POR REDACCIÓN
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El presidente Jimmy Morales, junto a un grupo de expertos y organizaciones sociales, analiza la viabilidad de que las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP) sean sancionadas, ya que existe inconformidad de ciertos sectores porque las mismas no satisfacen las demandas ciudadanas de una verdadera regulación al financiamiento electoral, de la posibilidad de romper con los cacicazgos de los partidos políticos, que los comités cívicos puedan postular diputados, del porcentaje para que el voto nulo cuente y tampoco establecen prohibición para que los diputados y alcaldes puedan reelegirse de manera consecutiva. Esta discusión ha generado un enfrentamiento entre los presidentes del Ejecutivo y Legislativo.
Al presidente Morales y al grupo de expertos en el que participa el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Mario Guerra Roldán y el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), le quedan nueve días para determinar si debería sancionarse o no el proyecto de reformas electorales que, a criterio de activistas sociales, es una ley que se acomodó a los intereses de diputados que durante semanas retrasaron la redacción final de dicho proyecto.
Según el portavoz presidencial, Heinz Heimann, los análisis a las enmiendas continúan, y será hasta dos días antes de que se cumpla el plazo para que se avale o no dicha propuesta, que el mandatario anuncie si desde el Ejecutivo se presentará una contrapropuesta a las reformas que fijan un Congreso con 160 diputados, no incluyen la paridad y alternabilidad de género, no eliminan el transfuguismo, ni limitan la reelección consecutiva de diputados y alcaldes.
Mientras el presidente decide qué rumbo tomar, hay quienes han expresado su deseo de que se sancione el proyecto, como lo ha hecho el presidente del Legislativo, Mario Taracena, los diputados al Congreso (especialmente de la Unidad Nacional de la Esperanza), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ipnusac, que han solicitado con urgencia la aprobación de las reformas electorales, pese a que varios ciudadanos y grupos sociales han criticado el resultado de las mismas, que en principio buscaban dejar de privilegiar los intereses de los partidos políticos.
REFORMAS LEEP, UNA BURLA
En repetidas ocasiones la presidenta de la Fundación Mirna Mack, Helen Mack, ha manifestado su inconformidad por la aprobación del proyecto de reformas porque, a su criterio, el trabajo realizado por los congresistas es una burla y un engaño para la sociedad, que desde hace un año pide cambios profundos al sistema político.
“Estas reformas son un engaño porque cuando la ley se discutía en el Congreso todo se enfocó en la paridad y alternabilidad de género, dejando de lado los temas más sensibles e incómodos para los políticos, como lo son las formas de financiamiento privado de los grupos partidarios, la elección de diputados a través de listados abiertos o que los comités cívicos electorales puedan postular a candidatos a diputados, como sí lo hacen los partidos tradicionales”, dijo Mack.
La activista insistió en que “las reformas son un engaño y nosotros los ciudadanos debemos reaccionar y exigir una verdadera reforma –electoral-, ya que esa fue una de las razones por las que regresamos a las calles a manifestar”.
La activista recordó cómo, hace un año, cada fin de semana, cientos de ciudadanos salieron a las calles a exigir una reforma integral en busca de eliminar todos los vicios que permite la débil y actual LEEP.
UNA REFORMA PARA DEFENDERSE
La también activista Andrea Ixchiu se pronunció sobre el proyecto de reformas a la Ley Electoral, previo a que el Ejecutivo dé a conocer los resultados del análisis a esa iniciativa de ley, recordando cómo los diputados utilizaron su “impunidad” para negociar su supervivencia en el actual sistema político electoral.
“Vemos nuevamente como la clase política sigue luchando por su existencia. Da mucha vergüenza cuando, en vez de que los políticos presenten propuestas coherentes que conduzcan al país por un buen camino, hay quienes se detienen a defenderla –como lo ha hecho Taracena- o bien, abren una discusión que no lleva a nada porque no contiene las demandas ciudadanas”, dijo Ixchiu refiriéndose al intercambio de declaraciones entre Taracena y el presidente Morales, derivado a las reformas electorales.
“Hay una serie de propuestas que se han hecho desde sociedad civil y no han sido escuchadas. Por eso, abrir el diálogo a una propuesta de reformas que en nada cumplen con las demandas ciudadanas es querer pasar por alto algo, como el diálogo a las reformas al sector Justicia, por ejemplo, que ya fue presentado por la CICIG –Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala- y el Ministerio Público, que abordan temas sensibles”, puntualizó la entrevistada.
El empresario Antonio Malouf, vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), indicó, a título personal, que el proyecto de reformas podría ser mejorado. “El presidente tiene derecho de vetarla o sancionarla, pero en mi opinión a la Ley aún le faltan ciertos aspectos que incorporar y que podrían ser profundizados”, indicó
PIDEN SANCIONAR REFORMA
Pese a los cuestionamientos al proyecto de reformas a la LEEP, el TSE ha solicitado al Ejecutivo sancionar los cambios electorales porque, aunque admite que lo aprobado por el Congreso no es una iniciativa “perfecta”, es una ley oportuna que aportará al proceso electoral del 2019.
En conferencia de prensa, y por medio de un campo pagado, el pleno de magistrados del Tribunal Electoral resaltó los beneficios de la nueva legislación, entre los que se menciona el fortalecimiento a ese ente, así como los instrumentos y herramientas que les otorga para fiscalizar el financiamiento privado de los partidos políticos y de los comités cívicos electorales.
Por eso, ante el análisis que hace el Ejecutivo a la Ley Electoral, los magistrados del TSE pidieron al presidente Morales que avale dichas reformas e indicaron que éstas deben tomarse como una cuestión de “Estado”.
El exmagistrado del TSE, Mario Guerra Roldán, quien participa en el estudio de las enmiendas a la LEEP a petición del Ejecutivo, calificó la posición de sus sucesores como “decepcionante”, ya que, según dijo, se está avalando una legislación “mutilada y manoseada” por los diputados al Congreso, que, como lo señaló Ixchiu, solo buscaron defender sus intereses a través de su “impunidad”.
A FAVOR DE SANCIÓN
El Ipnusac también se pronunció el pasado fin de semana sobre las reformas al sistema político. A través de un comunicado hizo público su apoyo a la aprobación de los cambios electorales.
En la publicación que difundió la entidad académica, se enfatizó que el proyecto de enmiendas contiene avances importantes para la democratización y transparencia del sistema político, que fue promovida por la Universidad Estatal como parte de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado en 2015, en plena efervescencia social y política.
Según el Ipnusac, las reformas permiten el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de comunicación social para el proselitismo y el debate programático, así como el fortalecimiento del régimen sancionatorio del TSE, además de que, en su opinión, representa un avance indiscutible reconocer el voto de los migrantes en el extranjero.
“Ciertamente hay asuntos torales que no fueron incluidos en la reforma, como la paridad y la alternancia, lo cual prolonga el viejo régimen de exclusión de mujeres y pueblos indígenas en cargos de elección popular. Tampoco fue aprobado el régimen de democratización interna de los partidos políticos ni la posibilidad de que la ciudadanía a través de organizaciones políticas no partidarias pudiese promover candidatos a diputados al Congreso entre otros asuntos”, admite el comunicado, que sin embargo, concluye que las reformas deben ser sancionadas por el presidente.
“La reforma aprobada constituye un paso positivo de una ley que quedó rezagada al menos durante una década. De ahora en adelante, lo que debemos promover, e instamos al presidente Morales, es a participar en una segunda generación de reformas que incluya además el voto uninominal, a fin de fortalecer y democratizar el régimen político electoral, como herramienta eficiente e indispensable para llevar a cabo la reforma profunda del Estado guatemalteco”, indicó el Ipnusac.
Mario Itzep, del Observatorio de Pueblos Indígenas de Guatemala, señaló que la institución que representa también apoya la sanción a las reformas electorales, aunque no hayan sido aprobados los artículos que buscaban fomentar la participación de indígenas.
“Esta reforma no es la solución total para los pueblos indígenas, pero abogamos que se sancione porque contiene un artículo que permite el voto de los migrantes, que históricamente ha sido una lucha de nuestros hermanos. Por lo que, aunque no resuelva las demandas de nuestros pueblos, creemos que puede ser una base de la que pueda surgir una nueva discusión”, dijo.
Para el coordinador del Observatorio, la presión ciudadana es el único elemento que podría obligar a los diputados a aprobar una nueva reforma, con los cambios profundos que requiere el sistema político actual.
LAS REFORMAS A MEDIAS
FINANCIAMIENTO
Hay regulación, pero se permite el financiamiento de campañas por contratistas del Estado, abriendo las puertas al delito de tráfico de influencias. La iniciativa de ley que presentó el TSE no planteó cambios en este sentido.
SIN POSTULAR
Los comités cívicos electorales no podrán postular a candidatos a diputados al Congreso, como sí lo podrán hacer los partidos políticos tradicionales. La propuesta del TSE fue rechazada por los mismos congresistas de la actual legislatura.
REELECCIÓN
Con las actuales reformas electorales, los diputados al Congreso y alcaldes de las diferentes jurisdicciones departamentales podrán reelegirse de forma ilimitada, pese al rechazo de la ciudadanía.
ELECCIÓN UNINOMINAL
En las elecciones del 2019, los ciudadanos seguirán eligiendo a diputados al Congreso y Parlamento Centroamericano (Parlacen) que no conocen porque el sistema de elección de lista cerrada sigue estando vigente, lo que hace que sigan beneficiándose los mismos personajes.
PARIDAD
La iniciativa proponía fomentar la participación de grupos tradicionalmente excluidos de las esferas de poder político, como mujeres e indígenas; sin embargo, esta propuesta no fue aprobada por los diputados. El principal opositor a este aspecto fue Fernando Linares Beltranena del Partido de Avanzada Nacional (PAN).
VOTO NULO
El voto nulo vinculante estará vigente para el siguiente proceso electoral. Sin embargo, si las elecciones se llegaran a repetir, deberá hacerse con los mismos candidatos, a menos que los partidos políticos, a través de asamblea nacional, decidan cambiar a sus aspirantes.
