En términos lingüísticos por definición, la impunidad es la falta de castigo y suele decirse que esta lacra estimula al delincuente a continuar burlando la ley y evadiendo la justicia. Eso mismo sucede en Guatemala, donde las instituciones del sistema de justicia secuestradas por redes de corrupción e impunidad llevan años tolerando, estimulando y protegiendo actos y acciones ilegales de dichas redes, cuyo resultado es el predominio del manto de impunidad y la extensión de la corrupción a todos los niveles en instituciones públicas y privadas, en otras palabras, la impunidad y la corrupción se “han normalizado” en la vida nacional, tal como lo afirmó en una ocasión el expresidente Jimmy Morales, que por cierto él mismo luego de cometer actos de corrupción sigue protegido por la impunidad.
Para efectos de promoción turística se afirma que “Guatemala es el país de la eterna primavera”, pero en sentido contrario dadas las condiciones citadas antes y con apego a la realidad actual, ahora puede decirse en sentido eufemístico y coloquial que Guatemala es el país de la eterna impunidad. Esta afirmación quedó plenamente demostrada durante los años en los que trabajó en el país la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG, que gracias al arduo trabajo profesional desarrollado por sus investigaciones puso al descubierto varias de estas redes criminales de mafiosos, incrustadas tanto en el sector público como en la empresa privada, dedicadas a sustraer fondos públicos para beneficio de intereses personales y corporativos.
Fue la CICIG la que reveló los actos corruptos e impunes de altos funcionarios de Gobierno y del Estado comprometidos en el saqueo del presupuesto nacional que, como sabemos, por esos actos fueron separados de sus cargos, sometidos a juicios y condenados a prisión el ex presidente Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti y varios ministros de su Gobierno.
Por esta misma Comisión, supimos del financiamiento ilegal que un grupo de empresarios de élite hizo a determinados partidos políticos de ideología derechista, quienes ante los evidentes señalamientos de la CICIG a lo que se denominó “el pecado original de la política”, tuvieron que pedir disculpas públicas. Fueron estos mismos empresarios y políticos corruptos quienes desarrollaron un lobby ante el Gobierno estadounidense, durante el primer mandato del señor Trump y siendo presidente de Guatemala el señor Morales, para declarar non grato al Comisionado y decidir no renovar el mandato de la CICIG, por lo que esta concluyó su trabajo en Guatemala. Desde entonces, se agudizó e incrementó la corrupción e impunidad.
Luego el mismo presidente Morales nombró como fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) a la señora Consuelo Porras, quien después fue confirmada para un segundo período por el presidente Alejandro Giammattei. Durante la doble gestión de Porras al frente del MP, cuya institución tiene el monopolio de la investigación penal, la impunidad creció en lugar de disminuir, los ejemplos saltan a la vista, se favoreció a grupos y actores corruptos, por su medio, fueron liberados varios convictos, además, inició persecución y criminalización de actores civiles que denunciaron y combatieron la corrupción tales como fiscales, periodistas, defensores de derechos humanos, administradores de justicia, jueces y magistrados. A estos hechos, se agrega la creación de una especie de policía interna, un cuerpo de seguridad fuertemente armado para intimidar al personal del MP y al público usuario. El nuevo fiscal general Gabriel García Luna denunció que Porras “formó un gobierno paralelo”, que destruyó la carrera fiscal, al haber destituido a un promedio de 800 a mil trabajadores afectando la labor de investigación de los delitos penales.
Otra muestra clara de impunidad es la crisis creada en la única universidad pública del país, la Universidad de San Carlos de Guatemala Usac, derivada de las sucias maniobras fraudulentas por todos conocidas, ejecutadas por el señor Walter Mazariegos y miembros del Consejo Superior Universitarios (CSU), para imponer como rector en un segundo período a Mazariegos, quien al igual que la señora Porras, creó una policía universitaria dedicada a intimidar y reprimir a la comunidad estudiantil y académica, tal como ocurrió esta semana durante los acontecimientos del miércoles 1 de julio del presente año.
Dejar pasar el fraude cometido en la Usac para reelegir al señor Mazariegos como máxima autoridad académica, es fomentar la impunidad y sentar un grave precedente que bien puede ser la antesala a repetirse en las próximas elecciones generales, convocadas para el 2027.
