La construcción de la cárcel «El Triunfo» en Izabal sigue en el limbo debido a que los recursos legales que presentó el Ministerio de Gobernación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) todavía no son conocidos por los magistrados.
El titular de la cartera de Seguridad, Marco Antonio Villeda, explicó en una citación en el Congreso de la República que se encuentran a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva la apelación que se planteó luego de que una Sala Mixta de Apelaciones suspendiera el 31 de marzo pasado la edificación del centro de detención autorizado por el Congreso de la República.
«Sin el pronunciamiento de la Corte esto no puede tener viabilidad, estamos a la espera de esa resolución», resaltó Villeda.
El funcionario explicó que la apelación presentada en la CC busca revertir el amparo provisional que suspendió la obra. Asimismo, indicó que se planteó un recurso en la CSJ, ya que la Sala Mixta de Apelaciones, luego de emitir el amparo, se inhibió de continuar conociendo el caso.
Villeda respondió que uno de los argumentos que se plantearon en la apelación para retomar la construcción del centro de detención cuestiona la legitimidad de los cuatro amparistas, así como la competencia de la Sala Mixta de Apelaciones, ya que todo se basa en supuestos, posibilidades y probabilidades, y no hay nada concreto respecto a riesgos para otorgar el amparo por supuesta violación a los derechos.
A la vez, el funcionario evidenció que la Sala Mixta de Apelaciones no fijó audiencias tanto para Gobernación como para el Ministerio de la Defensa para pronunciarse y dar argumentos previo a otorgar la medida.
El Triunfo un centro de condena en medio de fincas e historia con el crimen organizado
#AhoraLH | El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, responde por los proyectos que se contemplan realizar con el presupuesto de este período, entre ellos la cárcel El Triunfo.
📹✍️: Joel Maldonado/LH pic.twitter.com/MDrvWRVUxg
— Diario La Hora (@lahoragt) May 13, 2026
CUESTIONA A MAGISTRADOS
El diputado Orlando Blanco cuestionó la decisión de los magistrados que otorgaron el amparo provisional, ya que considera que cometieron el delito de prevaricato para buscar favorecer a ciertos grupos.
Los congresistas aprobaron Q500 millones para la construcción de la cárcel de máxima seguridad para pandilleros, declarados como terroristas en la Ley Antipandillas, por lo que el Organismo Ejecutivo solicitó una ampliación del presupuesto para cumplir con esa orden luego de que la CC suspendió el presupuesto general de la Nación.
