POR KATERIN CHUMIL
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El expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti presentaron una apelación para que la declaración de Salvador Estuardo González Álvarez, alias “Eco”, como colaborador del Ministerio Público, no sea tomada como un medio de prueba en el proceso penal en su contra.
Según informó Nicté Ochoa, secretaria de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, el pasado viernes se apersonaron a dicho órgano los abogados de Baldetti, Pérez Molina, la exintendente de Aduanas, Claudia Méndez, y el exsuperintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz.
Los abogados interpusieron cuatro recursos que buscan anular la decisión tomada por el Juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor, que aprobó la participación de González como colaborador eficaz en el Caso “La Línea”.
El testimonio de “Eco”, quien admitió ser el administrador de los fondos recaudados ilegalmente por la estructura de defraudación aduanera, confirma la tesis del Ministerio Público (MP), según la cual Baldetti y Pérez Molina fueron líderes de “La Línea” y se beneficiaron de los recursos mal habidos.
Asimismo, el colaborador eficaz aseguró que Méndez y Muñoz recibieron hasta un cinco por ciento de las ganancias de la organización criminal, a cambio de que facilitaran sus operaciones dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
González incluso reconoció que en una ocasión entregó Q50 mil en efectivo a la exintendente de Aduanas dentro de una caja de regalo.
La defensa de los implicados intentó, en distintas ocasiones, detener la declaración de “Eco”, argumentando que la misma era ilegal, ya que el sindicado fue líder de la organización y la Ley contra la Delincuencia organizada prohíbe que los jefes puedan ser colaboradores eficaces.
Asimismo, intentaron desacreditar los documentos encontrados en la computadora de González, los cuales hacen referencia a la recaudación de sobornos en las aduanas. De acuerdo con los abogados defensores, durante la incautación de la misma no se respetó la cadena de custodia que debe tener cualquier evidencia para evitar que sea manipulada.
Hasta hoy, ninguno de estos intentos dio resultados, por lo que los sindicados acudieron a la Sala de Apelaciones, que deberá analizar la decisión del juez de primera instancia.
Estos y otros recursos promovidos por la defensa de los acusados impidieron la celebración de la audiencia de etapa intermedia del caso, en la que se determinará si enfrentarán juicio por defraudar al Estado.
