El ejercicio del periodismo en Centroamérica volvió a quedar bajo presión esta semana, luego de que medios de comunicación de El Salvador y Costa Rica denunciaran medidas que consideran restrictivas para su labor informativa. En ambos casos, las acciones provinieron de autoridades estatales y han generado reacciones de organizaciones regionales de defensa de la libertad de prensa.
Por un lado, el medio digital El Faro informó que entre febrero y abril de 2026 fueron congelados fondos de una cuenta bancaria y un inmueble vinculados a integrantes de la sociedad fundadora del medio, en el marco de un proceso iniciado años atrás por presuntos delitos financieros.
Por otro, el diario La Nación confirmó que Estados Unidos revocó las visas de dos miembros de su Junta Directiva, una decisión que, según el medio y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), no ha sido explicada públicamente por las autoridades estadounidenses. La medida es considerada «sin precedentes» por la entidad periodística regional, que agrega que en este país se ha registrado un deterioro significativo de las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa.
EL FARO Y NAYIB BUKELE
El jueves 7 de mayo, El Faro, crítico del presidente Nayib Bukele, denunció que el gobierno —señalado por reprimir a la prensa a través de órdenes de captura o exilios forzados— congeló el dinero de una cuenta bancaria y un inmueble de dos integrantes de la sociedad fundadora del medio de comunicación.
La asfixia financiera, como le denominó, se supo hasta hace poco, aunque ocurrió entre febrero y abril del presente año. Según El Faro, el episodio de persecución inició en 2020 por el presunto delito de lavado de dinero en una auditoría del Ministerio de Hacienda, equivalente al Ministerio de Finanzas en Guatemala. No obstante, la acusación no pudo ser sostenida y el delito imputado fue sustituido por el de evasión de impuestos.
«Hemos apelado cada una de estas conclusiones y demostrado que no se sustentan. Pero es muy difícil defenderse en un sistema judicial cooptado como el de El Salvador. Ahora la dictadura ha empezado a proceder contra los accionistas del medio», enfatizan.
El Faro también hila los puntos en el calendario, indicando que la acusación de lavado de dinero de septiembre de 2020 ocurrió luego de que el medio publicara sobre la existencia de un pacto entre el gobierno bukelista y la pandilla MS13, por nombrar un ejemplo. Esta acción anunciada a inicios de mayo se da días después de la difusión del documental «The Deal», sobre los pactos criminales denunciados. También fue expuesto el subjefe de Redacción ante la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de EE. UU.
🚨Entre febrero y abril de 2026, el régimen de Nayib Bukele congeló dinero de una cuenta bancaria y un inmueble de dos socios de Trípode S.A. de C.V., la sociedad creadora de El Faro.https://t.co/Ou7hz5Y4oD pic.twitter.com/vhnzjJuXB2
— El Faro (@_elfaro_) May 7, 2026
LA NACIÓN Y LAS SANCIONES DE EE. UU.
Días antes, mientras el gobierno de Costa Rica atravesaba la transición presidencial, el diario La Nación enfrentó presiones diplomáticas que, hasta el momento, no han sido explicadas.
EE. UU. revocó visas de turistas a miembros de la Junta Directiva del medio de información, un acto calificado por la empresa como inédito.
«Reconocemos plenamente que Estados Unidos, como cualquier Estado soberano, tiene la potestad de determinar los términos de ingreso a su territorio y respetamos su facultad de tomar decisiones en materia migratoria conforme a sus leyes y políticas (…) Asimismo, llama la atención que, al igual que en otros casos recientes relacionados con figuras públicas costarricenses, la divulgación inicial de estos hechos haya ocurrido por vías ajenas a cualquier notificación oficial a las personas afectadas. Este hecho, por sí mismo, merece reflexión en una democracia que valora la institucionalidad, la transparencia y el debido proceso», explicó el medio.
La Nación aseguró que el actuar del gobierno estadounidense dirigido por Donald Trump no alteraría el compromiso de ejercicio independiente del medio, fundado hace 79 años.
El retiro de visas fue a Pedro Abreu Jiménez, presidente de la Junta Directiva, y a Carmen Montero Luthmer, directora.
El mismo medio enfatiza que el retiro de visas a costarricenses se ha focalizado en quienes son opositores de las decisiones del presidente saliente, Rodrigo Chaves, quien le cede la batuta a la Laura Fernández, quien promete continuidad en la conducción del Gobierno.
En los actos de toma de posesión que se lleva a cabo el viernes 8 de mayo, estuvieron presentes funcionarios del gobierno de Trump, entre ellos el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en esta ocasión, en calidad de enviada especial.
Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, se refirió en el noticiero Telemundo a la facultad discrecional para revocar visas, aunque esto depende del interés político del gobierno estadounidense. La Nación también asegura que Rubio obvió explicar el referido caso centroamericano.
El Vicesecretario Landau, la Embajadora Hildebrand y miembros de la Delegación Presidencial de Estados Unidos se reunieron hoy con la Presidente electa Laura Fernández.
Felicitamos a la Presidente electa Fernández mientras Costa Rica inicia este nuevo capítulo.
Estados Unidos y… pic.twitter.com/1NUAwk1pGK— US Embassy San Jose (@usembassysjo) May 8, 2026
SIP RESPONDE A LAS ACCIONES EN COSTA RICA
«Es fundamental que se expliquen los criterios que sustentan decisiones que impactan a actores clave del ecosistema informativo», destaca desde el inicio el comunicado de la SIP, organización que ve preocupante el retiro de visas sin profundizar en el actuar estadounidense.
«Se trata de una medida sin precedentes que, hasta el momento, no ha sido acompañada de una explicación clara sobre sus fundamentos», agregó la organización gremial, además de considerar que decisiones de esta naturaleza, que involucran a directivos de un medio independiente y de referencia, deben regirse por principios de transparencia y rendición de cuentas.
No obstante, el retiro de visas ha sido aplicado en el pasado a personajes como el expresidente Óscar Arias Sánchez, magistrados, exdiputados y a otros actores del ámbito político e institucional de Costa Rica, lo que ha sido descrito como una escalada de presión diplomática, plantea la SIP.
La organización también hace ver que en los últimos años se ha registrado un deterioro significativo de las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en Costa Rica durante la administración del presidente saliente Chaves, caracterizado por un discurso estigmatizante hacia medios y periodistas, así como por un clima adverso para el debate público plural.
