Por definición, el lavado de dinero o blanqueo de capitales es el proceso para ocultar el origen de fondos proveniente de actividades ilícitas, de manera que puedan usarse libremente y circular en el sistema financiero. En otras palabras, mientras más dinero provenga de actividades ilícitas mayor será la necesidad de recurrir a mecanismos para lavarlo y por ello ese tema es crítico en Guatemala, país golpeado por la corrupción que se ha generalizado al punto de existir en todas las instancias del sector público haciendo correr miles de millones de quetzales mal habidos.
Hoy publicamos un importante trabajo respecto a lo que está ocurriendo con la iniciativa de ley presentada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos y las reformas que algunos diputados tratan, cuidadosamente, de introducir usando su gran experiencia en la forma en que se puede lavar el dinero y las cosas que piensan necesario quitar de ese proyecto de ley. Parte la publicación de la postura del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ya hizo observaciones sobre la realidad guatemalteca y que para el año 2028 espera presentar un nuevo informe tomando en cuenta que las condiciones señaladas en 2016 persisten en el país.
Tenemos que partir de nuestra realidad y del punto crucial de lo que hace absolutamente necesaria una Ley efectiva contra el Lavado del Dinero y financiamiento de grupos terroristas. Según la IVE y las entidades internacionales, nuestra legislación es muy antigua y tiene carencias puntuales que son: “Beneficiario final sin transparencia, APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) como abogados, notarios y proveedores de criptomonedas; sanciones financieras por terrorismo, debida diligencia sin enfoque en riesgo y la tipificación del financiamiento internacional que se adecúe con lo internacional”.
Hay que decir que a pesar de las carencias y deficiencias de nuestro marco legal, la IVE ha logrado identificar maniobras de lavado de dinero que, por ley, tiene que enviarlas como denuncia al Ministerio Público donde, para variar, son diligentemente enterradas porque involucran a los meros capos del podrido sistema existente en Guatemala, aquellos que nombraron a la actual Fiscal General, precisamente, para que no tramitara absolutamente nada relacionado con ese tipo de delitos.
Carecer de una efectiva Ley contra el Lavado de Dinero puede hacer que en el siguiente informe del GAFI nos incluya en la llamada “Lista Gris”, lo que tendría tremendo efecto de manera directa “sobre las corresponsalías bancarias, cartas de crédito, remesas y tasas de interés para empresas y familias”, es decir que Guatemala pagaría un altísimo precio por no disponer de una ley que, efectivamente, castigue el lavado de dinero.
El interés general debe prevalecer sobre el particular y en este caso el de los ciudadanos decentes tiene que estar sobre el de los mafiosos (liderados por diputados) que maniobran para “ablandar” y/o condicionar la ley.
