La ausencia del Ministerio Público (de la administración que dirigió María Consuelo Porras) en la audiencia programada para iniciar su juicio y una apelación sin resolver terminaron por aplazar durante más de un año el proceso penal contra Claudia González, exmandataria de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y defensora de varios exfiscales exiliados por la persecución judicial en Guatemala. El debate, previsto para comenzar el pasado 5 de mayo, fue reprogramado hasta mayo de 2027 por el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal.
La Fiscalía, de la era de Porras, acusaba a González de abuso de autoridad por actuaciones realizadas mientras colaboraba con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en una investigación por tráfico de influencias contra la fallecida exmagistrada Blanca Stalling. Para la abogada, el nuevo retraso no es un incidente administrativo, sino una prolongación deliberada del castigo.
“Los casos se mueren con el tiempo”, sostiene en entrevista con La Hora. “Es un caso tan burdo, tan sin sentido, que lo quieren alargar para que la gente lo olvide”.
Stalling fue acusada y detenida en 2017 después de que el entonces juez Carlos Ruano —hoy exiliado— denunciara presiones para favorecer en un caso de corrupción a Otto Molina Stalling, hijo de la exmagistrada y exdirector del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), para que el togado lo beneficiara con arresto domiciliario.
Han pasado casi tres años desde que fiscales y agentes policiales tocaron a su puerta la madrugada del 29 de agosto de 2023 para capturarla. González recuerda ese episodio como una mezcla de humillación y ruptura definitiva con la idea que tenía del sistema de justicia.
“Ir esposada y con grilletes por un hecho que no es delito fue profundamente injusto”, dice. “Antes uno pensaba que el sistema perseguía criminales. Ahora no hay credibilidad ni en jueces ni en magistrados”.
La abogada, que durante años ha litigado casos de alto impacto relacionados con corrupción y estructuras de poder, asegura que el desgaste no ha sido únicamente judicial. El proceso, afirma, también ha limitado su vida profesional y personal. Explica que, aunque permanece en libertad, continúa bajo señalamiento permanente, con restricciones para participar en cargos públicos y sometida a campañas de hostigamiento en redes sociales.
“Es una forma de castigo prolongado”, afirma. “A las mujeres que participamos activamente en espacios públicos nos buscan callar de esta manera”.
Durante años, González ha sido una figura habitual en los pasillos del MP y la Torre de Tribunales, especialmente en los últimos años tras asumir la defensa de exfiscales y exintegrantes de la FECI perseguidos luego de la destitución de Juan Francisco Sandoval en 2021. Entre sus defendidos estuvieron Virginia Laparra y otros operadores de justicia ahora exiliados.
Por eso, sostiene que su captura también tuvo un efecto intimidatorio para el resto de abogados que asumían este tipo de casos. “El mensaje fue claro: no se metan en estos temas”, afirma. “Ningún abogado debería ir a prisión por hacer su trabajo”.
La acusación en su contra, añade, carece incluso de sustento jurídico básico. El delito de abuso de autoridad, explica, no puede atribuirse a una mandataria de la extinta comisión porque nunca fue funcionaria pública. “Hasta alguien que no sea abogado entiende eso”, dice. “Por eso este caso responde más a una lógica política que jurídica”.
González también describe un deterioro profundo del sistema judicial guatemalteco. Habla de jueces que, según su visión, dejaron de actuar con independencia y comenzaron a utilizar el derecho penal como herramienta de represalia, la cual ha sido denunciada en informes internacionales desde hace ya un lustro.
Uno de los nombres que menciona es el del juez Jimi Bremer, quien conoció parte de su proceso —la primera declaración y etapa intermedia—. Lo recuerda como un juzgador abiertamente alineado con el MP de Porras y hostil hacia su defensa.
“Había momentos en los que uno entendía que no importaban los argumentos jurídicos”, relata. “Me dijo directamente: ‘Aquí el juez soy yo y usted se va presa’”.
Las restricciones a la prensa y las audiencias a puerta cerrada, cuestionadas entonces por organizaciones internacionales, respondían —según González— a la necesidad de evitar el escrutinio público sobre decisiones judiciales sin fundamento.
“No hay justicia en Guatemala”, sentencia. “La poca que existe está siendo reprimida”.
La exmandataria de la CICIG asegura que sí contempló abandonar el país cuando comenzaron las primeras capturas de exfiscales y operadores de justicia en 2022. El avance de la criminalización, las campañas de desinformación y las amenazas hicieron que el exilio apareciera como una posibilidad real. Sin embargo, decidió quedarse.
“Mi familia fue mi ancla”, cuenta. “Hablamos de las consecuencias de irme o quedarme y decidí enfrentar esto aquí para demostrar que lo que está ocurriendo no es legal”.
No se arrepiente, aunque reconoce el alto costo que ha tenido la decisión. “Es un precio muy alto”, admite. “Pero espero que mi caso también sirva para evidenciar que los procesos contra otros colegas fueron construidos sin fundamento”.
La salida de Porras —sancionada por más de 40 países por sus acciones corruptas y antidemocráticas— el 17 de mayo, abre ahora un nuevo escenario político y judicial. González evita hablar de cambios inmediatos en su caso, porque considera que el proceso ya está demasiado avanzado. Pero cree que una nueva administración podría modificar el rumbo de investigaciones futuras y ponerle fin a los casos de criminalización.
Sobre la llegada del nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, dice esperar un enfoque centrado en la corrupción e impunidad. “Guatemala necesita volver a investigar las grandes estructuras de corrupción”, afirma. “Ahí está el verdadero problema del país”.
Aun así, reconoce que hay días en los que el desgaste pesa más que la esperanza. La semana pasada, dice, se sintió derrotada tras conocer el nuevo aplazamiento de su juicio. Después volvió a pensar en los jóvenes que siguen movilizados y atentos a lo que ocurre en el sistema de justicia.
“Eso me da ánimo”, subraya. “Pensar que todo esto puede servir para demostrar lo que pasó y evitar que otros tengan que pasar por lo mismo”.
GABRIEL GARCÍA LUNA ANUNCIA EL CIERRE DE LA FECI
Posterior a la redacción de esta entrevista, el nuevo Fiscal General para el período 2026-2030, Gabriel García Luna, en tanto, aseveró ante los medios y en su primera conferencia de prensa que, la FECI, antes dirigida por Rafael Curruchiche entrará en una etapa de liquidación.
Según indicó el nuevo jefe del ente investigador se entrará en un proceso de «análisis serio», de momento, no se ha manifestado cuál será la forma de transición y que pasará con los casos que están a cargo de la FECI.
Nuevo Fiscal General anuncia que cerrará la FECI, hasta ahora liderada por Curruchiche
