Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La Contraloría de Cuentas ha sido, convenientemente para los fines de la corrupción, una entidad inútil que persigue a unos pocos funcionarios de poca monta, mientras se hace de la vista gorda ante los grandes trinquetes que se mueven en las esferas mayores. La dinámica, hay que decirlo, está cambiando ligeramente porque la situación creada por la CICIG y el Ministerio Público los dejaba en muy burda evidencia y de ahí que, al fin, se haya visto un modesto aire con remolino,
Pero hay un caso puntual en el que la Contraloría se ha desentendido de su deber constitucional de fiscalizar el manejo de TODOS los fondos públicos y es el relativo a los fideicomisos en los que, por virtud del secreto bancario, se le niega acceso a la información aun violando la misma Constitución de la República. El fideicomiso es una institución del derecho privado que maliciosamente se trasladó al campo del derecho público por consejo de bufetes de abogados que se especializan en recomendar medidas para impedir el control efectivo de la fiscalización y nada mejor que recurrir al secreto de los manejos de fondos en los bancos para apañar manejos oscuros tanto en el gobierno central y sus instituciones como en las mañosas municipalidades que se esmeran en negar información sobre la forma en que administran los recursos públicos.
Creo que ahora que el Contralor está sacando el pecho, es momento de que se deje ver en los bancos para que le den las cuentas de los fideicomisos constituidos con fondos públicos y, en caso de negativa, que acuda en acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para obligar a que prevalezca el mandato de nuestra Constitución que especifica y claramente establece que el control tiene que aplicarse a todos los recursos del Estado.
Pienso que sería una interesante prueba para determinar el tipo de Corte de Constitucionalidad que tenemos, pero también para sentar un precedente que nos permita iniciar el ataque frontal contra ese tipo de manejos espurios que se hacen al ir aplicando en la institucionalidad del Estado una serie de figuras de derecho privado con la intención clara y obvia de evadir controles y fiscalización.
En estos días, cuando gracias a las investigaciones serias que ha realizado la CICIG y el Ministerio Público, hay varios procesos que se ventilan, sería bueno que al menos en un caso la Contraloría de Cuentas fuera actor principal y que del cumplimiento de sus funciones se derivara algún proceso penal en contra de funcionarios y políticos mafiosos de esos que abundan en nuestro país.
Porque para contarle las costillas a un tesorero municipal de recóndito municipio no hace falta esa cantidad de recursos que se asignan a la Contraloría que, honestamente hablando, debería sentir vergüenza por la forma en que bajo sus narices se han realizado tantos negocios que salen a luz ahora por esas otras investigaciones que eran responsabilidad del ente fiscalizador y que nunca hizo.
Tal vez ahora, espoleados por la realidad, muestran un aire con remolino.
