En política es natural que los perdedores quieran justificar su derrota diciendo que les robaron las elecciones, cosa que antaño era difícil manifestar en aquellas naciones con sólido fundamento democrático que era motivo de enorme respeto, tanto de los perdedores como de los ganadores. Otras naciones, como la nuestra, vivieron prolongadas épocas de fraudes electorales como lo que ocurrió desde 1974 a 1982 con tres elecciones abiertas y descaradamente manipuladas para colocar en el poder al designado por las tenebrosas esferas.
Sin embargo, en los últimos tiempos se ha visto como en todos lados se grita ¡Fraude! tras cada proceso electoral, al punto de que hasta en Estados Unidos, país reconocido por sus valores democráticos establecidos y respetados por el pueblo y la Constitución, se afirma que hay manipulación de los resultados electorales y se hacen esfuerzos por reformar con sesgo ese sistema que, como decimos, se hizo merecedor del respeto no solo de los norteamericanos sino del mundo entero.
Obviamente la ciudadanía de cualquier país del mundo tiene que estar vigilante para preservar su sistema político basado en la voluntad popular y garantizar la legítima representación de sus gobiernos; pero cosas como las que armó el Ministerio Público tras la última elección en Guatemala parecen estarse extendiendo como una epidemia a lo ancho y largo del mundo. Este año se han dado elecciones en varios países, especialmente latinoamericanos, en las que los perdedores afirman que les robaron las elecciones, afirmación que, como pasó en Guatemala con el empeño de Consuelo Porras, no se basan en ninguna prueba sino son simples intentos por desvalorizar el triunfo de quienes fueron electos por el pueblo.
Es indispensable que todos los países y sociedades se esfuercen por garantizar la transparencia y veracidad de los resultados electorales y debemos entender que abundan los casos en los que quienes han estado en el poder se resisten a dejarlo y usan cualquier sucio mecanismo para garantizar que el sucesor sea garante de la continuidad de los vicios. Lo vivimos nosotros en esa década tremenda que inició antes de la elección amañada de Laugerud y terminó luego de la fracasada elección de Aníbal Guevara.
Insistimos en que los fraudes han existido en muchos lugares y que los tenebrosos grupos de poder los han usado para mantener sus privilegios, pero esa epidemia actual de cuestionar cualquier resultado electoral adverso, afirmando que el contrincante ganador se robó las elecciones, está generalizando tachas que, a la larga, destruyen la democracia. Debemos garantizar la pureza del sufragio pero inventar la tesis de que se robaron las elecciones, como pasó en Guatemala en el 2023, termina siendo un severo daño para la misma democracia.
