El presidente Bernardo Arévalo afirmó que el Gobierno mantiene una postura firme respecto al proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y confió en que las acciones legales impulsadas por el Gobierno permitan corregir las irregularidades señaladas durante el proceso electoral.
El mandatario indicó que la principal muestra de esa postura es el recurso presentado ante la Corte de Constitucionalidad (CC), con el que el Ejecutivo busca que continúe el análisis del amparo relacionado con la elección de Walter Mazariegos.
Según explicó, el objetivo es que las resoluciones judiciales permitan encaminar un proceso que garantice la elección de autoridades universitarias conforme a la ley y fortalezca la legitimidad de la rectoría.
Arévalo expresó que espera que la intervención de la CC tenga consecuencias jurídicas que permitan superar la controversia generada por la elección del rector y abrir la puerta a un proceso que brinde certeza a la comunidad universitaria. “Esperamos que haya consecuencias alrededor de eso y se permita un proceso que eventualmente conduzca a las elecciones legales de un rector legítimo en la Universidad de San Carlos”, manifestó.
#AhoraLH | El presidente Bernardo Arévalo se refirió a las acciones tomadas desde el Ejecutivo en contra de la toma de posesión de Walter Mazariegos, indicando que el aplazamiento enviado a la Corte de Constitucionalidad es una de las acciones que se tomarán para las elecciones… pic.twitter.com/CDS65EgreN
— Diario La Hora (@lahoragt) June 30, 2026
Las declaraciones del presidente se producen en medio de la controversia por la continuidad de Walter Mazariegos al frente de la Usac para el período 2026-2030 y mientras el Estado impulsa acciones legales para cuestionar el proceso mediante el cual fue electo.
Como parte de esas acciones, la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó el 26 de junio un recurso de apelación directa ante la Corte de Constitucionalidad para revocar la resolución que suspendió de forma definitiva el trámite del amparo promovido por el Estado contra el Consejo Superior Universitario (CSU). Con esta acción, la representación estatal busca que la alta Corte ordene continuar con el conocimiento del caso y analice el fondo de los señalamientos relacionados con la elección del rector.
El recurso, presentado por el abogado Erick Gabriel Menéndez Avilés en representación del Estado, sostiene que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo cerró el proceso constitucional sin analizar las presuntas irregularidades denunciadas durante la elección.
Entre los cuestionamientos planteados por la PGN figuran la falta de verificación del finiquito de Walter Mazariegos, la exclusión y anulación de 16 cuerpos electorales, la integración del Cuerpo Electoral Universitario y la supuesta ausencia de quórum durante la sesión en la que fue declarado ganador del proceso.
La Procuraduría argumenta que esas actuaciones pudieron vulnerar principios constitucionales como el derecho a elegir y ser electo, el gobierno universitario tripartito, la legalidad, el debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso a cargos públicos con base en la capacidad, idoneidad y honradez.
Las acciones del Ejecutivo también se respaldan en la postura expresada previamente por Arévalo, quien sostuvo que, según la interpretación del Gobierno, Walter Mazariegos no podría asumir un nuevo período como rector debido a que no cuenta con un finiquito vigente emitido por la Contraloría General de Cuentas y enfrenta 17 denuncias que permanecen bajo investigación en el Ministerio Público.
CC da 4 horas a Sala para remitir expediente sobre amparo contra toma de posesión de Mazariegos
De acuerdo con el Ministerio Público, la Fiscalía contra la Corrupción registra 17 denuncias contra Mazariegos contenidas en distintos expedientes, algunos de los cuales fueron conexados tras determinar posibles vínculos entre los hechos denunciados. La institución indicó que las investigaciones continúan en desarrollo y que brindará información conforme avance el proceso.
El debate también se centra en la exigencia del finiquito como requisito para asumir nuevamente la rectoría. Organizaciones estudiantiles, académicos y la agrupación Usac-Dire sostienen que el documento es indispensable para acreditar que no existen reparos relacionados con el manejo de recursos públicos.
Por su parte, el Consejo Superior Universitario ha defendido que la autonomía universitaria permite continuar con el proceso de toma de posesión aun sin esa constancia, al considerar que la naturaleza jurídica de la Usac la diferencia de otras instituciones públicas.
