Guatemala volvió a vivir semanas de tensión, negociaciones, impugnaciones y maniobras alrededor de la elección del fiscal general. Como ocurre cada vez que se elige una autoridad clave del sistema de justicia, el país terminó dividido entre quienes celebran el resultado y quienes siguen viendo con preocupación la forma en que operan estos procesos.
Y sí, probablemente muchos respiraron con alivio al conocer la decisión final. Pero el verdadero problema nunca fue únicamente quién llegaba al cargo. El problema sigue siendo el sistema que permite que intereses políticos, pactos y manipulaciones condicionen una de las decisiones más importantes para la institucionalidad democrática del país.
El problema: En 1993 se impulsaron reformas que transformaron profundamente el sistema de administración de justicia en Guatemala. Antes de esos cambios, el Procurador General de la Nación y el Fiscal General eran un mismo cargo, designado directamente por el Presidente de la República. Con las reformas, ambas funciones se separaron y nació el modelo actual.
Hoy, el Presidente sigue nombrando directamente al Procurador General y puede removerlo cuando lo considere pertinente. Sin embargo, para elegir al Fiscal General debe hacerlo a partir de una nómina propuesta por una Comisión de Postulación. Además, una reforma legal —que muchos consideran inconstitucional— limita la posibilidad de destituirlo.
¿Qué pasó? A pesar de toda la atención pública y de la lucha intensa alrededor del proceso, volvió a repetirse la misma historia: un sistema aparentemente legal, pero profundamente manipulado. La Comisión de Postulación se integró conforme a la ley, sí, pero muchos de sus integrantes llegaron con posiciones previamente definidas, respondiendo a intereses concretos. Interpretaron las reglas a conveniencia y construyeron mecanismos que terminaron orientando el resultado desde el inicio. El mejor ejemplo fue la famosa “tabla de gradación”, utilizada para asignar punteos a los aspirantes.
Ahí comenzó la exclusión. Se otorgaron hasta 70 puntos al ejercicio profesional, pero luego definieron arbitrariamente qué debía entenderse como “ejercicio de la profesión”. Después de recursos, impugnaciones y alegatos, decidieron que haber sido juez no contaba; que trabajar en organismos internacionales tampoco; y, finalmente, dejaron fuera incluso al actual Ministro de Gobernación, bajo el argumento de que el ejercicio profesional solo contaba desde la fecha de inscripción como abogado en la Corte Suprema de Justicia, aunque hubiera desarrollado toda una carrera judicial.
Ejemplos como esos sobran. El proceso fue moldeado para dejar dentro a quienes convenían y fuera a quienes podían representar opciones distintas para el Presidente de la República.
En el ROBERTO ALEJOS PODCAST de esta semana analizamos cómo operó este sistema, cuántas veces se repitieron votaciones y cómo finalmente se presentó una nómina que dejó fuera a varios perfiles que probablemente eran prioritarios para el Ejecutivo.
Al final, el Presidente tomó una decisión que muchos consideran positiva. Incluso realizó entrevistas abiertas con los seis candidatos, algo que ayuda parcialmente a transparentar el proceso. Sin embargo, no podemos conformarnos únicamente con el resultado y olvidar todo lo que ocurrió alrededor.
NO SE VALE que esto siga pasando, no se vale que sigamos perdiendo oportunidades para fortalecer las instituciones de manera objetiva, transparente y verdaderamente independiente. Y aclaro algo importante: esto no significa que el nuevo Fiscal General no pueda hacer un buen trabajo. Ojalá lo haga. El punto es otro: seguimos atrapados en un sistema diseñado para manipular los resultados desde el origen.
¡Ya es hora! de dejar de celebrar únicamente porque “pudo haber sido peor”. Terminamos abrazándonos porque, al final, no continuó directamente el equipo de Consuelo Porras y porque muchos llegaron a pensar que la manipulación sería tan extrema que incluso se intentaría mantenerla de alguna forma. Ese miedo hizo que bajáramos el nivel de crítica sobre la forma en que realmente se condujo el proceso.
Y ahí está el verdadero problema. Mientras el sistema para elegir autoridades no cambie, nada cambiará de fondo. Las Comisiones de Postulación, tal como funcionan hoy, siguen siendo espacios vulnerables a pactos, negociaciones e intereses políticos.
Y el tema no termina aquí. Ahora viene la elección del Contralor General de Cuentas, una figura clave no solo por el control del gasto público, sino porque puede definir el futuro político de muchos actores mediante la entrega —o retención— de finiquitos. Por eso insistimos tanto en estos temas. Porque sí importan. Porque sí afectan la vida democrática del país.
Que nos duela ver que el combustible no baje pese a los subsidios; que la Universidad de San Carlos continúe atrapada en conflictos; que el Congreso impulse leyes populistas mientras sigue sin aprobar otras fundamentales, como las relacionadas con el combate al lavado de dinero. Pero también debe dolernos que la manipulación institucional siga ocurriendo con tanta normalidad y con tan poca reacción ciudadana. Que ese dolor nos mueva a actuar, a involucrarnos y a asumir nuestra responsabilidad en la construcción del país que queremos. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
