El nuevo Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna, recibe desde este 17 de mayo una institución erosionada por la desconfianza pública: más del 93% de los casos permanecen en la impunidad, decenas de fiscales y jueces anticorrupción continúan en el exilio o enfrentan procesos espurios, y la estructura interna de la Fiscalía carga con señalamientos de haber convertido la persecución penal en un instrumento político durante los ocho años de gestión de María Consuelo Porras, aseguran entrevistados.
A ello se suma otra deuda menos visible, pero igual de profunda: el abandono de las denuncias ciudadanas, muchas veces reducidas a desestimaciones y archivos fiscales utilizados para sostener estadísticas de gestión, hechos denunciados por fiscales que se postularon como candidatos a Fiscal General.
El desafío no será únicamente desmontar la maquinaria de criminalización denunciada durante los últimos años. También deberá reconstruir la capacidad misma del MP para investigar delitos en un país marcado por la corrupción, la violencia y la crecida del narcotráfico, según analistas consultados por La Hora.
La salida de Porras cierra un ciclo de ocho años marcado por 44 sanciones de países que le prohíben ingresar a su territorio, cuestionamientos sobre el uso político del MP y el desmantelamiento progresivo de las fiscalías que investigaban grandes casos de corrupción. Pero el cambio de nombre al frente de la institución no supone, por sí solo, una transformación inmediata.
FRENAR LA CRIMINALIZACIÓN
“La principal tarea del nuevo fiscal general es que cese la criminalización”, sostiene Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala y actual directora para Centroamérica y México de CEJIL. “Sobre todo frente a las personas que están privadas de libertad en este momento con cargos totalmente fabricados, con cargos espurios”.
Paz y Paz, quien también vive en el exilio, considera que existe una expectativa nacional e internacional de que el nuevo fiscal revierta las dinámicas de persecución política impulsadas durante la gestión de Porras. “Eso es lo que esperan los ciudadanos y también lo que han demandado organismos internacionales”, afirma.
Sin embargo, advierte que García Luna hereda una estructura profundamente deteriorada desde dentro. “Hace unos días yo mencionaba que esa Fiscalía va a ser un territorio minado”, señala. “Si el fiscal ahora nombrado no toma control de la institución, le va a ser muy difícil llevar a cabo su labor”.
La exfiscal general apunta especialmente a las redes internas que, según afirma, se consolidaron durante la administración de Porras. “Un gran desafío va a ser identificar las redes de corrupción e impunidad que se encuentran adentro del MP e investigar todas aquellas faltas o delitos que se hayan cometido en el ejercicio del cargo”, sostiene.
Parte de esa reconstrucción, agrega, pasa por recuperar a fiscales de carrera destituidos ilegalmente durante los últimos años. “Fiscales que daban casos de gran corrupción, graves violaciones de derechos humanos o investigaciones sobre pandillas, narcotráfico y crimen organizado”, enumera. “En la medida en que se reinstalen estos fiscales injustamente despedidos o que se vieron obligados a renunciar, se van a poder retomar casos donde la actuación del MP ha sido lamentable”.
Pero los retos del nuevo fiscal general no se limitan a desmontar los casos de criminalización. También deberá responder a una ciudadanía golpeada por la violencia y la impunidad cotidiana. Paz y Paz advierte que el MP debe volver a atender con eficacia delitos que afectan directamente a la población, como las extorsiones, el sicariato, el narcotráfico y la violencia contra las mujeres.
“Tenemos casos donde los jueces han regañado a la fiscalía por no presentar bien las pruebas”, señala. “Pero también están los casos que afectan la cotidianidad de las y los ciudadanos”.
RECUPERAR LA EFICACIA
Las cifras reflejan el deterioro que describen los analistas. El informe “¿Eficacia o impunidad? El desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025”, elaborado por INECIP, concluyó que la eficacia institucional cayó hasta 6,44%, mientras más del 93% de los casos quedaron impunes, pese a que el presupuesto del MP aumentó un 162% durante la gestión de Porras.
Para Hugo Mangione, coordinador de programa de Centroamérica y Caribe del INECIP, el principal reto de García Luna será demostrar que el MP todavía puede investigar con resultados concretos.
“El próximo Fiscal General no solo tiene el reto de frenar la criminalización arbitraria e indebida, sino principalmente el desafío de reconstruir la capacidad del MP para impactar eficazmente sobre la criminalidad y dar respuestas a la ciudadanía”, afirma.
Los que denuncian extorsiones tienen poco Consuelo: 94% de las denuncias quedan en nada
Mangione considera que el MP perdió capacidades esenciales de investigación criminal estratégica. “La corrupción, el narcotráfico o la violencia vinculada a las pandillas requieren fortalecer herramientas de análisis criminal y económico-financiero que permitan intervenir en los mercados criminales”, explica. “La independencia no será suficiente. García Luna también deberá recuperar la eficacia del MP”.
UNA RUTA BIEN DEFINIDA
Pero desmontar las estructuras construidas durante los últimos años no dependerá únicamente del nuevo fiscal. Muchos de los expedientes de criminalización ya avanzan en tribunales y continúan bajo control de jueces sancionados de haber acompañado la ofensiva contra operadores de justicia independientes, aseguran los entrevistados.
“Eso no se va a resolver de la noche a la mañana”, advierte Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia. “Muchos casos ya están en control judicial y hay jueces que eran parte de toda la trama de criminalización”.
Ibarra considera que García Luna necesitará construir estrategias de mediano plazo para revertir los casos abiertos contra fiscales, periodistas, líderes indígenas y defensores de derechos humanos. “Habrá acciones que el fiscal general pueda ordenar a corto plazo, pero la mayoría van a ser a mediano y largo plazo”, señala.
También pide cautela frente a las expectativas de depuraciones inmediatas dentro del MP. Sectores ciudadanos esperan sanciones rápidas contra fiscales que encabezaron investigaciones cuestionadas durante la administración de Porras. Pero Ibarra considera que repetir despidos masivos podría reproducir los mismos patrones arbitrarios.
“Si él llega solamente despidiendo gente, estaría haciendo lo mismo que hizo Consuelo Porras”, afirma. “Habrá que exigir que tenga estrategias y rutas de trabajo para acabar con la criminalización y enderezar sanciones eventualmente contra los responsables”.
En el centro de todas esas expectativas aparece una pregunta más profunda: si el MP todavía puede recuperar legitimidad después de ocho años de confrontación política y desmantelamiento institucional señalado por diversos organismos internacionales.
Paz y Paz lo resume como el reto decisivo del nuevo fiscal general: “Que recupere la confianza ciudadana en la institución. Es su mayor bien”.
