Cuando no existían los juegos electrónicos y los niños se entretenían de otra forma, así como jugaban tenta también respondían “yo machete” cuando un adulto, al ofrecer como regalo algo, gritaba: “¿Quién quilete”? El primero que daba la respuesta recibía inmediatamente el producto ofertado y eso mismo parece estar pasando con el famoso Documento Personal de Identificación (DPI) extendido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala.
Ayer se supo del caso de la hija de un hondureño, capo de la droga, quien se escondía en Guatemala y fue detenida pese a que se identificó con un DPI extendido por el Renap, caso similar al del mexicano capturado en Argentina, -también por tema de drogas- quien tenía un documento de identidad extendido por la entidad guatemalteca, lo que obliga a entender que algo está realmente podrido, al punto de hacer extremadamente fácil que cualquiera pueda terminar con un DPI guatemalteco. No olvidar el caso del marero que también operó con un DPI falso.
Hay varias razones para que ello ocurra. La primera, por supuesto, es la forma en que la corrupción se ha generalizado en los estratos de la administración pública, no solo mediante los contratos millonarios que se hacen y que benefician a las altas autoridades, sino también en temas menores que permiten a empleados hacerse de ingresos adicionales. La otra razón, tal vez hasta más importante, es la ausencia de interés de las entidades encargadas de la investigación criminal para actuar en todos los casos relacionados con la corrupción, inactividad que termina siendo un aliento para cualquiera porque saben que aquí el que la hace nunca la paga.
El caso de la facilidad para obtener DPI falsos en Guatemala es un ejemplo de cuánto se ha llegado a pudrir toda la institucionalidad y es que los empleados, cuando se enteran de que algo puede haber tras la compra de un sistema biométrico de millones de quetzales, sienten que a cuenta de qué ellos no van a ser también beneficiados por esas prácticas que además de haberse generalizado, están garantizadas por la impunidad que se decretó desde hace ocho años, tiempo que lleva el Ministerio Público enterrando cualquier denuncia relacionada con el tema.
Salir de ese estado de podredumbre requiere más que buenas intenciones pues, obviamente, el mal está tan enraizado que ya no se limita a uno que otro funcionario sino que cualquier “vivo” puede sacarle provecho. La labor del nuevo jefe del Ministerio Público va a ser tremenda si es que realmente queremos volver a que impere la ley y que quien incurra en delito termine en la cárcel, como debe ser.
El Quién quilete que es norma en muchas facetas de la administración pública y debe terminar; ello solo será posible si acabamos con la impunidad.
