La oficina todavía está vacía. No hay fotografías familiares, libros acomodados ni objetos personales sobre el escritorio. Apenas unas carpetas dispersas y funcionarios que entran y salen del despacho con documentos bajo el brazo. Han pasado solo unas horas desde que Gabriel García Luna asumió como el nuevo fiscal general de Guatemala y el octavo nivel del Ministerio Público (MP) —un espacio inaccesible para la prensa durante ocho años— vuelve a abrirse.
“Las puertas están abiertas”, dice fuera de cámaras.
La frase, pronunciada con calma, resume la primera imagen que el nuevo jefe del MP intenta construir tras la salida de Consuelo Porras, la funcionaria sancionada y vetada por 44 países que convirtió a la Fiscalía en uno de los principales focos de tensión institucional del país. Durante su administración, jueces, fiscales anticorrupción, periodistas y activistas denunciaron persecución penal, exilio y criminalización. El MP dejó de ser, para amplios sectores de la sociedad, un órgano de justicia y pasó a verse como una maquinaria de protección política.
Ahora, García Luna —designado por el presidente Bernardo Arévalo para dirigir la institución durante los próximos cuatro años— intenta marcar distancia desde el primer día y asegura que su mayor reto es recuperar la credibilidad y confianza de los guatemaltecos. Y lo hace colocando el narcotráfico y al crimen organizado como una de sus principales apuestas.
“El narcotráfico es un punto atorado”, reconoce sentado en su escritorio todavía improvisado. Habla sin estridencias, pero con una idea insistente: Guatemala perdió capacidad para enfrentar a las estructuras criminales y necesita volver a conectarse con la cooperación internacional para combatirlas.
“No se puede enfrentar únicamente desde adentro porque es un fenómeno transnacional”, sostiene.
El diagnóstico que plantea va más allá del trasiego de cocaína hacia Estados Unidos. Describe un país atravesado por redes criminales que, según explica, ya no solo utilizan Guatemala como corredor, sino como territorio de operación, distribución y lavado de dinero. “Hay violencia, hay bandas organizadas, hay extorsiones, hay prestamistas ligados a estructuras criminales”, enumera. “La población termina sufriendo”.
La entrevista la concede pocas horas después de su toma de posesión, en una conferencia en la que participaron medios nacionales e internacionales. Allí, García Luna leyó un discurso institucional y después respondió durante más de una 45 minutos preguntas sobre corrupción, impunidad, persecución política y las estructuras internas que heredó de la administración anterior.
ENFOCARSE EN DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA
El deterioro del MP es estadístico. El informe ¿Eficacia o impunidad? El desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025, elaborado por el INECIP, concluyó que la eficacia institucional cayó hasta el 6,44%, mientras más del 93% de los casos quedaron impunes, pese a que el presupuesto del MP aumentó un 162% durante esos años.
Por ello, el nuevo jefe del MP insiste en desplazar el foco únicamente de los grandes casos de corrupción hacia la violencia cotidiana que vive el país.
“El miedo ya forma parte de la vida diaria”, afirma. Habla de asaltos, extorsiones, violencia sexual y maras —algunas declaradas como terroristas por EE. UU.— como fenómenos que el MP dejó de atender estratégicamente mientras la confianza ciudadana se desplomaba.
Incluso cuestiona uno de los mecanismos más utilizados durante la administración anterior: las desestimaciones y archivos fiscales que permitían reportar miles de “casos resueltos” sin investigación real.
“Yo puedo certificar cien casos archivados y decir que resolví cien casos”, ironiza. “Pero eso no es justicia”.
La crítica apunta a una de las principales denuncias contra el MP de Porras: una institución enfocada en maquillar estadísticas para conseguir certificaciones mientras las denuncias ciudadanas quedaban atrapadas en la impunidad.
Durante la conversación, García Luna vuelve varias veces a su experiencia como juez y magistrado. Habla de independencia judicial, de pruebas sólidas y de fiscales capaces de sostener investigaciones técnicamente consistentes. También envía un mensaje a los togados del Organismo Judicial : “Hay jueces honestos y capaces que deben continuar”.
RUTA CONTRA FISCALES CUESTIONADOS Y CASOS DE CRIMINALIZACIÓN
El nuevo fiscal general llega respaldado por una expectativa poco habitual dentro del MP. Sectores que durante años denunciaron la instrumentalización del sistema penal observan su nombramiento como una posibilidad de frenar la persecución contra operadores de justicia y periodistas que investigaron corrupción en los gobiernos de Alejandro Giammattei, Jimmy Morales y Otto Pérez Molina.
Cuando La Hora le pregunta sobre los fiscales sancionados internacionalmente y señalados de utilizar procesos penales para criminalizar opositores, responde con cautela. No promete destituciones inmediatas ni purgas internas. Habla, en cambio, de revisar expedientes, estudiar actuaciones y respetar los mecanismos legales.
García Luna evita presentarse como un fiscal de revancha. “Si alguien cometió un delito, debe ser investigado”, afirma.
En ese sentido, el fiscal general, minutos antes, anunció la creación de una comisión especial encargada de revisar los casos de personas exiliadas, periodistas, operadores de justicia y ciudadanos que denuncian haber sido criminalizados durante la administración de Porras.
Según explicó, la comisión tendrá la tarea de analizar expedientes, revisar actuaciones procesales y determinar si existieron irregularidades, abusos o investigaciones utilizadas como mecanismos de intimidación. García Luna aseguró que cualquier persona que considere haber sido víctima de una persecución indebida podrá acudir al MP para solicitar una evaluación técnica y jurídica de su caso.
“La persecución sin proceso no tiene cabida”, afirmó. El fiscal sostuvo que la revisión permitirá establecer si determinadas investigaciones tenían sustento legal o si, por el contrario, fueron impulsadas sin pruebas suficientes contra actores específicos.
EL RUMBO DE LA FECI Y SU “LIQUIDACIÓN”
Uno de los anuncios que más expectativa generó durante la primera conferencia de prensa de García Luna fue el futuro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la unidad que durante años dirigió Juan Francisco Sandoval y que, bajo la conducción de Rafael Curruchiche, terminó señalada por distintos sectores nacionales e internacionales de convertirse en una herramienta de criminalización contra periodistas, jueces, fiscales y activistas.
García Luna confirmó que la fiscalía entrará en un “proceso de liquidación”, aunque se apresuró a aclarar que la medida no busca generar impunidad ni favorecer a personas investigadas por corrupción.
Según explicó, la intención es realizar una revisión integral del funcionamiento de la unidad, incluyendo expedientes, resultados, personal y actuaciones procesales de los fiscales, para determinar si algunos casos deben ser reasignados a otras fiscalías o si es necesaria una reestructuración completa.
El nuevo fiscal general sostuvo que dentro de la FECI existe personal “muy capacitado” y con experiencia, pero admitió que la fiscalía quedó marcada por una imagen de descrédito construida durante los últimos años. “Queremos una fiscalía que luche contra la impunidad”, dijo, “pero que ya no tenga la imagen con la que ha sido catalogada en Guatemala y en otros países”.
REVISARÁN CASOS SOSPECHOSOS DE IMPUNIDAD
Sobre los casos de alto impacto relacionados con estructuras de corrupción vinculadas a exfuncionarios de los gobiernos que finalizaron desestimadas o cerrados por jueces acusados de corrupción, García Luna evitó adelantar decisiones concretas, aunque aseguró que la nueva administración revisará el estado real de las investigaciones señaladas de haber sido obstaculizadas durante la gestión anterior.
El fiscal general sostuvo que la línea de su administración será “la objetividad y la legalidad” y afirmó que, aunque apenas lleva horas en el cargo, solicitará informes a cada fiscalía para evaluar expedientes y determinar si existen elementos suficientes para retomar procesos de gran magnitud.
“No podemos dejar de enfrentar casos de ese impacto”, afirmó, al reconocer que las investigaciones sobre corrupción y lavado de dinero requieren una revisión profunda para establecer si hubo omisiones, protección a determinados actores o deficiencias en la persecución penal.
Desde esa oficina, que durante ocho años permaneció cerrada para buena parte de la prensa y de la ciudadanía, García Luna promete ahora otra ruta: recuperar la cooperación internacional para enfrentar al narcotráfico, revisar los casos bajo sospecha de impunidad y reconstruir la credibilidad de una institución que, para miles de guatemaltecos, dejó hace tiempo de representar justicia.
