La consolidación del segundo período rectoral de Walter Mazariegos en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), mediante procesos electorales fraudulentos y en medio de recursos judiciales que la Corte de Constitucionalidad (CC) anula sistemáticamente para proteger al destazador de universidades, ha evidenciado una marcada inacción del profesorado sancarlista. Esta parálisis, caracterizada por el temor y la ausencia de pronunciamientos públicos colectivos, menos individuales, no representa un fenómeno coyuntural, sino que se enraíza en una crisis estructural de larga data de la institución.
Hoy he revisado varios artículos míos y de colegas sobre el porqué los docentes –y ni qué decir de los pocos investigadores– no dicen ni pío ante la captura de la Universidad Pública. En mi serie La perpetua crisis de la Usac (2026), publicada en La Hora, he descrito esta crisis como una expresión concentrada de la crisis del Estado guatemalteco, marcada por patrones de captura institucional, normalización de la corrupción y uso patrimonial del poder.
Esta cooptación no es accidental, sino el resultado de un diseño institucional obsoleto que convirtió a la universidad –con su rol en la integración de órganos de justicia– en un botín político apetecible.
En mi columna Crisis universitaria (2025), documento episodios concretos de control autoritario, como la visita del usurpador del cargo de rector a campus regionales, acompañado de guardaespaldas armados, desalojos de estudiantes y restricciones a la prensa, violando principios básicos de autonomía y libertad de expresión. Estos eventos ilustran cómo la institución ha sido permeada por lógicas de poder que priorizan el control sobre la misión académica. Ni que decir sobre el ataque a los estudiantes y profesores en resistencia que se opusieron al primer fraude de 2022.
En columnas anteriores sobre la primera pseudoelección del pseudorrector, he señalado cómo la captura de la Usac forma parte de un patrón más amplio de erosión institucional, en el que la universidad pública ha perdido progresivamente su capacidad de innovación, investigación y crítica social. La “eterna crisis” no es solo interna, sino reflejo de desigualdades estructurales y legados históricos de exclusión que facilitan la cooptación.
Para profundizar en las raíces de la inacción de los docentes sancarlistas, es importante revisar el marco de análisis de Carlos Figueroa Ibarra en su libro El recurso del miedo: Estado y terror en Guatemala. Figueroa Ibarra argumenta que, tras el golpe de 1954, el terror estatal se constituyó como un mecanismo estructural de gobernabilidad, generando un consenso pasivo y desarticulando resistencias a través del miedo internalizado.
En el caso universitario, este legado se manifiesta en formas contemporáneas: temor a represalias, aislamiento profesional y una cultura de silencio que inhibe la agencia colectiva. La parálisis del profesorado es, en este sentido, un síntoma de la persistencia de ese “recurso del miedo” en la vida institucional.
Esto ha producido, por diseño, la ausencia de pensamiento crítico en la Usac, lo que le impide cumplir sus funciones constitucionales (formación, investigación, difusión cultural y solución de los problemas nacionales). Una universidad que “deja de pensar” reproduce estructuras de exclusión y forma profesionales acríticos, perpetuando el ciclo de captura. En este punto, los argumentos de Mariano González en su columna “El fracaso de Walter Mazariegos” (Plaza Pública, 30 de junio), resultan fundamentales.
Sin embargo, este diagnóstico histórico y estructural no implica fatalismo. Debemos impulsar una reforma profunda de la gobernanza universitaria: superar el monopolio institucional, introducir mecanismos de rendición de cuentas, evaluar la eficiencia terminal y la calidad, y priorizar la autonomía académica sobre el control político. Cada uno de estos elementos debe desarrollarse en grupos de trabajo que replanteen un nuevo sistema de educación superior para Guatemala, despolitizado y resistente a futuras capturas por parte de mafias.
El cambio no vendrá exclusivamente desde adentro –donde predominan el silencio y la manipulación–, sino que requiere un impulso decidido desde la sociedad civil, las autoridades y una redefinición del rol de la educación superior. Tenemos una responsabilidad ética y epistémica: transitar del temor heredado a la reconstrucción de espacios de debate plural, al apoyo de las resistencias estudiantiles y a la defensa de la universidad como bien público.
La coyuntura actual en la Usac constituye un momento crítico para la educación superior guatemalteca. Debemos superar esta parálisis no solo con diagnósticos rigurosos, sino con acción colectiva informada que restaure la vocación crítica y transformadora de la universidad pública. Hagámoslo guatemaltecos. Salvemos a nuestra Universidad Pública. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
