperiales un centenar de diputados votaron para colocar de nuevo a un tal Barreto en la Corte de Constitucionalidad. De poco sirvió todo el esfuerzo realizado para que la magistrada nombrada por el Colegio de Abogados fuese una persona proba y decente porque junto a la también honorable magistrada nombrada por la presidencia de la república solo hacen dos votos, de manera que nada pueden hacer frente a los de Barreto, la magistrada impuesta por el usurpador de la Usac y otra señora nombrada desde los años de Pérez Molina por una Corte que de “suprema” ya no tiene absolutamente nada pues responde a los intereses del pacto de corruptos.
A lo anterior hay que agregarle los jueces venales que, en el marco del poder paralelo destinado a persecuciones políticas que la señora Porras impuso al MP, mantienen en la cárcel a personas como Luis Pacheco y Héctor Chaclán –dirigentes de los 48 Cantones castigados por defender el voto popular y cuya movilización le permitió a Bernardo Arévalo llegar a la presidencia– y en el exilio a innumerables exfiscales, periodistas, abogados y activistas sociales de manera que, en la práctica –dada la moderación de un presidente que se dedica a administrar porque está convencido que vivimos en un Estado de Derecho cuando la realidad dice lo contrario– ya que Guatemala se encuentra gobernada, de facto, por una verdadera dictadura judicial. Es el señor Barreto y sus adláteres quienes en la práctica deciden las cuestiones políticas de fondo y, por ende, gobiernan y lo hacen dictatorialmente no solo por no haber sido electos sino por defender intereses contrarios a los de la mayoría de la población.
Y ponemos énfasis en el término político porque es a eso a lo que se dedica la famosa “Corte Celestial”, a tomar decisiones políticas, no jurídicas y, mucho menos, a defender la Constitución. En el caso de la Usac es más que evidente lo que acabamos de decir. Es por eso que tanto la prudencia del mandatario como la moderación de los dirigentes de DIRE –notable en las declaraciones de Aníbal García, Hada Alvarado o Rodolfo Chang– que se apegan al terreno legal son tan sorprendentes, ya que parten de la idea que todos nos movemos en el marco de un Estado de derecho cuando los hechos demuestran que el terreno está minado por el pacto de corruptos y a ellos se debe que se sufra constantemente de la arbitrariedad propia de la dictadura judicial que padecemos, pues aún cuando existan fallos apegados a la ley (como el que ordena repetir las elecciones de rector) estos son revertidos por las instancias superiores o enviados a otras instancias judiciales para demorar indefinidamente los fallos correspondientes.
Es por ello que el Frente Amplio por la Democracia dirigió una Carta Abierta calzada por las firmas de más de un millar de ciudadanos al Presidente de la República plantándole la necesidad de tomar decisiones políticas para terminar con la crisis universitaria. Una casa de estudios que dejó de ser académica para convertirse en botín, en donde no solo los fondos públicos (más de cinco mil millones de quetzales provenientes de nuestros impuestos ) se manejan a sabor y antojo de la pequeña “dictadura interna” (no se cumple con hacer elecciones de los miembros del Consejo Superior que tienen el período vencido, no se acredita a los cuerpos electorales de la oposición en las elecciones de rector) no puede continuar utilizando la autonomía como parapeto de ilegalidad.
Ninguna institución descentralizada y autónoma, sean estas municipalidades, el deporte, el banco central o el seguro social tiene “patente de corzo” para proceder como “Estado dentro del Estado” gracias a su autonomía. Es inaudito que debido a semejante aberración se decida el cierre del campus y cuando los estudiantes protestan y luchan por reabrirlo –como ocurrió esta semana– la policía acuda “por órdenes de la CC” (según declaraciones de un jefe policíaco en entrevista radial) y contemple impávida, cruzada de brazos, como las fuerzas de choque del usurpador ¡hacen disparos al aire y utilizan extintores para reprimir a los estudiantes! Si la universidad deja de ser un centro académico de estudios y producción de conocimientos para convertirse en instrumento de represión al servicio dictadorzuelos cleptócratas pierde su razón de ser, debe recuperar su autonomía de conformidad con lo ordenado por el fallo que ordena repetir las elecciones y el gobierno debe garantizar que se cumpla con lo ordenado por el tribunal de primera instancia.
Además el Ministerio Público debe actuar de conformidad con la ley procediendo a incoar las acciones penales contra el usurpador que estaban detenidas por la complicidad e impunidad que caracterizó el sistema paralelo ya mencionado, mientras la ciudadanía en general debería mantenerse activa para promover una reforma del sector justicia que garantice que en el futuro estos atropellos dejen de cometerse. Hay una oportuna iniciativa de la entidad civil Poder Ciudadano que busca recoger firmas para pedir al Congreso aprobar reformas constitucionales destinadas a terminar con las corruptas comisiones de postulación, garantizar que los magistrados de las Cortes de Apelaciones lleguen a esos cargos en el marco de la carrera judicial y una nueva forma de elección de los magistrados de las altas cortes. También se busca evitar que sus miembros se conviertan en pequeños dictadores inamovibles estableciendo una normativa que permite su remoción cuando se apartan de la ley. En síntesis, la crisis política en que se encuentra la educación superior pública de este país requiere de una solución política. Agotar los recursos jurídicos es procedente pero es evidente que sin un abordaje político no será posible salir del impasse actual.
