En su despacho en la sede del Parlamento Centroamericano en la ciudad de Guatemala, la presidenta Karla Gutiérrez recibe a La Hora con una carpeta de documentos aún abierta sobre su escritorio.
La sesión plenaria del día anterior —en la que rechazó modificar la agenda para incluir la juramentación de los exmandatarios panameños— sigue fresca. Gutiérrez habla sin rodeos: no se trató de un veto político, sino de una decisión institucional que, insiste, busca evitar que la investidura parlamentaria se convierta en refugio frente a procesos judiciales.
La controversia gira en torno a la posible incorporación del expresidente Laurentino Cortizo y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, este último bajo arresto domiciliario en Panamá por un proceso penal en curso.
La petición para juramentarlos no llegó de ellos mismos, sino de una diputada del Partido Revolucionario Democrático que nunca había asistido de forma presencial a una plenaria, solo virtual, un detalle que, según Gutiérrez, marcó el inicio de las dudas.
“No es una integración automática como me lo querían imponer”, afirma. La presidenta de origen guatemalteco recuerda que, aunque el Tratado Constitutivo reconoce el derecho de los jefes de Estado y de Gobierno a integrarse al Parlacen al concluir su mandato, el procedimiento exige una solicitud directa y el cumplimiento de un flujo administrativo. “A mi juicio, la petición carece de legitimación si no proviene de los propios interesados”, añade.
La controversia no es solo procedimental. El exvicepresidente José Gabriel Carrizo es investigado en Panamá por un presunto delito de enriquecimiento injustificado y permanece bajo arresto domiciliario, mientras que el expresidente Laurentino Cortizo también ha sido vinculado a indagaciones en curso. Ese contexto ha trasladado la decisión del Parlacen del terreno protocolario al político y jurídico.
La escena del pleno, el martes 21 de abril, dejó una señal clara: 91 votos optaron por no alterar la agenda, frente a 27 abstenciones y solo tres votos a favor. Para Gutiérrez, la votación reflejó una preocupación compartida. “Para esta presidencia es fundamental evitar que la investidura parlamentaria sea instrumentalizada para alterar procesos judiciales preexistentes”, sostiene.
La presidenta insiste en que el Parlacen no cuestiona su derecho, pero tampoco puede ignorar el contexto. “Sería irresponsable proceder a una juramentación sin antes tener información completa”, dice, subrayando el equilibrio entre la presunción de inocencia y el respeto a la soberanía judicial de los Estados miembros.
RUTA INSTITUCIONAL
Gutiérrez también apunta a los tiempos. Durante 18 meses, los exmandatarios no gestionaron su incorporación. “Si durante ese periodo no lo hicieron, ¿por qué ahora con tanta celeridad?”, cuestiona. La diferencia, explica, es que hoy el escenario es otro: existen procesos penales en curso que colocan al organismo regional en una posición incómoda.
Frente a ese escenario, la presidenta detalla la ruta institucional que seguirá el caso, una hoja de ruta que busca blindar la decisión de cualquier arbitrariedad. El primer paso será solicitar un dictamen a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlacen para evaluar la viabilidad legal de una juramentación en medio de procesos penales. En paralelo, se gestionará una certificación judicial a través de canales diplomáticos con Panamá para conocer el estatus procesal de los solicitantes y determinar si es compatible con el ejercicio del cargo.
El tercer elemento, quizá el más determinante, será una consulta a la Corte Centroamericana de Justicia. “Necesitamos establecer si la obligación de juramentar es absoluta o si cede ante medidas cautelares de la justicia ordinaria”, explica Gutiérrez. El objetivo, insiste, es evitar que el Parlamento incurra en una posible obstrucción de la justicia.
La presidenta rechaza presiones políticas y subraya que no ha recibido solicitudes formales de Cortizo ni de Carrizo. “Yo no puedo actuar sobre supuestos. Ahora que existe un interés manifiesto, corresponde verificar si es legítimo”, afirma.
En medio de las críticas históricas al Parlacen, Gutiérrez parece consciente del peso simbólico de esta decisión. “Tenemos una doble responsabilidad: hacer las cosas bien y responder a los ciudadanos que votaron por nosotros”, dice. Su conclusión es tajante: no habrá juramentación sin antes agotar cada filtro institucional.
Por ahora, la puerta no está cerrada, pero tampoco abierta. Está, como insiste la presidenta, sujeta a un proceso. Y ese proceso, en el clima político y judicial actual, no tiene fecha.
