POR KATERIN CHUMIL
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El Ministerio Público (MP) apelará la decisión del juez décimo penal, Walter Villatoro, quien benefició a tres exdiputados y un exdirector general del Congreso con arresto domiciliario y fianzas de Q100 mil a cada uno. El fallo del juez también fue cuestionado por activistas y lectores.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, informó que en los próximos días presentarán una apelación para revocar las medidas sustitutivas otorgadas por el juez Villatoro y que los exfuncionarios sean enviados a prisión preventiva.
Los exdiputados Alfredo Rabbé, Edgar Cristiani y Carlos Herrera, así como el exdirector general del Congreso, Luis Mijangos, son señalados por la contratación irregular de personal en ese Organismo. Ayer, el juez décimo ordenó abrir un proceso penal en su contra, pero decidió que podrían permanecer bajo arresto domiciliar, mientras el caso de dilucida.
De acuerdo con el Juzgado Décimo, los sindicados pagaron Q100 mil cada uno en concepto de fianza, tras lo cual se autorizó al Sistema Penitenciario para fueran enviarlos a su casa.
La resolución de Villatoro causó rechazo en las redes sociales y comentarios negativos de activistas de organizaciones que trabajan temas de justicia.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, considera que “con el otorgamiento de la medida sustitutiva, –los diputados– podrían incidir en el curso de las investigaciones, porque tienen amigos y familiares aún en el Congreso. Algunos grupos parlamentarios podrían favorecerlos, por el poder político que manejan”.
Para Ibarra, por la magnitud de las implicaciones políticas del caso sería recomendable aplicar otro tipo de medida, como la prisión preventiva.
Helen Mack, representante de la Fundación Myrna Mack, coincide con este criterio: “Ya estando afuera, estas personas de poder, pueden obstaculizar todo el tema para que no camine rápido el proceso. Recordemos que en varios casos de interés público el juez Villatoro ha sido señalado de sus dudosas decisiones y la falta de ética en los procesos que ha llevado”, dijo.
Las acciones de Villatoro han estado rodeadas de polémica. En 2014 trascendió una fotografía de una reunión privada entre el juez y el entonces alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, quien actualmente enfrenta proceso por corrupción. Esto sucedió dos años después de que el togado levantó el embargo de cuatro cuentas bancarias de Edgar Medrano Osorio, hijo del exjefe edil.
Asimismo, Villatoro clausuró de forma provisional un caso contra el reo Byron Lima por la falsificación de documentos para obtener la redención de penas. También falló a favor del cierre del caso contra Enrique Ríos Sosa, hijo de Efraín Ríos Montt, sindicado de malversación de fondos del Ministerio de la Defensa.
La última polémica surgió cuando dejó en libertad al magistrado Érick Gustavo Santiago después del pago de una caución económica de Q50 mil.
