POR KATERIN CHUMIL
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El Juzgado B de Mayor Riesgo analiza si el Caso TCQ debe continuar en un órgano del ramo penal o si la discusión sobre las irregularidades del contrato de usufructo oneroso con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal tendrá que ser resuelta en un juzgado del ramo civil, como lo solicitó la defensa del expresidente Otto Pérez Molina.
La defensa de los sindicados abogó por que el proceso sea trasladado hacia lo civil, lo que permitiría que sus clientes salieran libres.
César Calderón, abogado el exmandatario, aseguró que es necesario que un juzgado civil analice la legalidad del documento para luego determinar si se cometió un delito.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, señaló que la solicitud de la defensa no procede, ya que aunque el contrato sea legal fue firmado a través de actividades ilegales.
El requerimiento de Calderón será resuelto el próximo jueves, según programó el Juzgado B.
