Raúl Molina
Hace un año propuse que el Movimiento Ciudadano por la Dignidad llevara al país a la reforma o refundación del Estado. Ante un Poder Ejecutivo carcomido por la corrupción, un Congreso ilegítimo e inoperante, un sistema judicial en las ruinas y una Corte de Constitucionalidad (CC) al servicio de los “poderosos”, ninguna medida paliativa podía sacar a Guatemala de su profunda crisis. Dije, junto a otros, que no debían realizarse las elecciones y que urgía un gobierno provisional y el llamamiento a una Asamblea Nacional Constituyente de los Cuatro Pueblos (ANCP). Al llegar al cuarto mes del desgobierno actual, es fácil ver que teníamos razón: al caer en la trampa electoral de la Embajada y el CACIF, lejos de salir de la crisis, vivimos su profundización. El binomio presidencial está en la cuerda floja, el Congreso es inoperante y la Corte Suprema de Justicia, la CC y los partidos políticos han perdido la confianza general.
La necesidad de la refundación del Estado, clamor de la Asamblea Social y Popular y otros sectores, entre ellos los pueblos indígenas, recibió respuesta de la Plataforma para la Reforma del Estado, encabezada por la Usac, limitada a la reforma. Los sectores más marginados plantean con justa razón la refundación y no solamente la reforma. Se debe recoger del Acuerdo de Paz Firme y Duradera el postulado de que Guatemala está constituida por cuatro pueblos –Garífuna, Ladino, Maya y Xinka– que deben gozar los mismos derechos individuales, además de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Cualquier reforma al sistema de justicia, como proponen los tres Poderes del Estado, no pasará de parchar el sistema, si no se acoge el derecho consuetudinario. Las reformas a la Ley Electoral, mamarracho recientemente aprobado por el Congreso, entran en contradicción con la realidad del siglo XXI. A las y los migrantes se “nos hace el favor” de permitirnos votar para presidente y vicepresidente y punto, lo cual no quita la inconstitucionalidad del sistema electoral. Una reforma constitucional, indicando que las y los guatemaltecos en el extranjero constituimos el distrito electoral 24, nos habilitaría plenamente el legítimo derecho a “elegir y ser electos(as)”. Reformar el Estado es insuficiente; hay que pasar a su refundación, vía una ANCP que no se parezca en nada al Congreso actual.
Por estas razones, rechazamos propuestas de refundación sugeridas por los políticos de siempre, y más aún, si fueron en su momento verdaderos personajes corruptos. Ni Serrano ni Byron Lima merecen otra cosa que la prisión por largo tiempo y otros nombres mencionados en la iniciativa de Panamá corresponden, con raras excepciones, a personas que no se involucraron en el Movimiento por la Dignidad. Sus propuestas no son serias, ya que buscan la amnistía y la impunidad. La propuesta de una ANCP para redactar una nueva Constitución debe surgir por ello de los sectores que, para evitar la revolución armada, proponen una discusión política profunda acerca de lo que Guatemala debe ser. Ya los Acuerdos de Paz dieron el norte para esa Nueva Guatemala; pero hay que actualizarlos y refrendarlos con un nuevo Pacto Social.
