Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Al presidente Jimmy Morales lo han metido en un callejón sin salida sus asesores, en especial su Secretario General, su Ministro de Finanzas y otros más, todo porque andan con la cosa de que “el puerto tiene que operar” sin importar cómo se originó el negocio y lo han juntado con representantes de los holandeses que compraron a los españoles y entre eso, la operación de TCQ. Me pregunto si esto no le ha gastado ya su capital político al Presidente.
Andan diciendo por ahí que los holandeses son unos pobres actores de buena fe pero hoy, según declaraciones de la Fiscal General a elPeriódico, se sabe que sí hicieron una investigación previo a adquirir la operación; se dicen una de las empresas más serias del mundo, entonces asumo que la investigación no se la pidieron a un alumno de primer semestre de derecho y quien los asesoró debió advertirles de la contingencia o al menos del ruido que había causado ese contrato por la forma en que se había otorgado. Al haber hecho la investigación, yo me preguntó ¿qué tan víctimas podrán ser?
“Es que fíjese que la PGN dijo que todo estaba bien”, les pudo haber dicho un asesor, pero de ser así, qué pena que no contrataron a alguien que les pudo contar cómo es la cosa en Guatemala y cómo es que la corrupción todo lo logra al punto que alcanza convertir lo ilegal en “legal”.
Es increíble como aquí un pequeño, pero poderoso sector de la población, pide que no cuestionemos los medios (ilegales por cierto) sino que miremos los fines y que con eso nos demos pos satisfechos; por eso es que ahora andan diciendo que sí o sí el puerto tiene que operar y ese es el origen de estas negociaciones bajo la mesa y que de concretarse, también serían espurias e ilegales.
En Guatemala ya vemos tan normal que los meganegocios así se concreten (licencias estatales, hidroeléctricas, contratos de suministro, de obra y un largo etcétera) que ahora, el grupo que mencioné arriba está enojado porque la terminal en Puerto Quetzal no opera.
Si tanta es la necedad para que opere, hay que acelerar la presentación del proceso legal con el que se debería de otorgar la medida precautoria de la intervención a favor del Estado, para que mientras se dilucidan las cuestiones legales, ni TCQ ni los accionistas toquen el dinero producto de la operación.
Esto es distinto a lo que dijo en su momento Morales y Enrique Godoy de que TCQ debía empezar a operar desde ya, puesto que pueden empezar a hacerlo (mover contenedores me refiero) una vez estén intervenidos.
Ya como parte del proceso legal, debería aplicar el comiso y entonces los bienes regresarían al Estado, momento en el cual se deberá proceder a realizar todo lo necesario para que la terminal sea concesionada cumpliendo con la ley y en los términos más beneficiosos para Guatemala.
Ahí, los pobres holandeses a los que “estafó” TCB, podrían entrar a participar, pero hay un punto toral: mientras APM Terminals, que se ha reunido en Guatemala con las más altas autoridades y andan haciendo un trabajo único de lobby en el país, no demande a TCB por lo sucedido en la operación de Guatemala, no tiene mucha bandera para decir que son un tercero de buena fe y esas reservas son muy normales en ese tipo de acuerdos, más cuando se pagaron $1 mil millones.
Ante eso, seguramente sus directores darán sus excusas y explicaciones, pero entonces eso los deja en una posición complicada porque manda las señales de que APM Terminals sabía a qué se metía y decidieron asumir el riesgo, lo que también compromete su posición como un tercero engañado en su buena fe.
Hay alternativas legales por medio de las cuales el puerto puede operar y luego regresar a propiedad del Estado, para que entonces se lleve la concesión que manda la ley. Es una cuestión de tiempo, sí, pero no por eso podemos seguir empujando una ilegalidad tras otra. Ya basta de querer construir un país en el que el más “creativo/inescrupuloso” sea el que siempre gana.
