La junta directiva del Congreso de la República se reunió este 18 de mayo con la mayoría de los jefes de bloque, la comisión de Economía, y con personal de la Superintendencia de Bancos (SIB), para discutir por lo menos cinco enmiendas que impulsan varios bloques para modificar la aprobación final de la iniciativa de ley 6593 contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo.
Varios integrantes de la junta directiva legislativa esperaban que esa propuesta de ley se volviera decreto el 12 de mayo, pero debido a que diputados de los bloques UNE, Vamos, Valor y Cabal, impulsaron cambios de fondo y de forma, el presidente del Congreso, Luis Contreras, decidió levantar la sesión para buscar los consensos en esos cambios sugeridas.
No obstante, aunque este lunes varios jefes de bloque coincidieron luego de participar en la reunión privada de lograr avances en las sugerencias, ya que son aspectos de redacción, los diputados Sonia Gutiérrez, Luis Javier López y Julio Héctor Estrada confirmaron que la enmienda al artículo 8 de la iniciativa de ley no tiene el respaldo por personal de la SIB y podría poner en riesgo dicha propuesta de ley.
La enmienda al artículo de proceso de administración del riesgo LD/FT/FPADM, señala que las personas obligadas darán cumplimiento a las disposiciones de carácter preventivo establecidas en el presente título, la reglamentación de esta ley y demás disposiciones aplicables, bajo una administración basada en riesgo, que se entenderá como el proceso integral mediante el cual las personas obligadas deben identificar, evaluar y mitigar el nivel de riesgo LD/FT/FPADM al que están expuestas, de tal forma que asignen sus recursos y establezcan medidas idóneas, conforme los siguientes riesgos:
La nueva redacción de ese artículo también se indica que las obligaciones establecidas para el proceso de administración del riesgo LD/FT/FPADM, que lleven a cabo las personas obligadas, se aplicarán conforme al principio de proporcionalidad, atendiendo a la naturaleza, tamaño, complejidad operativa y nivel de riesgo de cada persona obligada. Para tal efecto estas serán clasificadas en categorías de riesgo y capacidad operativa, con base en criterios objetivos definidos en el reglamento de esta ley, incluyendo como mínimo:
- Volumen anual de ingresos o transacciones
- número de clientes
- alcance geográfico de las operaciones
- tipo de actividad económica, y
- nivel de exposición a riesgos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo
Además, los diputados buscan definir la función de dicha clasificación
- Personas obligadas deberán cumplir con medidas diferenciadas de debida diligencia, monitoreo, control interno y reporte, acordes a su categoría
- Personas obligadas de mayor riesgo o complejidad estarán sujetas al cumplimiento integral de todas las obligaciones previstas en la ley y su reglamento
- Personas obligadas de menor tamaño o bajo riesgo podrán aplicar medidas simplificadas, siempre que no se comprometan la efectividad del sistema de prevención
«Ninguna persona obligada podrá invocar su clasificación para eludir la obligación de reportar transacciones sospechosas», agrega parte de la enmienda al artículo 8.
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REFORMULAR ENMIENDA
Estrada explicó que no solo la Superintendencia, sino que él también no está de acuerdo con la sugerencia de la enmienda al artículo 8 porque se mezclan los conceptos en dicho cambio, primero criterios subjetivos para evaluación de riesgo como tamaño, operaciones y naturaleza, para luego tratar de generar una clasificación de personas obligadas según riesgo, lo cual ese concepto no se desarrolla en toda la ley.
Por ejemplo, el entrevistado mencionó como una venta de vehículos está clasificada con mayor riesgo que otra, lo cual generaría reacción por parte de los usuarios, aunque reconoció que puede ser que no era lo que querían proponer sus colegas, sino que pareciera que querían dar criterios más leves a las personas obligadas, calificadas como pequeñas o profesionales, como tener un criterio simplificado.
«Toda la ley está hecha para que los clientes y los usuarios sean las personas que son análisis de riesgo, no para hacer análisis de riesgo de las personas obligadas, quien quería hacer la norma quería detallar más eran las reglas y reglamentos que tenían que incluir para poner las personas obligadas», resaltó el diputado Estrada.
El legislador es optimista en comentar que se puede «encontrar» un consenso y se busca reformular la enmienda que cumpla con los que la impulsan y si es compatible (con lo recomendado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), porque solo la clasificación de riesgo, pues quien la propone tiene un vacío lógico, pues en los demás artículos no se desarrolla de clasificación de riesgo para personas obligadas, que son los bancos, aseguradoras, cooperativas, inmobiliarias, venta de vehículos.
Estrada añadió que se debe desarrollar mejor los criterios para las personas y quitar la parte de clasificación a las personas obligadas.
SEGUIRÁ DISCUSIÓN
«Avanzamos bastante, estamos convocados para el próximo lunes. Es una buena reunión, los diputados pusieron sus preocupaciones, estuvieron positivos y ellos mismos pidieron reunirnos el próximo lunes. Estoy muy tranquilo con la reunión, un comportamiento ejemplar», respondió el presidente del Congreso al salir del debate.
De acuerdo con Contreras «están muy cerca» de llegar a consensos respecto a las sugerencias que habría realizado la SIB a las nuevas enmiendas, y resaltó que no ocultan «nada», y enfatizó que están «bastante cerca, y en otros puntos hay que discutirlos más».
El titular del Organismo Legislativo añadió que de las siete enmiendas presentadas este lunes, en cuatro «casi quedan» en consenso amplío, pero enfatizó que no hay dificultades en las enmiendas como la del proceso de administración del riesgo, sino que se debe revisar la redacción.
«En un porcentaje alto nos estamos poniendo de acuerdo, si las reuniones son muy públicas, cuesta trabajar, los diputados piden la palabra hacen sus comentarios, le recogen cosas que no dicen a veces. De las cuatro enmiendas que reformaban enmiendas casi quedaron consensuadas. Hay que mejorar la redacción», respondió Contreras respecto a las observaciones que ha hecho la SIB.
