Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Estamos viendo cómo es que la inmunidad que se concede a los funcionarios públicos puede convertirse en un serio problema para alcanzar el ideal de que se pueda aplicar la justicia a cualquiera que incurra en un hecho tipificado como delito por nuestra legislación, puesto que los procedimientos iniciados hace ya varias semanas por el abuso de poder y actos de discriminación de diputados contra gobernadores, no llega a moverse y puede ser indicador de lo que ocurrirá con las otras acciones presentadas contra otros diputados por el tema de las plazas de trabajo en el Congreso de la República.
Pero esa es la parte visible de cómo el antejuicio se convierte en un problema serio para actuar legalmente cuando un funcionario incurre en actos delictivos. La otra parte, menos visible, es aquella que impide a los entes de investigación avanzar porque el mismo derecho de antejuicio protege al funcionario no sólo en caso de ser acusado, sino que inclusive para prevenir que sea investigado y eso es grave porque es lo que verdaderamente alienta y consolida la impunidad.
El mismo Comisionado Iván Velásquez, a cargo de la CICIG, hizo ver el pasado jueves cómo es que se dificulta recolectar pruebas en casos como el de los diputados porque la inmunidad es un serio obstáculo para avanzar en las investigaciones. Por ello es que en el fondo estamos frente a un privilegio que lejos de ser protección para los servidores públicos que lo gozan, es un auténtico parapeto que es cimiento del régimen de impunidad que hay en el país. No puede ser que exista un mecanismo que impida a los órganos de investigación que operan en el marco de la ley el accionar para determinar si una persona ha cometido un delito, de donde el antejuicio tal y como funciona en Guatemala es una auténtica aberración que amerita serio análisis.
Por supuesto que estamos nuevamente ante uno de los tantos problemas que atrapan al país e impiden su avance hacia la construcción de un sistema de igualdad ante la ley, puesto que los que tendrían facultad para cambiar el antejuicio y hasta para eliminarlo del todo son justamente los diputados que no van a querer perder el privilegio que les permite seguir en sus puestos aún y cuando haya investigaciones serias en su contra para imputarlos penalmente. Y es que además esos mismos diputados fueron los que se encargaron de elegir a los principales administradores de justicia en medio de pactos que se hacen para garantizarse mutuamente impunidad y de esa cuenta hay dilaciones como la que ahora vemos con los diputados oficialistas y la que empezaremos a ver con los diputados que fueron directivos del Congreso.
Repito que el punto más crítico del antejuicio es el que se relaciona con la inmunidad que impide que se puedan hacer verdaderas investigaciones sobre los delincuentes que ocupan cargos públicos, puesto que esa coraza es muy importante para que puedan continuar con el saqueo de la cosa pública.
