Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Ayer trascendió la renuncia de la Procuradora General de la Nación, doctora María Eugenia Villagrán, explicada lacónicamente como consecuencia de razones personales, aunque ella misma posteriormente dijo que estaba siendo objeto de amenazas por el tema de la Terminal de Contenedores y se supo que el presidente Jimmy Morales, con el Ministro de Finanzas y el Secretario General de la Presidencia se reunieron con los holandeses que compraron a los españoles el turbio negocio para “buscar una salida” que les permita operar, y que a esa reunión “privada” no fue invitada la titular de la PGN, lo que estimo forzó a su renuncia.
De entrada no se puede dejar de pedir la nulidad del contrato y por lo tanto bajo la figura del usufructo no puede operar la Terminal de Contenedores Quetzal. Además, desde el punto de vista penal, corresponde el comiso de los bienes producto del delito perpetrado tanto por los españoles de Terminal de Contenedores de Barcelona como por las más altas autoridades de Guatemala, y por lo tanto hablar de una “salida” compromete seriamente al Presidente de la República que, por lo visto, no ha entendido la dimensión del problema ni las implicaciones que tiene el que se siente a negociar a puerta cerrada con los holandeses. Y es que aun suponiendo buena fe de parte de ellos, cosa que no parece razonable en una empresa que tiene que haber hecho un buen proceso de “due diligence” antes de comprar, no se puede proceder a borrón y cuenta nueva cuando todo el negocio es espurio.
La única forma en que puede funcionar la Terminal de Contenedores es mediante la figura de una intervención mientras se dilucida el caso penal y el caso administrativo que tiene que ver con la nulidad del contrato. Cualquier otra salida que implique entregar la administración del proyecto a los holandeses es un nuevo negocio turbio.
Se entiende que en la comunidad empresarial de Guatemala, representada en este caso por el Ministro de Finanzas, se pretenda obviar el delito porque al fin y al cabo en nuestro país así se trabaja. Se hacen carreteras, se otorgan licencias mineras, se autorizan hidroeléctricas, se compran bienes y se hace cualquier negocio con base en mordidas y por lo tanto para cierta gente es absolutamente normal que un negocio shuco pueda operar. El Ministro de Finanzas escribió un artículo publicado en Plaza Pública el año pasado, protestando por el cierre de las tiendas de puerto libre La Riviera porque, según él, todo era producto de un simple “error” administrativo, argumento que sin duda le ha expuesto al Presidente en el sentido de que en TCQ hubo un error administrativo que no implica problema para que la terminal funcione.
El gobierno de Morales tiene una única razón de ser y es que él afirmó que no es ladrón ni corrupto lo que lo obliga a repudiar cualquier acto de corrupción o robo al país. TCQ fue un típico acto de corrupción y sus reuniones con los holandeses no corresponden a la imagen que proyectó como candidato, mucho menos si como producto de ello transan en lo del puerto, lo cual puede ser el principio del fin de su gestión.
