Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Este medio de comunicación, al que represento, tuvo acceso a un documento lapidario para el caso de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y para todos aquellos que contra viento y marea, apañan la corrupción argumentando la necesidad de modernizarnos.
Hemos dicho que el contrato entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) es nulo porque usaron una figura en fraude de ley, es decir, correspondía una concesión pero algunas mentes perversas, tipo las que fraguaron el negocio de Guatel (o quizá las mismas), sugirieron que era mejor hacer un usufructo porque ese proceso “lo podían controlar” más que la concesión. Si hacían una concesión no la podían teledirigir a la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), cosa que sí podían hacer con el usufructo y por eso, entre otras cosas, migraron a esa figura.
Juan Carlos Monzón contó cómo terminaron metiendo en el ajo a algunos sindicalistas de la portuaria a los que lograron callar cuando se les llegó al precio, pero resultó que otros sindicalistas guardaron un documento que repito, es lapidario.
Cuando TCB le introdujo el proyecto a EPQ, lo hizo mediante una presentación de 27 páginas que hoy reproducimos de manera íntegra, pero en el cual se establece, en su página 5, lo siguiente:
“La presente propuesta tiene por objeto establecer los términos y condiciones básicos de la CONCESIÓN PÚBLICA para la construcción y operación de la Terminal Especializada de Contenedores de Puerto Quetzal (Guatemala). Dichos términos y condiciones, más adelante deberán recogerse en el correspondiente CONTRATO DE CONCESIÓN, que las partes deberán NEGOCIAR “de buena fe” Y QUE DEBERÁ SER RATIFICADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE GUATEMALA, MEDIANTE EL CORRESPONDIENTE CONTRATO LEY.” (Las mayúsculas, comillas y negrillas son mías).
No hay que ser científico de la NASA ni doctor en derecho de Harvard para entender que el mentado usufructo que se inventaron debió ser una concesión y que los españoles, terminaron cambiando su postura porque no tuvieron ningún empacho para navegar por los ríos de la corrupción.
Así, con esas evidencias (además de las que existen con relación a los pagos que permitieron materializar el negocio del siglo) ¿cómo todavía pueden haber mentes que defienden esta cochinada? ¿ésta es la Guatemala que le deseamos heredar a nuestros hijos, una donde las cosas se hacen pensando en jugarle la vuelta a la ley?
Ayer se presentó la demanda de nulidad por parte de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el viernes pasado la representante de APM Terminal dijo que si no lograban nada con el Estado de Guatemala, demandarían a TCB y yo creo que ya deberían estar en esas, porque este contrato subsistirá SÍ Y SOLO SÍ, LA MAQUINARIA DE IMPUNIDAD DEL PAÍS FUNCIONA. Si hay arbitraje internacional, Guatemala perdería sólo si los árbitros son algunos diputados, algunos magistrados o algunos ministros o comisionados del país, porque no debería de haber nadie que le dé la razón a quienes violaron la ley.
Lo mismo aplica para los bancos que dieron financiamiento o fianzas a este espurio contrato, puesto que ya deberían estar demandando a TCB si es que desean recuperar algo porque el panorama, en un ámbito de legalidad, no les pinta bien y hacerlo, sería mostrarse del lado de la transparencia, aunque sea tarde, pero más vale tarde que nunca.
Esta es la Guatemala que hemos construido y tolerado, una en la que las cosas se logran siendo inescrupuloso y creativo, pero ese no puede ser el país del futuro y por tanto, nos urge cambiar para tener un país moderno, invirtiendo en la gente, pero sobre las bases de la legalidad.
