POR KATERIN CHUMIL
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La estructura criminal que cooptó el Estado, liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, tuvo socios para lograr sus propósitos. Las investigaciones han identificado más de una decena de empresarios que pagaron comisiones ilegales a cambio de obtener adjudicaciones de contratos millonarios.
De acuerdo con Carmen Aída Ibarra los esfuerzos de la justicia no deben dejar de apuntar hacia los corruptores. “Faltan personas que deben ser investigadas, porque la carga está puesta en los funcionarios y los que eran intermediarios, mientras que los empresarios solo han sido señalados. No se ha llegado al corazón del verdadero problema”, indicó.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron ayer que al menos 450 contratos de distintas instituciones estatales se negociaron a través del entramado de corrupción del exbinomio presidencial, generando ganancias ilegales de Q500 millones.
Edgar Celada, analista judicial del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad San Carlos opina al respecto que “la corrupción siempre es un fenómeno de doble vía, lo preocupante del caso es el nivel de la diversificación, ya que hay muchas empresas, bancos, medios de comunicación, constructoras, en este caso no hubo sector empresarial que no fuera a tocar esta estructura”.
Para el experto, el sistema económico guatemalteco tiene tal deformación que las empresas encuentran “natural” usar al Estado como una vía para hacer negocios, sin importar si estos son lícitos o ilícitos. “En el ámbito empresarial se critica mucho al Estado, pero al momento de hacer negociaciones, lo único que cuenta es su interés de lucrar”, explicó.
Helen Mack, representante de la fundación Myrna Mack, coincide con Celada y señala que la forma de operar de la estructura criminal del Partido Patriota no es nueva. “La corrupción viene desde los gobiernos anteriores y allí es donde se pierde la conciencia de los actos éticos y no éticos. Las empresas, al contraer los contratos no lo ven mal, aquí vemos que son grupos ilegales y legales, están dentro de las instituciones y afuera de ellas. En estos grupos se organizan y forman una red”, dijo.
EL CASO
Las investigaciones identificaron tres modalidades de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito: a través de canales de televisión abierta, con la triangulación de fondos de financiamiento y por medio de la adjudicación de contratos del Estado.
Entre los señalados se encuentran directivos de Banrural y G&T Continental, la esposa del magnate de la televisión, Ángel González; los representantes legales de Sigma Constructores, y Enrique Castellanos, el gerente general de Claro, entre otros empresarios de peso.
MÁS INFORMACIÓN
Encuentre en nuestro reportaje Listado de corruptores, según el MP y la CICIG, así como el resto de personas involucradas en el Caso Cooptación del Estado de Guatemala.
