Mañana 17 de mayo del año 2026, termina el peor periodo de un funcionario a cargo del Ministerio público, será señala de:
- Defender a los Corruptos
- De destruir las fiscalías especiales
- De manipular el sistema judicial y politizarlo
- De despedir a profesionales especializados en materia penal
- De desmantelar el Ministerio Público
- De amenazar a diputados y empresarios
- De solapar la corrupción de expresidentes, funcionarios y operadores políticos como Alejandro Giammattei, de Otto Pérez, de Roxana Banldetti, de Jimmy Morales, de Miguel Martínez, de Alejandro Sinibaldi, de Manuel Baldizon entre otros personajes, la lista sigue.
- De debilitar las instituciones democráticas tales como el Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad
- De debilitar el sistema de justicia
- De debilitar la democracia
- De perseguir de manera espuria a ex fiscales del Ministerio Público, organizaciones sociales, administradores de redes sociales, de Jueces, de persones particulares
- De solapar el fraude del usurpador de Rector en la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos
- De investigar las denuncias de la otra línea en el Ministerio de Finanzas
- De desjudicializar casos como robos de celulares, amenazas, violencia contra la mujer entre los principales, ello en varios de los casos sin citar a los denunciantes
Por ello la historia y la ciudadanía consciente ya le juzga con objetividad los daños causados y el legado que deja la señora María Consuelo Porras Argueta madrina del caos y desorden del Ministerio Público.
Pero la señora no estaba sola, conto con toda una estructura de fiscales idiotas, corruptos, jóvenes embellecidas como buchonas, dispuestos hacer lo que la señora feudal quería, tenía a su lado a varios empresarios que pagaban lobby en Estados Unidos tan solo para tener arraigada a la democracia y las fuerzas reformadoras en Guatemala, que ojo no solo las hay en la Izquierda sino tambien en la derecha progresista y visionaria. Actuó en compadrazgo de una Corte Suprema de Justicia y algunos jueces, que a la sombra de la democracia inventaron normas y leyes, competencias y jurisdicción para según ellos aplicar la Justicia a conveniencia sin olvidar que la Corte de Constitucionalidad le hizo el favor hace cuatro años por medio de una sentencia cuestionada para ser fiscal la segunda vez, quienes tambien ignorando la norma constitucional y ordinaria no tuvieron el carácter de cumplir con lo que dice la Constitución.
La administración de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público ha sido una de las más cuestionadas en la historia reciente de Guatemala, no solo por los resultados institucionales, sino por la profunda erosión de confianza ciudadana que ha provocado. Lo más grave no es únicamente la percepción internacional negativa, sino la sensación interna de que el Ministerio Público dejó de ser un ente autónomo para convertirse en un instrumento selectivo de persecución y protección política.
Bajo su gestión, numerosos fiscales anticorrupción, jueces independientes y operadores de justicia fueron perseguidos, criminalizados o empujados al exilio. En lugar de fortalecer las investigaciones de alto impacto, el Ministerio Público pareció concentrar sus esfuerzos en desmontar los avances logrados durante los años en que Guatemala empezó a combatir estructuras de corrupción con cierta seriedad. El mensaje institucional fue devastador: investigar a las élites políticas y económicas podía costarle la carrera —o la libertad— a cualquier fiscal.
La credibilidad del Ministerio Público sufrió un deterioro internacional sin precedentes, sobre todo con el Gobierno de Estados Unidos quien el Departamento de Estado le bautiza como una funcionaria que favorece la corrupción, vaya título, quitándole la visa a ella su círculo cercano, acción que fue replicada por los Gobiernos extranjeros de 41 naciones, así como los organismos de derechos humanos y entidades multilaterales señalaron reiteradamente preocupaciones sobre el uso político del sistema penal, hecho que no fue un accidente diplomático sino la consecuencia de años de decisiones que proyectaron al Ministerio Público como una institución alejada de la imparcialidad y más cercana al cálculo político.
Durante su administración se consolidó la impunidad selectiva y colectiva. Casos relacionados con corrupción pública parecían avanzar lentamente o quedar estancados, mientras que opositores, periodistas críticos, activistas y exfiscales enfrentaban procesos rápidos y agresivos. Esa desigualdad en la aplicación de la ley destruye el principio básico de cualquier democracia: que la justicia debe ser igual para todos.
Otro punto severamente criticable es el deterioro de la confianza ciudadana. El Ministerio Público debería representar seguridad jurídica, independencia y defensa de la legalidad. Sin embargo, para amplios sectores sociales terminó representando miedo, arbitrariedad y politización. Cuando la población deja de creer en su sistema de justicia, el daño institucional puede tardar décadas en repararse.
La administración de Consuelo Porras NO SERÁ RECORDADA por modernizar el sistema penal ni por fortalecer el Estado de Derecho, sino por profundizar la polarización institucional y debilitar la legitimidad de una de las instituciones más importantes del país. Muchos consideran que su legado dejó un Ministerio Público más aislado, más cuestionado y menos confiable que el que recibió.
Por ello el nuevo fiscal Gabriel Estuardo García Luna de recuperar dicha institución, empezando de cero, despidiendo encausando se plegaron a la corrupción y exigirle cuentas no solo administrativas sino penales.
Porras Argueta cumplió con creces sus compromisos a favor de los ex gobernantes Jimmy Morales Cabrera y Alejandro Giammattei Falla, a quienes sus actos de corrupción no fueron investigados, lo que obliga a García Luna, abrir las investigaciones y deducir responsabilidades de la corrupción en los regímenes pasados y exigir que los órganos de justicia cumplan con los postulados constitucionales, deduciéndoles las responsabilidades civiles y panales.
En su última nefasta presentación, se «lavo la cara», haciendo acusaciones sin fundamento. Intentó dar a conocer su último informe sin la presencia de la prensa, evadió dar declaraciones. Se desconoce cuál será el futuro de Porras Argueta, si permanecerá en el país. En medios políticos se dice asegura que diputados de «la oposición», pretenden postularla como candidato presidencial en los próximos comicios, ese fue el compromiso que hicieron para evitar que se les enjuiciara por lavado de dinero y otros actos ilícitos.
Sobre la espalda y la consciencia de la ex jefe del ente investigador, quedara marcada en la historia jurídica-política del país, al fraguar un «supuesto golpe del estado» para evitar que el hoy presidente Bernardo Arévalo de León, tomara posesión, donde jueces corruptos aceptaron las denuncias sin fundamento que presentó el Ministerio Público, despojando de la «primacía» que, por ley, tiene el Tribunal Supremo Electoral, para sustanciar los procesos electorales.
Arévalo, al juramentar a García Luna, lo exhortó para que cumpla con lo que indica la Constitución. Sin embargo, le será difícil actuar con tales principios, por ocho años Porras Argueta, abrió fiscalías especiales y designo para esos cargos a sus allegados, que deben ser trasladados a otras áreas dentro del Ministerio Público, pero antes debe cambiar el pensamiento, levantar una estadística de la mora que hay en varias fiscalías y promover acciones en los tribunales, y desistir de varios procesos que se sustancian por venganza, cuestiones políticas y espurias. Casos concretos de los dirigentes indígenas, Héctor Chaclán y compañero y del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien esta enjuiciado ilegalmente al haber sido severo crítico del corrupto ex presidente Giammattei.
En futuro de Porras y sus allegados es incierto. Se desconoce si permanecerá en Guatemala o bien opta por buscar refugio en Panamá, El Salvador y otros países. Tiene vedado pisar tierras americanas y europeas, por su marcado parcialismo en su gestión como jefe del Ministerio
El pueblo tiene confianza en García Luna, quienes un prestigio profesional del derecho, que tiene experiencia y así lo demostró en la Comisión de Postulación que le otorgó al ser evaluado una alta calificación.
Se espera que el funcionario debe confianza, hacer una total reorganización en todas las fiscalías nombrando personal de confianza, que, de puertas abiertas a la prensa, que por ley debe hacer una radiografía diaria del trabajo que realizará en bien de Guatemala, sin sesgos políticos y no se deje manejar por grupos afines que han dañado por años al país, que tras bambalinas manipularon a la ahora ex jefe del Ministerio Público Porras Argueta, que fue sindicada de haber plagado la «tesis doctoral» y de otras anomalías en el pasado, y falta aún la auditoria financiera de la institución que sería la corona del pastel.
Empero GUATEMALA NO DEBE DE TENER JAMÁS FUNCIONARIOS PÚBLICOS INCAPACES, PLEGADOS A PODERES POLÍTICOS, FÁCTICOS Y ECONÓMICOS, COMO LO FUE MARIA CONSUELO PORRAS ARGUETA.
