POR G. ORTÍZ Y S. RAMOS
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La forma en que el Partido Patriota (PP) utilizó un conglomerado de empresas para financiar ilícitamente su campaña electoral es una práctica que, hasta ayer, era un secreto a voces, ya que esa misma costumbre la han utilizado los partidos políticos durante décadas, aseguran expertos tras conocer el detalle de la investigación realizada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Desde antes de que 2 millones 300 mil 979 guatemaltecos llevaran a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti al Gobierno, el PP recibió desde el 2008 al 2011 unos Q67 millones de manera oculta que entregó el propietario del Grupo Albavisión, Ángel González –Q17 millones–, y las sociedades anónimas manejadas por Juan Carlos Monzón, exsecretario de Baldetti y su contador, Víctor Hugo Hernández –Q50 millones–, según lo que pudo contabilizar el MP y CICIG en su investigación.
Sin embargo, la práctica que detalló por más de tres horas la fiscal Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez, no es nueva, ni únicamente del PP, sino es un ejercicio recurrente de varios partidos que han gobernado el país, dijo Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).
Para Hidalgo, “lo develado por el MP y la CICIG es la confirmación de que varias agrupaciones políticas han involucionado a bandas de amigos, amarradas a proyectos patrimonialistas, razón por la que privilegian proyectos de enriquecimiento particular por sobre programas, políticas públicas y proyectos de beneficio y cobertura para la población”.
El entrevistado cree que las prácticas en que incurren los partidos al financiar de forma ilícita sus campañas electorales dejan en evidencia la falta de compromiso que tienen esas agrupaciones con la democracia, con la institucionalidad del Estado y con la población a la que representan. En el caso de Pérez Molina y Baldetti, a los más de 2.3 millones de guatemaltecos que votaron por ellos en el balotaje del 2011.
El director del Incep hizo énfasis en que las prácticas develadas por el MP y CICIG son “posibles gracias a la ausencia de ciudadanía activa”.
CACICAZGOS
Para Jorge Wong, del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, la investigación del MP y CICIG, evidencia los “cacicazgos” que operan en los partidos y las relaciones que estos tienen con empresarios, con medios de comunicación y hasta con personas que no se postulan a un cargo público, pero que deciden por esas agrupaciones partidarias.
Además, evidencia la falta de herramientas que tenía el Tribunal Supremo Electoral (TSE), al no poder fiscalizar las finanzas de los grupos políticos más allá de lo que presentan a la auditoría electoral. Por eso, con la reciente aprobación de las reformas electorales el TSE debe hacer la efectiva aplicación de las mismas en aspectos de financiamiento para evitar que sigan dándose más casos como los denunciados.
Por este caso, Álvaro Pop del Organismo Naleb, dijo que habría que entender que los movimientos políticos no son los corruptos, sino son las personas que integran los mismos, ya que estos son los que han destruido la capacidad de representación y articulación que posee una agrupación partidaria, como lo evidenció el Ministerio Público con los exgobernantes Pérez Molina y Baldetti.
